La Reserva Federal (FED) mandó ayer un mensaje diáfano al subir los tipos en Estados Unidos un 0,75%, la mayor subida desde 1994. El objetivo de la política monetaria es frenar como sea la inflación, que en mayo cerró al 8,6%. No importa si es a riesgo de poner en peligro el crecimiento económico. Es un cambio de paradigma.

Nuevos tiempos. Las políticas de fomento del gasto y de relajación monetaria vigentes durante la era del Covid han llegado a su final.

Seguramente, este movimiento obligará al Banco Central Europeo (BCE) a subir de nuevo los tipos otro 0,5% el próximo mes de septiembre.

Por el momento, el BCE ha avisado de que pondrá en marcha un mecanismo para evitar las divergencias de tipos y primas de riesgos dentro de la zona euro, aunque el objetivo final es el mismo que el de la FED, frenar la galopante inflación que amenaza a las economías occidentales.

Hace poco más de diez años (el 10 de junio de 2012) el Eurogrupo acordó conceder a España 100.000 millones para el rescate del sector bancario. El 20 de julio de ese mismo año, la prima de riesgo española, su diferencial con la deuda alemana, batió su récord histórico, cerrando a 610 puntos. La rentabilidad del bono a diez años, el índice para medir el coste de financiar la deuda, alcanzó ese día el 7%.

Ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, la prima de riesgo de España se relajó un poco y cerró a 128 puntos y la rentabilidad del bono a diez años lo hizo al 2,88%.

No es, desde luego, la misma situación que la del año en el que el euro se tambaleaba y hubo que rescatar a Grecia, Irlanda y Portugal. Pero estamos a punto de entrar en una zona de peligro similar a aquella.

En algo fundamental, España está mucho peor que entonces. La deuda en 2012 no llegaba al billón de euros y en relación al PIB su ratio era del 84%. Ahora, la deuda roza el billón y medio de euros y se eleva al 117% sobre el PIB. Es decir, que la subida de tipos de interés, la fiebre que mide el estado de salud de la economía, provocaría en nuestro país daños mucho más profundos que los que causó entonces.

El objetivo de la Fed y del BCE coinciden: hacer lo que sea para frenar la inflación. Esta prioridad implicará disciplina en el gasto público, algo que no casa bien con las políticas de Pedro Sánchez

Lo que estaban apuntando los mercados en los últimos días era su miedo a que el final de la barra libre del BCE (que ha comprado deuda soberana por un total de 100.000 millones al mes), que se produce dentro de doce días, pudiera disparar los intereses a los que se financia la deuda española y, consecuentemente, su diferencial con la deuda alemana.

La elevada inflación ha llevado al BCE a cambiar de política. La prioridad ahora no es el crecimiento, sino frenar la subida de los precios. Pero la retirada del dopaje (el BCE ha comprado prácticamente toda la emisión de deuda española desde que comenzó la pandemia) ha hecho aflorar la diferencia entre las economías centrales y las economías del sur de Europa. Como en 2012, el problema no es sólo de España: Portugal, Grecia y, de forma particular, Italia, han sufrido en los últimos días el pánico de unos mercados que han olido sangre a corto plazo.

Cada uno de estos países tiene su idiosincrasia. Por ejemplo, en el caso de Italia lo que ha surtido especial efecto ha sido el triunfo de Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) en la elecciones municipales del pasado domingo. Italia tiene elecciones generales el año que viene y la buena gestión de Mario Draghi podría ser castigada por unos electores que abandonan el populismo del Movimiento 5 Stelle pero que se refugian en una derecha euroescéptica hermanada con Vox.

El problema de España es otro: el descontrol de las cuentas públicas. El alarmante ritmo al que ha aumentado la deuda desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa: 300.000 millones de euros.

Temiendo que la historia pudiera repetirse, Christine Lagarde ha echado mano del slogan de su predecesor de hacer todo cuanto esté en manos del BCE para evitar que se vuelva a reproducir la Europa de dos velocidades. Lo que acordó ayer el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo es, en defintiva, la puesta en marcha de un mecanismo para usar el vencimiento de los bonos que tiene en cartera para comprar deuda de los países más vulnerables y evitar así una disparidad de tipos y de prima de riesgo que vuelvan a poner en cuestión la estabilidad del euro.

La cuestión, eso no lo ha desvelado el BCE y es la clave del asunto, es a qué precio se va a salvar a los países que lo necesiten. En primer lugar, la capacidad del mecanismo de vencimiento de deuda es muy limitada. Se quedaría muy lejos de los 1,2 billones al año que ha utilizado el BCE durante los últimos dos años. Y luego, hay otra cuestión esencial: se tendrá que decidir a qué países se ayuda, teniendo en cuenta si están haciendo lo necesario para mejorar sus desequilibrios.

Hace diez años, la troika impuso a sus «hombres de negro», ahora seguramente impondrá otras condiciones para evitar que los países necesitados sigan gastando sin limitación alguna.

Insisten los ministros del Gobierno en que hay dos maneras de gestionar las crisis: la del PP, que consiste en recortes; y la del PSOE, que consiste en ampliar derechos. Sánchez presume de tener su particular varita mágica para eludir la recesión recurriendo al aumento del gasto sin sacrificios.

Pero la fiesta, como le ocurrió a Rodríguez Zapatero, está a punto de acabarse. La elevada inflación obliga a subir los tipos y, por tanto, a adoptar políticas restrictivas. El BCE y Bruselas acabarán recuperando una disciplina que se ha mantenido relajada durante dos años a consecuencia del Covid.

Ahora probablemente ya no serán necesarios los hombres de negro. Bastará con condicionar los fondos Next Generation al cumplimiento de determinados objetivos. Sánchez tiene por delante dos duros exámenes: el primero de ellos es el presupuesto de 2023, que ya no podrá ser tan expansivo como lo ha sido el de este año; el segundo, la aprobación de Bruselas a una subida de las pensiones que puede superar el 7% si se cumple la ley de revalorización con el IPC aprobada por el Gobierno.