De pronto las cosas se le han puesto feas al Gobierno, pero hay que decir de antemano que se lo estaba buscando desde hace más de un mes. Y eso es así porque al principio, seguramente por angustia ante la crisis que se le venía encima, pero después sencillamente por una soberana torpeza y una falta de visión política inexplicable y carente de justificación, el Gobierno no se ha tomado la menor molestia en hablar previamente con los partidos de la oposición, incluidos sus socios de moción de censura y de investidura, a propósito de las medidas que se disponía a adoptar para hacer frente al ataque del coronavirus.

Ni una llamada, ni una consulta, ni una mínima negociación que condujera a un pacto. Nada de nada. Tan solo la preceptiva comunicación telefónica -dos o tres minutos de conversación- del presidente para informar a sus interlocutores que pensaba pedir la obligada autorización al Congreso para decretar o prorrogar el estado de alarma en el país, esquema que se ha repetido en todas las ocasiones.

Hasta ayer. Ayer las cosas cambiaron cuando Pablo Casado se plantó. Porque sucede que esos que se gasta Pedro Sánchez no son modos de imponer al país entero a base de exigir a las fuerzas de la oposición que acaten sin rechistar unas decisiones que, si estuvieron justificadas en un primer momento habida cuenta de la urgencia de hacer frente a la crisis con todas las fuerzas de que se disponía en aquel momento el Gobierno, ahora ya se muestran no sólo no necesarias sino contraproducentes por los efectos que se han provocado con su aplicación.

Inicialmente se trataba de cortar de raíz el contagio masivo de la población y de intentar evitar también así el colapso al que se vieron abocados los hospitales, sobre todo los de algunas comunidades, que padecían un número creciente de enfermos imposible de absorber por las UCIs incluso después de que éstas hubieran multiplicado sus camas.

De pronto las cosas se le han puesto feas al Gobierno pero hay que decir de antemano que se lo estaba buscando desde hace más de un mes

En aquel momento se decretó un estado de alarma que ha sido prorrogado repetidamente y que en su aplicación práctica ha supuesto de hecho un estado de excepción encubierto, algo que en ningún momento se sometió al Congreso y para el que consecuentemente la Cámara no dio nunca su aprobación.

Bajo este estado de alarma se han limitado derechos fundamentales, cosa que la propia ley de estado de alarma, excepción y sitio no contempla más que en casos excepcionales y limitados en el tiempo y así lo dice en su artículo primero: «Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad».

Por esa razón se han ido alzando cada vez más voces de juristas que denuncian el abuso en la aplicación de la ley y recuerdan que existen en la legislación ordinaria los suficientes instrumentos legales para hacer frente a la pandemia sin necesidad de seguir manteniendo al país sometido a un estado de excepción de facto -que no hubiera podido prolongarse más allá de 30 días- sin el control obligado por parte del Congreso de los Diputados.

No tiene razón el Gobierno cuando plantea la disyuntiva de «o esto que hemos decidido nosotros o el caos» porque no es así. Personas expertas nos han recordado estos días que con la aplicación de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, aprobada en 1986, no habría hecho falta aplicar el estado de alarma para tomar las medidas que se han tomado en los decretos. Con esa ley y con la Ley General de Salud Pública de 2011 y la Ley de Seguridad Nacional se podría haber garantizado la reclusión de la población en sus casas y se puede ahora gestionar sin problemas la llamada «desescalada», que supone el alivio de las medidas de confinamiento impuestas desde el 14 de marzo.

Por lo tanto, no hay motivo para aterrorizar a la ciudadanía que, por otra parte, ha tenido un comportamiento muy responsable durante el más de mes y medio que ya dura su enclaustramiento, diciéndoles que, o la oposición se pliega sin rechistar a lo que mande el Gobierno o las consecuencias serán catastróficas para la salud de los españoles. Sobre todo porque no es verdad. Y en las circunstancias actuales es todavía menos cierto puesto que el Gobierno ha autorizado ya la salida a la calle de los trabajadores de empresas no esenciales y, en determinadas franjas horarias, de los niños, de los mayores y de quienes quieran practicar algún deporte en solitario, y ha anunciado incluso su plan para recuperar poco a poco una cierta normalidad.

No tiene razón el Gobierno cuando plantea la disyuntiva de «o esto que hemos decidido nosotros o el caos» porque no es así

Y como ahora mismo se están afectando derechos fundamentales, lo cual obliga a un cuidado extremo en el mantenimiento de la legislación excepcional, y como por otra parte la situación, con ser todavía grave, ha dejado de ser crítica, tiene todo el sentido que desde las comunidades autónomas y desde algunos partidos de la oposición, incluidos los socios de investidura de Sánchez, se plantee la opción de no votar a favor de la prolongación del estado de alarma en el país.

Este es un asunto que debería haberse tratado abiertamente entre el presidente del Gobierno y los líderes de los demás partidos , de manera que se hubiera llegado a un acuerdo razonable y asumible por todos o por la mayor parte de los interlocutores. Pero Sánchez no lo ha considerado necesario porque quizá ha pensado que los tenía a todos cogidos por el cuello porque no se atreverían nuca a negarle los votos para una medida que él sostiene que es la única que garantiza la salud de la población. Por eso no se ha tomado la menor molestia en conversar con ninguno.

Este del ninguneo descarado es un caso claro de maltrato político que, además de suponer un desprecio inaceptable, constituye un error de bulto por su parte. Porque resulta que Sánchez necesita a la oposición, la necesita imperiosamente para sacar adelante su propuesta. Y ahora se encuentra con que todos amenazan con darle la espalda por diferentes motivos y corre el riesgo de fracasar mañana.

Y, oh sorpresa, ha sido precisamente ahora, cuando ha comprobado que estaba ya con el agua al cuello, cuando por fin se ha molestado en llamar por teléfono a Pablo Casado, al frente del primer partido de la oposición, y mantener una conversación de una hora, cosa que no había sucedido hasta este instante. La conclusión evidente pero desalentadora es que Pedro Sánchez sólo actúa de un modo políticamente razonable cuando se ve forzado por las circunstancias, cuando se ve al borde de un fracaso que no quiere de ninguna manera sufrir.

El PP tiene que fijar una posición clara y fácil de entender por todos los españoles y dar en consecuencia una respuesta clara y rotunda ante el drama sanitario económico, laboral y social

Las razones de Pablo Casado para no respaldar la prórroga del estado de alarma tienen fundamento, la explicó ayer en su entrevista en Onda Cero. Sin embargo, no lo debe hacer. No debe negarle el apoyo ni tampoco abstenerse en la votación, que es una opción que parece que se está considerando en los despachos de Génova. Y eso por varias razones.

La primera es porque un partido de gobierno, lo cual significa que tiene una historia de ejercicio del poder al frente de la Nación, no puede comportarse en estas circunstancias como si fuera un grupo minoritario cuya posición se determina más por el interés propio que por el general y puede por eso permitirse el lujo de exhibir posiciones testimoniales.

El Partido Popular tiene que fijar una posición clara y fácil de entender por todos los españoles y dar en consecuencia una respuesta clara y rotunda ante el drama sanitario económico, laboral y social que tenemos sobre nosotros. No puede por lo tanto, refugiarse cobardemente en una abstención que sería injustificable y que solo daría la medida de su patética endeblez ante la emergencia.

Y tampoco debe votar no, aunque sus razones para hacerlo sean de peso, que lo son. Y no puede hacerlo porque el Gobierno de Sánchez no tiene preparada ninguna alternativa a la de la ley del estado de alarma. Quiere eso decir que si fracasa en su pretensión de prorrogarlo, el país quedaría colgando de la brocha y en el vacío durante un tiempo precioso hasta que estuviera operativa esa legislación ordinaria, un tiempo que desgraciadamente no tenemos. La puesta en marcha de las leyes ordinarias que serían de aplicación perfectamente en las actuales circunstancias requieren de una planificación minuciosa y muy bien pensada, lo cual comporta obligadamente unos plazos que ahora mismo resultarían intolerablemente inasumibles, dada la situación.

El señor Casado, como líder que es de un partido que pretende gobernar España no puede permitirse la irresponsabilidad de dejar a su país colgado y sin un marco de legislación preparado para sustituir automáticamente a la ley dejada de aplicarse. Eso por el lado de los intereses del país.

Casado debe pensarse muy bien si le asiste la autoridad moral de votar No y dejar así a los españoles huérfanos del amparo de un marco legal de aplicación inmediata

Por otra parte, y esto tiene ya más que ver con los intereses propio de su partido, es posible -es un riesgo real- que como consecuencia del levantamiento de las medidas más duras de la reclusión de la población, se produzca un incremento de los contagios y quizá también de los fallecimientos. El señor Casado debe saber que a partir del momento en que fuera emitido en las Cortes su voto negativo, se le adjudicaría la responsabilidad de todos los muertos que se produzcan desde ese día a causa del coronavirus. Ahí tiene ya al señor Echenique advirtiéndole precisamente de que si no apoya al Gobierno en la prórroga del estado de alarma, cargará sobre sus hombros todas las vidas humanas que se pierdan desde ese momento. Y aunque la acusación no se sostenga, le sería difícil al líder del partido y a la propia formación desligarse de la adjudicación de ese peso moral ante los ojos de una sociedad desgarrada por tanta incertidumbre, tanto dolor y tanta muerte.

Aún hay tiempo para que la conversación de ayer Pedro Sánchez con Pablo Casado se repita hoy y las dos partes hagan un esfuerzo para alcanzar un espacio de mínimo acuerdo. De no ser así, el presidente del PP estará en su derecho de reprocharle todo lo que crea conveniente al presidente del Gobierno en su intervención en el pleno del Congreso.

Pero en ese caso debe pensarse muy bien si le asiste la autoridad moral de votar No y dejar así a los españoles huérfanos del amparo de un marco legal de aplicación inmediata. Yo creo que no le asiste esa autoridad ni tampoco ese derecho y por eso digo que debería apoyar la prórroga del estado de alarma. Por última vez.