«Entenderá que hay que tener mucha fe para creer que usted no actuará como un nuevo comisario político al servicio del señor Sánchez. Lo digo porque su propuesta de nombramiento sigue con el patrón que el Gobierno siguió con la CNMC, el Consejo de Seguridad Nuclear, el CNI, Radiotelevisión Española y la de la señora [Dolores] Delgado, la más grave. Digo esto porque habiendo ocupado usted distintos cargos en los gobiernos del inefable Zapatero (…), todos ellos con un marcado perfil político más que técnico, ¿quién garantiza a los españoles que usted no se va a comportar, como diría el señor Sánchez, como uno de los nuestros?», le preguntó retóricamente el pasado 14 de octubre el diputado del PP Vicente Betoret a José Luis Rodríguez Álvarez en la Sala del Congreso en la que el profesor de Derecho Constitucional se sometía al examen de idoneidad previo a su nombramiento como presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Si el parlamentario popular no tenía dudas de la respuesta aquel miércoles de otoño, la destitución de Esperanza Zambrano como subdirectora general de Reclamaciones ha terminado de completar sus sospechas. «Es la confirmación de que lo que quieren es que se bloquee el Consejo de Transparencia», ha reaccionado Betoret. «Éste es el Gobierno más opaco de toda la democracia. Son menos transparentes incluso que cuando no existía en democracia el concepto de transparencia», ha censurado Miguel Gutiérrez desde las filas de Ciudadanos. «Está a las órdenes y al dictado del Ejecutivo socialcomunista», ha rematado el diputado de Vox Emilio del Valle.

A punto de cumplir sus primeros 100 días en el puesto, la primera medida de peso adoptada por Rodríguez Álvarez ha sido relevar a una funcionaria clave en el funcionamiento del CTBG durante los primeros seis años de andadura de este organismo independiente, encargado de velar por la transparencia en la gestión de las instituciones públicas. El área de Reclamaciones es la clave de bóveda del Consejo de Transparencia, el departamento que debe resolver si ampara las alegaciones que formula el ciudadano cuando la Administración no responde a su petición de información, le deniega el acceso invocando alguno de los límites que prevé la ley o no satisface su demanda.

La destitución de Zambrano como jefa de Reclamaciones del CTBG enciende las alarmas en los grupos de la oposición

Pedro Sánchez e Iván Redondo tenían motivos para estar molestos con el organismo al que Zambrano ha dedicado casi la mitad de su etapa como funcionaria de carrera. Algunas de las resoluciones visadas por ella han dejado al descubierto la opacidad de Moncloa, que presume de transparencia como eje de su acción de gobierno pero que se resiste a facilitar información cuando afecta al presidente del Gobierno. Basta con repasar el listado de las peticiones a la que no da respuesta o las resoluciones que no ejecuta.

De no existir el CTBG, no se habría conocido la composición del grupo de expertos que asesoró al Ministerio de Sanidad a la hora de decidir cómo debían evolucionar de fase las comunidades durante la desescalada y no existiría ningún pronunciamiento que avalara el derecho del ciudadano a conocer qué medios de transporte oficial ha utilizado el jefe del Ejecutivo en sus viajes privados o cuánto cobran los directivos de la Corporación Radio y Televisión Española (RTVE). Compartir información pública no es una concesión caprichosa del gobernante, sino un derecho conquistado por la sociedad que debe ser respetado.

El malestar en la Presidencia del Gobierno con el Consejo de Transparencia era palpable desde hace tiempo. «Se creen que son como la Inquisición», me llegó a decir en cierta ocasión un alto cargo ministerial, contrariado por el hecho -según su opinión- de que el CTBG «se extralimita» algunas veces en la aplicación que hace de la ley. «No es un tribunal y nos pide en ocasiones documentación que excede por completo lo que la ley nos puede exigir», argumentó. Fue su reacción ante el hecho de que, en una resolución, el citado organismo hubiera afeado la opacidad de Moncloa por ignorar peticiones de información. 

Con un presidente en funciones desde que en noviembre de 2017 falleció Esther Arizmendi, Pedro Sánchez decidió resolver a la vuelta del pasado verano la interinidad de este organismo -una de las instituciones que estaban pendientes de renovación junto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Defensor del Pueblo- proponiendo a José Luis Rodríguez Álvarez para ocupar la Presidencia del Consejo de Transparencia. Fue el nombre que, el pasado 29 de septiembre, el Consejo de Ministros acordó elevar al Congreso de los Diputados como primer paso para su nombramiento.

Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció antes de cursar estudios de posgrado en la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg (Baden-Wurtemberg, Alemania), Rodríguez Álvarez llegaba a su nuevo puesto tras haber desempeñado responsabilidades gubernamentales en el pasado. Fue en otra etapa de Gobierno socialista, concretamente la liderada por José Luis Rodríguez Zapatero.

En 2004 pasó a formar parte de la estructura del Ministerio de la Presidencia con María Teresa Fernández de la Vega como director del gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño. De éste fue también director de gabinete cuando lo nombraron ministro de Justicia (2009) en sustitución de Mariano Fernández Bermejo, si bien antes había estado al frente de la Dirección General de Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia (2008-2009).

Seis meses antes de la salida de Zapatero tras la victoria del PP en las elecciones generales de 2011, Caamaño lo había nombrado director de la Agencia Española de Protección de Datos, responsabilidad que desempeñó hasta julio de 2015. Regresó de nuevo a la Universidad, que ha vuelto a abandonar temporalmente para ocupar una responsabilidad pública retribuida con un sueldo bruto anual de 110.688 euros (asignación correspondiente a 2020). Ello representa un 30,45 % más de la cantidad percibida por Pedro Sánchez.

Rodríguez Álvarez proclamó en el Congreso su «absoluta independencia»: las resoluciones lo dirán

En sectores académicos y en colectivos vinculados a la transparencia, su nombramiento fue valorado negativamente por las vinculaciones políticas previas -«yo no milito ni he militado nunca en un partido político», ha asegurado- y por no presentar una experiencia relevante en esta materia, como la oposición se encargó de airear cuando el hoy presidente del CTBG compareció en el Congreso el pasado 14 de octubre para ‘examinarse’ ante sus señorías. Él respondió a los «juicios de intenciones» proclamando su «absoluta imparcialidad e independencia». «No comprendo que se considere que haber tenido en el pasado responsabilidades gubernamentales incapacite de por vida para el desempeño de cualquier función pública con independencia de criterio», defendió.

De momento, no se le ha escuchado alzar la voz por no haberse asignado al organismo que preside una mayor dotación presupuestaria para paliar las carencias que arrastra el organismo, uno de los obstáculos a los que él mismo se refirió aquella tarde en la Cámara Baja. Rodríguez Álvarez llegó a decir que, de no aumentarse la asignación, «estaría comprometido el normal cumplimiento de sus funciones básicas»: el CTBG cuenta prácticamente con la misma plantilla que cuando se creó en 2015, mientras que el volumen de reclamaciones que tramita se ha multiplicado casi por cuatro en este periodo. 

La destitución de Esperanza Zambrano no tranquiliza precisamente a la oposición, que ya ha pedido la comparecencia urgente de José Luis Rodríguez en el Congreso para que dé explicaciones por esta decisión. Integrante del comité de expertos que llevó a cabo el estudio del Proyecto de Ley de Transparencia y del grupo de trabajo Interministerial para la regeneración democrática, la funcionaria sevillana goza de un enorme prestigio y ha participado como ponente en numerosos congresos y jornadas sobre esta materia por el conocimiento que atesora y la experiencia que acumula.

Está en su derecho Rodríguez Álvarez de rodearse de un equipo de confianza por tratarse de puestos de libre designación. También nosotros estamos en el nuestro de pedir que detalle las razones que le han llevado a prescindir de Zambrano, sin duda uno de los grandes activos que tenía el CTBG y cuyo trabajo ha merecido un reconocimiento unánime.

Ella sí ha dado muestras de su independencia, cuestionando incluso que se hubieran suspendido los plazos para la tramitación de las solicitudes de información durante el primer estado de alarma. El nuevo presidente, con las resoluciones que firme a partir de ahora, tendrá que demostrar que las palabras pronunciadas en la sala del Congreso aquella tarde de otoño no eran huecas y que no es el «comisario político al servicio del señor Sánchez» descrito por el diputado del PP. Sólo el tiempo resolverá la incógnita.