El próximo día 12 el presidente del Gobierno subirá a la tribuna de oradores del Congreso para pronunciar su discurso sobre el estado de Nación. Será el primero en siete años y hay expectación por conocer si Pedro Sánchez tenderá la mano a pactos de Estado con el PP, o bien seguirá aferrado a su hoja de ruta, que consiste en mantener cohesionada a la mayoría que le invistió en enero de 2020.

Pierdan toda esperanza, el presidente optará por lo segundo. Aunque la situación que vive España y Europa recomendarían soluciones de emergencia, amplios consensos, Sánchez no se puede permitir el lujo de defraudar a sus socios. La convocatoria de una reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el próximo día 15, justo a continuación de la conclusión del debate, es la prueba inequívoca de que será continuista: diálogo con la Generalitat y políticas basadas en aumentar el gasto.

Eso no es lo que nuestra Nación necesita. España ahora está regular, pero dentro de unos meses, si Putin no rectifica, cosa improbable, estará echa unos zorros. El sábado informábamos en El Independiente del peligro real de que Alemania entre en recesión a partir del último trimestre de este año. Si eso sucede, el crecimiento en España se desplomará, con todo lo que ello significa.

No se trata de ser agorero, sino de ver las cosas con realismo. La guerra en Ucrania será larga, de desgaste, y Putin utilizará en la medida de lo posible el gas, además de sus ejércitos, para infligir una derrota no sólo a Zelenski, sino a Europa y a Estados Unidos.

Probablemente, Rusia no cierre del todo el Nord Stream 1, la tubería por la que llega a Alemania un tercio del gas que consume, pero irá reduciendo su flujo paulatinamente hasta provocar medidas restrictivas del consumo, afectando a la calidad de vida de unos ciudadanos acostumbrados a vivir bien, pero que ya sienten en sus bolsillos una inflación desconocida desde hace casi cuatro décadas.

Sánchez aprovechará el debate para cohesionar la mayoría que le invistió presidente. No tenderá la mano al PP e incidirá en el mensaje de que la oposición representa intereses oscuros que quieren recuperar sus privilegios perdidos

Sánchez, la verdad, no ha tenido buena suerte. Poco después de constituir su Gobierno de coalición se encontró con el Covid-19. Y dos años después, sobrevino una guerra que ha hecho saltar por los aires sus previsiones de recuperación, basadas en una llegada masiva de fondos europeos. El presidente ha echado mano del gasto público como manguera para apagar el incendio, pero las llamas no sólo siguen ahí, sino que amenazan con convertir el invierno en un infierno.

Este, por tanto no es un debate más, un pugilato dialéctico en el que demostrar más capacidad que la oposición, sino la ocasión de preparar a los españoles para un escenario peor y que exigirá sacrificios. Será también la última oportunidad para cambiar de rumbo en esta legislatura. Porque, tras el debate, el Congreso debe aprobar la ley de Memoria Democrática, la reforma exprés de la Justicia y el plan de medidas anti crisis.

Esas tres iniciativas legislativas requerirían de un acuerdo político que trascienda los límites de la mayoría que sustenta al Gobierno. En la ley de Memoria, ya lo hemos explicado en este diario, Sánchez no ha gastado ni cinco minutos en intentar un pacto con el PP. El pasado sábado, durante un acto en recuerdo del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Feijóo prometió que, si gana las próximas elecciones y logra gobernar, derogaría esa ley. En cuanto a la reforma exprés, su retirada o modificación sería la condición necesaria para acordar la renovación del CGPJ y del Constitucional con la aquiescencia del principal partido de la oposición. Pero tampoco en este caso el presidente ha movido ficha. Si el acuerdo no se logra ahora, es prácticamente imposible que se consiga antes de las próximas elecciones generales.

En cuanto a las medidas anti crisis, el Gobierno tiene ya el visto bueno de sus socios para apoyarlas. No necesita al PP. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni se ha molestado en responder a las llamadas del responsable económico popular, Juan Bravo, para pactar una parte de ese paquete.

El debate, me temo, se convertirá en un toma y daca en el que Sánchez planteará la estrategia de dividir a los españoles en dos bandos. Él, como jefe del progresismo; y Feijóo, que aunque no intervendrá estará sentado en la Cámara al lado de Cuca Gamarra, como representante de unos poderes oscuros que pretenden recuperar a toda costa sus privilegios.

El presidente no es consciente de lo equivocada que es esa estrategia para afrontar el momento histórico en el que nos encontramos. El cambio de ciclo que se apuntó en Madrid y se consolidó en Andalucía no se alterará si insiste en cometer los mismos errores. El más grave, aparecer como el presidente de sólo una parte de los españoles, convirtiendo al resto casi en enemigos de la democracia.

Sánchez volverá a insistir en la matraca de que la oposición no arrima el hombro. Pero él no ha hecho nada para buscar el acercamiento del PP.