Cuando el martes por la noche el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, preparaba su pregunta al presidente sobre la destitución de la directora del CNI en la sesión de Control del día siguiente se dio cuenta de que él había sido una victima más de la peligrosa debilidad de Sánchez.

Bal fue jefe del departamento de Penal de la Abogacía del Estado y el encargado de llevar la causa contra los líderes del procés. Su posición era clara: la violencia ejercida por los independentistas justificaba la calificación de lo hechos como un delito de rebelión, cosa que también opinaba la Fiscalía.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez intentaba aplacar al independentismo y, para ello, quería demostrar que haría todo lo posible para rebajar las penas. Consuelo Castro, Abogada General del Estado y jefe directa de Bal, le pidió que en su escrito cambiara la calificación, pasando de rebelión a sedición, que contempla penas mucho más leves. Este se negó en redondo y ella fue tajante: «Si me desobedeces, te tengo que cesar». Y así fue. Naturalmente, Castro sólo fue la ejecutora de una operación en la que intervinieron Dolores Delgado (entonces ministra de Justicia) y Carmen Calvo (vicepresidenta primera del Gobierno). Corría el mes de noviembre de 2018.

Sánchez le había cortado la cabeza de Bal para servírsela en bandeja a ERC.

Apenas cuatro meses antes, en pleno agosto, el ministro del Interior, Grande Marlaska, había destituido al entonces jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí. La excusa para tan drástica decisión: una queja del coronel sobre la falta de fondos reservados, que se utilizan para investigar ciertos delitos. Corbí, un guardia civil que se destacó durante años en la lucha contra ETA, era la bestia negra del independentismo vasco. No le gustaba al PNV ni, por supuesto, a EH Bildu. La caída de Corbí facilitó, sin duda, los apoyos de estos dos grupos a Sánchez durante su gobierno en solitario, y, posteriormente, su investidura en enero de 2020, y el oxígeno que han proporcionado al gobierno de coalición.

Marlaska fue también el ejecutor de la tercera víctima de este particular modus operandi de Sánchez que consiste en ofrecer cabezas de funcionarios, sin importar su rango, para contentar a sus socios parlamentarios. En este caso se trató del coronel Diego Pérez de los Cobos, que, en el momento de su destitución -mayo de 2020- era responsable de la Comandancia de Madrid, pero antes fue el encargado de coordinar las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña durante los sucesos del 1-O. Pérez de los Cobos era, por tanto, un enemigo declarado del independentismo y ERC le había puesto en su diana. La destitución de Pérez de los Cobos no tuvo nada que ver con el ejercicio de sus funciones durante la jornada del referéndum ilegal, pero su cese fue celebrado por el independentismo como un triunfo.

El caso de Paz Esteban no es más que la constatación de un modus operandi: el presidente hace rodar cabezas en función de las presiones o los intereses de sus socios

Ahora le ha tocado el turno a la directora del CNI, Paz Esteban, a la que el independentismo catalán puso en el foco de su indignación tras conocerse que los teléfonos de algunos de sus líderes habían sido intervenidos. Aunque Esteban justificó en la Comisión de Secretos 18 intervenciones -entre ellas, la del teléfono de Pere Aragonés– para las que se había solicitado la preceptiva autorización del juez del Supremo Pablo Lucas, al final su comparecencia no ha servido para nada. Ella ha sido el precio pagado, por ahora, para recomponer la deteriorada relación con ERC. Como en los casos de Corbí o Pérez de los Cobos, la causa argüida por el Gobierno no tiene nada que ver con la razón última de su defenestración. A Paz Esteban el presidente la ha hecho responsable del agujero de seguridad que ha llevado al hackeo de su móvil, así como los de la ministra de Defensa y de del ministro de Interior. Se trata de una causa sobrevenida para justificar una decisión que ya estaba tomada.

Cortar cabezas es algo que no parece alterar el pulso del presidente. Pero no es lo mismo destituir a Iván Redondo que cargarse a Paz Esteban… o a la ministra de Asuntos Exteriores.

El caso de Arancha González Laya es especialmente relevante porque, en su caso, la destitución no se produjo para dar satisfacción a sus socios políticos, sino para calmar a una potencia extranjera. González Laya salió del Ejecutivo en la crisis de Gobierno del mes de julio de 2021. Fue el trofeo que se le entregó Sánchez al rey de Marruecos para restablecer unas relaciones rotas por causa de la llegada a España de forma ilegal y secreta el líder del Polisario Brahim Gali.

Sánchez dejó a su ministra a los pies de los caballos e imputada en un proceso judicial por prevaricación, encubrimiento y falsedad.

Ahora hemos sabido que el teléfono de González Laya también fue espiado en las mismas fechas que los del presidente, la ministra de Defensa y el ministro del Interior. Según declaró el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, en la esperpéntica rueda de prensa del pasado 2 de mayo, dichas intervenciones fueron hechas desde el extranjero sin ninguna duda. Todo apunta a Marruecos. Sin embargo, cuando se le pregunta por ello al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, casualmente de visita en Rabat esta semana, dice que el Gobierno «no hace conjeturas».

¿Tiene alguna relación el hackeo de los móviles del presidente y los ministros con el cambio de posición de España respecto al Sahara? No lo sabemos. Pero es una hipótesis que tiene cierta base, aunque al Gobierno no parezca interesarle investigar.

Lo que sí sabemos es que el presidente no ha puesto ningún reparo en sacrificar a todo aquel cuya permanencia en el cargo era obstáculo para lograr su objetivo, que no es otro que mantenerse en el poder.