Los cambios en política exterior deben hacerse con serenidad, midiendo muy bien las consecuencias y, sobre todo, con consenso. Ninguna de estas tres condiciones se han cumplido en el giro de la política española respecto al Sáhara.

La cesión ante Marruecos, aceptando de hecho su soberanía sobre la ex colonia española, se hizo de tapadillo. De hecho, en España nos enteramos por una comunicación del Gabinete Real marroquí. A la Secretaría de Estado de Comunicación, la filtración de la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI le pilló por sorpresa. El ministro de Exteriores, Albares, tuvo que improvisar una rueda de prensa para intentar arreglar el entuerto que provocó la filtración malintencionada de la misiva por parte de Marruecos.

La mayoría de los miembros del Gobierno y, por supuesto, los partidos de la oposición ni se enteraron de ese cambio histórico hasta ese día.

La explicación dada por Sánchez, al margen del endeble argumento de que tras 47 años de conflicto ya era hora de «mover nuestras posiciones», es que, de esta forma, se garantiza la españolidad de Ceuta y Melilla. Sin embargo, no hay ningún tratado o acuerdo en el que Marruecos renuncie a la soberanía de las plazas españolas. En todo caso, este argumento implicaría que España habría actuado bajo chantaje y no por el convencimiento de que la defensa de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara ya no tiene sentido.

El pasado mes de abril tuvimos otra clave que explicaría este giro, que en principio no se admitió y ahora se reconoce abiertamente: el teléfono del presidente fue hackeado por una potencia extranjera en la primavera de 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos. El Gobierno no ha pedido explicaciones a Rabat y da por hecho que nunca se sabrá quién hay detrás de esa intromisión intolerable. Pero en privado algunos ministros reconocen que el espionaje se gestó en Rabat.

No hace falta que en el móvil de Sánchez hubiera cosas feas. Basta con conocer las conversaciones del presidente con sus ministros para tenerle cogido por los mismísimos. No hay nada más destructivo que la reproducción de una conversación telefónica o una cadena whastapps. En España sabemos mucho de eso.

La evidencia es que Sánchez y Albares adoptaron en solitario una decisión que ha tenido graves consecuencias.

Tampoco se midieron de forma realista las consecuencias de una decisión tan relevante. Ante una primera reacción de Argelia de llamar a consultas a su Embajador en Madrid, el gobierno español contestó con laconismo y haciendo ver que, en realidad, no habría repercusiones graves. Pero Argelia iba en serio. En abril el primer ministro italiano Mario Draghi se trasladó a Argel y firmó un acuerdo para aumentar la importación de gas en un 50%. Argelia cambiaba a España por Italia como socio prioritario para vender gas a Europa. Por cierto, ya en plena invasión de Ucrania por las tropas rusas.

Pero Albares ha seguido insistiendo en que Argelia cumplirá sus compromisos con España. En estos momentos, Naturgy está negociando con la empresa pública Sontrach los precios del gas para 2022, 2023 y 2024. La empresa española no teme que su socio argelino rompa un contrato que tiene vigencia hasta 2032, pero es evidente que el escenario de tensión y la situación de los mercados internacionales van a influir a la hora de fijar el coste del gas. Es decir, que mientras Sánchez presume de haber logrado un tope al precio del gas con Bruselas, su cambio de política respecto al Sáhara puede suponer un encarecimiento de precios que acabe por anular los efectos beneficiosos de lo conseguido ante la CE.

El giro respecto al Sáhara se ha hecho bajo presión, sin medir bien las consecuencias y sin consenso político

Argelia, enemigo histórico de Marruecos, y rival por la supremacía en la zona, no va a permitir que la decisión de España le deje como el perdedor en ese pulso. La humillación y la traición, así es como interpreta Argel la decisión de España sobre el Sáhara, son factores a tener muy en cuenta en un país que ha hecho de su política exterior un instrumento para mantener acallada y cohesionada a su opinión pública. Fuentes diplomáticas señalan a El Independiente que, además de la supresión del Tratado de Amistad y Cooperación y la congelación unilateral de intercambios comerciales con España, habrá más consecuencias que iremos viendo en el futuro.

Por último, la decisión de Sánchez no sólo no ha contado con el respaldo de la oposición, sino que incluso dentro del propio Gobierno ha provocado una visible fractura. No sólo con Podemos, sino con Yolanda Díaz. Por no hablar del rechazo frontal del bloque de investidura. Nadie, excepto el PSOE, respalda ese giro en política exterior.

La portavoz de Política Exterior y Seguridad de la UE, Nabila Massrali, llamó ayer a Argelia a «reconsiderar su posición» tras la ruptura del acuerdo de Amistad y Cooperación con España y calificó la situación de «muy preocupante». Por su parte, Exteriores estudia denunciar a Argelia ante la UE por presunta vulneración del Acuerdo de Asociación firmado con la CE en 2005.

Es decir, que estamos ante un conflicto diplomático de trascendencia europea. Europa puede salir en defensa de España, aunque nunca lo hará a costa de perder el gas argelino, pero, como todo en la vida, si lo hace, nos pasará la factura en algún momento.

Si la política de Sánchez a nivel doméstico ha llevado a un deterioro nunca visto de las instituciones, a escala internacional ha puesto a España en la situación más compleja desde que se produjo la Marcha Verde en 1975.