El desmadre que se ha vivido durante este fin de semana tiene como principal responsable al Gobierno. Las escenas de miles de jóvenes sin mascarilla y sin distancia de seguridad en plazas y playas de casi toda España son lamentables, pero espero que no hayan sorprendido a nadie. Después de meses de confinamiento, limitación horaria y de movilidad, era evidente que se iba a producir una salida masiva de gente eufórica a las calles para celebrar el fin del estado de alarma.

Ese no ha sido el único espectáculo. El otro, menos vistoso tal vez, ha sido aún más grave, aunque no menos previsible. Se trata de las decisiones distintas y contradictorias que han adoptado distintos tribunales superiores de Justicia sobre las medidas que han propuesto otros tantos gobiernos autonómicos. Lo que vale en la Comunidad Valenciana no sirve en el País Vasco, a pesar de que los niveles de contagio y ocupación de UCI sean muy superiores en esta segunda autonomía que en la primera. Unos jueces han dictaminado que con la actual legislación no es posible recortar derechos fundamentales sin un estado de alarma que dé cobertura a medidas como los toques de queda o las limitaciones a la movilidad, mientras que otros han dicho que no es necesario ese paraguas legislativo.

Esa disparidad de criterio es lo que muchos ciudadanos no entienden. Sobre todo, cuando se trata de salvar vidas.

La negativa del Gobierno a negociar con la oposición una prolongación del estado de alarma, aunque menos estricto que el que decayó el 9 de mayo, o bien a modificar la ley, como propone el PP, para establecer una situación de transición hasta que se restablezca la normalidad, sólo se puede entender en clave política, no sanitaria. Pedro Sánchez no quiere arriesgarse a una derrota en el Congreso en un momento especialmente delicado. Cuando todavía no se sabe qué va a ocurrir en Cataluña, esperar el apoyo de ERC o de JxC resulta un tanto ingenuo. El voto del PNV es móvil. Y la derecha se encuentra fortalecida tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

El cálculo político, sin embargo, no ha medido bien la repercusión de esas imágenes vergonzosas del fin de semana y la sensación de desgobierno que se ha extendido entre la ciudadanía de toda España, sin importar su color político.

Alguna luz roja se debió de activar en Moncloa para que el siempre reservado ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, decidiera remitir a El País un artículo publicado ayer en el que, bajo el optimista título de La buena noticia del fin del estado de alarma, admitiera la disposición a modificar la legislación vigente en un párrafo que no tiene desperdicio: «Por supuesto, si de sus resoluciones (se refiere al Tribunal Supremo) se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes».

El ministro de Justicia se rectificó a sí mismo tras abrir la puerta a cambios legislativos. Sánchez no quiere arriesgarse a sufrir una derrota parlamentaria en un momento especialmente delicado para él

Es decir, que el mismo Gobierno que se ha opuesto a negociar los cambios legislativos que le proponía la oposición, ahora admite esa posibilidad si es el Supremo el que la plantea tras el desbarajuste creado por las resoluciones contrapuestas de los distintos tribunales superiores de justicia.

Es una forma curiosa de entender el Estado de Derecho, dejar en manos del poder judicial la iniciativa para impulsar la actuación del poder legislativo. Sólo a un Gobierno como el que encabeza Sánchez se le podía ocurrir una extravagancia como esta.

El PP aprovechó la ocasión para ofrecerse al Gobierno como solución al caos, calificativo que utilizó en un acto público Pablo Casado. Hubo otros partidos, como el PNV, que atisbaron una especie de rectificación en el artículo del ministro de Justicia.

Pero no. Se trataba simplemente de una errata, o de una metedura de pata. El propio ministro se rectificó a sí mismo en una entrevista a media mañana en La Sexta, en la que negó que el Gobierno estuviera dispuesto a aceptar modificaciones legales y se limitó a animar a las autonomías que lo deseen a solicitar la declaración del estado de alarma al Gobierno. En fin, «el estado de alarma a la carta», en definición de Íñigo Urkullu.

Mientras que en la confusión aumentaba a medida que transcurría el día, el presidente del Gobierno se limitó a lanzar un mensaje de esperanza desde Atenas: «Estamos sólo a cien días de lograr la inmunidad de grupo». De nuevo, Sánchez en modo profeta. Faltan pocos días para que se cumpla un año de aquel histórico «Hemos derrotado al virus».

El Gobierno, desde luego, no es culpable de la irresponsabilidad de los que han salido a las calles este fin de semana como si el virus ya no existiera, pero sí que ha contribuido con su inacción, con su cobardía política, a generar una situación de desbarajuste jurídico generalizado y una alocada parranda.