Están dando un espectáculo por la falta total de respeto a la independencia judicial, su ignorancia deliberada de la separación de poderes y el uso manifiestamente interesado de las modificaciones legales que se abordan en el Congreso de los Diputados pro domo sua. La nueva ley prevista para permitr que el CGPJ pueda nombrar a los dos magistrados del TC que le corresponden no tiene por dónde cogerla.

Para empezar, el hecho de que esta segunda modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial se haya presentado como una proposición de ley, es decir, como salida de un grupo parlamentario, y no como proyecto de ley, es decir, emanada del Gobierno, no es una casualidad ni fruto de las prisas.

Tiene como único propósito eludir los dictámenes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial que no son vinculantes pero que pesan mucho a la hora de abordar una ley de la envergadura de la LOPJ. Y eso es lo que pretende el Gobierno, evitar que le saquen los colores a la vista de todos.

Por eso no quieren que pase esos filtros, porque tiene la certeza absoluta de que lo que van a hacer no se puede hacer, o al menos no si lo que se pretende es cumplir con el principio de que toda ley o modificación legal debe responder al interés general y no al interés de una parte.

Eso es exactamente lo que no se cumple en este caso. Lo que el Gobierno pretende es, eludiendo los filtros que no le conviene pasar, modificar una modificación previa de la ley -aprobada en marzo de 2021- que ya está recurrida ante el Tribunal Constitucional en virtud de la cual un Consejo General del Poder Judicial queda inhabilitado para efectuar nombramientos desde el momento en que pasa a estar en funciones.

Con esta limitación, y dado que PP y PSOE no se ponen de acuerdo para renovar el CGPJ, hay ahora mismo nada menos que unas 60 vacantes en el Tribunal Supremo, en los Tribunales Superiores de Justicia y en la Audiencia Nacional. 60 vacantes sin cubrir por culpa de una modificación legal que no tuvo otro objeto que presionar al Partido Popular para que cediera en su resistencia a pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Un intento que resultó inútil pero que no se ha rectificado, ni siquiera ahora, cuando se ha abierto esa oportunidad.

¿Le ha importado al Gobierno el estado de auténtica necesidad en el que se encuentran a día de hoy los altos tribunales españoles? Noooooo…. eso no le importa nada. Y la prueba es que, a la hora de abordar la modificación de la modificación, ha ignorado olímpicamente esta dramática falta de magistrados y se ha aplicado a lo que le interesa, que es cambiar las mayorías en el seno del Tribunal Constitucional.

En eso consiste la burla al Poder Judicial y a la separación de poderes. Consienten en dejar a los altos tribunales en situación casi de indigencia o al menos de penuria severa y, saltando por encima de esa evidencia y cerrando los ojos ante ese espectáculo de auténtica carencia, se aplican exclusivamente a volver a modificar la LOPJ para que pueda el CGPJ nombrar solamente, únicamente, a los dos magistrados del TC que acompañan a los dos nombrados por el Gobierno.

Se ríen de todos nosotros y de nuestro derecho a una tutela judicial efectiva

Es decir, se ríen de todos nosotros y de nuestro derecho a una tutela judicial efectiva y mantienen aherrojado al CGPJ, que es víctima de la falta de acuerdo entre los dos partidos, salvo para que le resuelva la papeleta al Gobierno que necesita una mayoría progresista para eludir tanto varapalo como ha recibido últimamente por parte del TC.

Yo no sé si esto tiene visos de anticonstitucionalidad pero lo que sí los tiene es la modificación de marzo de 2021 por la que se privó de un plumazo al CGPJ de una de sus funciones esenciales, cual es la de reponer las bajas habidas en los altos tribunales españoles y hacer los nombramientos más idóneos para cada caso.

Ahora se someterá este engendro a la votación de los grupos y veremos, aunque ni siquiera eso está seguro, a los de Bildu, ERC y demás compañeros mártires aprobar una modificación en un Poder Judicial que desprecian y al que, en la medida de sus fuerzas, pretenden ignorar. Porque forma parte de la estructura del Estado que ellos aspiran a derribar.

Y que no venga Félix Bolaños a contarnos cuentos chinos: esta rapidez en la tramitación por la vía de urgencia tiene que ver con la determinación de Pedro Sánchez de no ofrecer a Alberto Núñez Feijóo ni la menor opción de llegar a un pacto de Estado. De hecho, no le ha contestado a ninguna de las propuestas que el presidente del PP le ha hecho llegar.

Sánchez no quiere acordar nada con el líder del PP ni ahora ni en el futuro. Está más que escocido por el resultado en Andalucía y ésta es solamente una de las muchas medidas que va a adoptar para separarse del PP lo máximo posible.

Fracasado el espantajo de «¡que viene la ultraderecha!» con que pensaban detener la marcha ascendente del nuevo líder de los populares y visto lo sucedido de Despeñaperros para abajo, el Partido Popular se ha convertido en el enemigo a batir por tierra mar y aire.

Y si por el camino se atropella al Poder Judicial, se destroza el principio legislador por excelencia que consiste en que las leyes aprobadas lo han de ser en favor del interés general y no en el particular de un Gobierno, hágase.

Cualquier cosa antes de tender la mano al enemigo número uno en que se ha convertido de pronto un partido al que hasta ahora no se le tenía el menor miedo. Ahora ya sí se le tiene y por eso no se le va a dar la menor opción de aparecer, por lo menos no con ayuda del PSOE, como un partido confiable. Al PP ni agua.