La publicidad ha contaminado a la política. Y no toda la culpa es de Iván Redondo. Los políticos quieren dar titulares y a este Gobierno le encantan las frases rotundas, sencillas, que repite de forma machacona, otra técnica publicitaria.

Algunos ejemplos: «Estamos ante una oportunidad histórica» (para referirse a los fondos europeos); «hay dos formas de gestionar las crisis: la de los recortes, que es la de la derecha, y la socialdemócrata, que es la que protege a los más débiles». Pero a mi, la que más me gusta es esa que al presidente del Gobierno le gusta tanto: «No vamos a dejar a nadie atrás». Además de Pedro Sánchez, este slogan lo usan todos los ministros cada vez que hablan de temas sociales o económicos.

Luego volveré sobre este tema.

Esta crisis, la que vivimos desde principios de 2020, como consecuencia del Covid, es totalmente distinta de la crisis financiera, aquella que estalló en 2008 y de la que tardamos unos siete años en recuperarnos. En resumen, aquella se produjo como consecuencia de la sobrevaloración de activos, sobre todo inmobiliarios, que engordaron los balances de las entidades financieras. La burbuja estalló (Lehman Brothers) y el sector bancario estuvo a punto de colapsar y se salvó gracias a inyecciones de dinero extraordinarias (España tuvo acceso a una línea de crédito de hasta 100.000 millones, que se utilizó para salvar a Bankia y Caixa Catalunya, entre otras).

El Covid, una pandemia que ha provocado más de cinco millones de muertos en todo el mundo, obligó a un duro confinamiento. Muchas fábricas tuvieron que parar o disminuir de manera ostensible su producción. El consumo se desplomó y el PIB mundial se hundió a niveles de una dura recesión (en España cayó un 11% en 2020, más del doble que en cualquiera de los años de la crisis financiera).

Se trata, por tanto, de dos crisis completamente distintas que necesitan de tratamientos completamente diferentes.

Los ciudadanos, que habían aumentado sus ahorros durante los meses de confinamiento y limitación de circulación, empezaron a gastar

Afortunadamente, a partir de la primavera de 2021 las cosas empezaron a mejorar. El consumo empezó a recuperarse y la movilidad ayudo a los sectores relacionados con el turismo. Los ciudadanos, que habían aumentado sus ahorros durante los meses de confinamiento y limitación de circulación, empezaron a gastar. Al mismo tiempo, los países pusieron en marcha programas de gasto e inversión pública para procurar una recuperación lo más intensa posible. En Europa esos planes se concretaron en el Programa de Recuperación Next Generation, que para España supondrá la llegada -entre subvenciones y créditos- de 140.000 millones en cuatro años.

Sin embargo, no todo es color de rosa.

El sufrido ciudadano, que lo ha pasado bastante mal durante casi dos años, ve con lógico escepticismo las promesas que le llegan desde el Palacio de la Moncloa. No se fía.

La realidad es más cruda de lo que le gustaría a nuestra inefable ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tan contenta ella por la ya segura aprobación de los presupuestos generales para 2022.

Todavía no le han dado a ese sufrido ciudadano una explicación convincente de la subida de los precios de la electricidad. El cuento de que la culpa la tenían las eléctricas -«beneficios caídos del cielo», otra frase repetida hasta la saciedad- ha durado justo el tiempo que ha tardado la ministra Teresa Ribera en revisar el decreto diseñado para castigarlas.

El gas sigue disparado y el sistema de precios creado para favorecer el tránsito a energías limpias es tan ineficiente que la propia Comisión Europea ha propuesto considerar a la energía nuclear como ¡energía verde!. Naturalmente. Los perjuicios ideológicos han llevado a cargar a las centrales nucleares con una tasa de CO2, cuando es una tecnología que no contamina. La necesidad de bajar los precios obliga al realismo.

El slogan «No vamos a dejar a nadie atrás» resume la esencia de la política de este Gobierno: no importa lo que ocurra o lo que hagas, el estado protector siempre velará por ti

Los datos de inflación del mes de octubre son un mal augurio (España: 5,5). No sólo el recibo de la luz y llenar el depósito de gasolina es ahora mucho más caro que a principios de año. El problema es que esas subidas se están trasladando a otros productos. Nos encaminamos a una pérdida de poder adquisitivo que, según lo que predica el Gobierno (no sólo en sus declaraciones, sino en las subidas de pensiones y sueldos públicos) debería animar a los sindicatos a reclamar subidas salariales en consonancia. Esa espiral de precios y salarios ya la hemos vivido en España y no nos trae buenos recuerdos, porque, al final, esa carrera termina perjudicando a la productividad y al empleo.

Este ciudadano perplejo, que mira la cara sonriente de nuestros gobernantes mientras ve como suben los precios y nos encaminamos a una reforma laboral que amenaza con establecer un sistema rígido que nos retrotrae a la situación anterior a 2012, se encuentra ahora también con la sorpresa de la falta de suministros.

Vivimos en un mundo global y, al igual que la pandemia se ha sufrido en todo el mundo, con mayor o menor intensidad, la crisis también es global. Nos hemos dado cuenta de que muchas de las cosas que consumimos se producen en China y que sus puertos están saturados, no dan más de si. No hay contenedores y ni siquiera trabajadores portuarios y transportistas suficientes como para atender el aumento súbito de la demanda. El prestigioso instituto económico IFO estima que los cuellos de botella que afectan a la industria alemana no comenzarán a desatascarse hasta dentro de nueve meses.

Es lógico, por tanto, que los principales servicios de estudios en España (próximamente lo hará el Banco de España), hayan rebajado las optimistas previsiones de crecimiento del Gobierno para este año y para 2022.

El atasco -además de la crisis en el sector inmobiliario- ha hecho que China -el dragón que parecía invencible- haya recortado su crecimiento de manera notable: ha pasado del 7,9% del PIB en el segundo trimestre al 4,9% en el tercer trimestre.

Mientras eso ocurre, la Reserva Federal ha comenzado a reducir sus políticas de estímulo y el Banco Central Europeo lo hará en los próximos meses. En lugar de reducir deuda, como se venía haciendo a nivel mundial desde 2014, ¡vamos a terminar 2021 con un 353% de deuda sobre el PIB! Sí: el conjunto de todos los países debe tres veces y media su PIB.

No es cuestión de ser pesimista, pero la tensión entre Argelia y Marruecos o el papel protagonista de Rusia en el suministro de gas no son precisamente razones que nos lleven al optimismo. Por no hablar de la necesidad de los países de la OPEP de mantener los precios por encima de los 66 dólares por barril para equilibrar sus presupuestos.

Esos desequilibrios traerán consecuencias. Pero, en lugar de prepararnos, de mentalizar a los ciudadanos y a las empresas de que tendremos que esforzarnos más para competir, lo que hace nuestro Gobierno es lanzar mensajes anestesiantes y engañosamente tranquilizadores.

No debería extrañarnos que en la oferta de trabajo para recoger la fresa en Huelva de este año, de los 10.000 puestos reclamados, sólo 800 hayan sido atendidos por españoles.

«No vamos a dejar a nadie atrás». Es como si Sánchez tuviera en su mano una varita mágica capaz de convertir en oro todo lo que toca. No importa si se aprueban todas las asignaturas o no. No importa si las cosas se hacen bien o mal. Hay un presidente, un estado protector, que lo arregla todo. No te preocupes, no hace falta que te esfuerces. Eso cala, lógicamente. Es un mensaje que reconforta y nos desestresa. Así que no debería extrañarnos que en la oferta de trabajo para recoger la fresa en Huelva de este año, de los 10.000 puestos reclamados, sólo 800 hayan sido atendidos por españoles.

Lo peor de lo que nos está pasando no es que las cosas puedan ir a peor, sino que no estamos haciendo nada para evitarlo, porque el Gobierno se empeña en pintarnos un panorama idílico, como si los riesgos que se atisban en el horizonte no nos fueran a afectar.

Hace unos días un ex alto ejecutivo de una multinacional me decía que, a diferencia de lo que ocurre en la publicidad (las empresas pueden ser penalizada si lo que anuncian no se cumple), en la política este comportamiento no sólo no se castiga, sino que, a veces, se premia. Pues eso es lo que pasa ahora en España.