Si el presidente del Gobierno hubiera escuchado ayer la rueda de prensa de Christine Lagarde, sin duda hubiera calificado a la presidenta del BCE de «catastrofista». Pero es que los datos, por mucho que Pedro Sánchez quiera insuflar optimismo en la audiencia, apuntan a un empeoramiento notable de la situación económica.

Lagarde habló de un «estancamiento de la economía en el último trimestre de este año y en el primer trimestre de 2023». Si las cosas no empeoran, el año que viene la zona euro crecerá menos de un punto (un 0,9%) y la inflación se situará en el 5,5%. Eso, teniendo en cuenta la ofensiva que ha iniciado el BCE, que ayer llevó a cabo la subida de tipos más importante de su historia (0,75%) hasta situarlos en el 1,25%. La cosa, como también avisó Lagarde, no acaba ahí, porque los tipos seguirán subiendo de aquí a final de año. Como poco.

Es más, hablando de pesimismo, si observamos lo que el BCE denomina downside scenario (es decir, lo que podría pasar si Rusia corta el suministro de gas a la UE), el crecimiento en 2023 sería negativo (-0,9%) y la inflación se situaría en el 6,9%. Sí, señor presidente, la tan temida recesión. Estamos a las puertas de una dura recesión económica si Putin sigue su hoja de ruta.

El Ministerio de Economía, sin embargo, insiste en no modificar sus previsiones para este año. Es como si la excepción ibérica lograda con el tope al gas operase también en términos macroeconómicos. Pero no es así. La vicepresidenta Calviño lo sabe.

Pero, por ahora, conviene mantener el cuadro macro y hacer como si España fuera el motor económico de Europa.

El Gobierno tiene otras preocupaciones. Estas más domésticas, que esta semana se centran en la batalla abierta por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que las grandes cadenas de distribución pongan coto a la subida de precios. A ese carro se ha subido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con un poco de retraso. Pero ya tenemos al bloque de Sumar/Podemos metiéndole presión al Gobierno con una campaña que llega a la gente (este es el gobierno de la gente, no lo olvidemos), porque los precios crecen a un ritmo del 10%.

El BCE endurece su guerra contra la inflación subiendo tipos, mientras que la ministra de Trabajo quiere hacer lo mismo controlando los precios. La dura realidad y la burda demagogia ante una recesión en ciernes

Como Pedro Sánchez ha asumido algunos principios y, desde luego, el lenguaje y el argumentario de Podemos, tratando así de capitalizar el progresivo deterioro del partido creado por Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz no le queda más remedio que encontrar nuevas ocurrencias para que la gente distinga a unos de otros. Si Sánchez se mueve hacia la izquierda para comerse los votos morados, Yolanda y los restos de Podemos recurren al populismo más ramplón para que se note que siguen ahí, en la brecha.

El ruido es molesto. Primero fue el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien levantó la voz y dijo que estamos en un mercado libre y que la propuesta de Díaz no era buena idea. Ayer fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien criticó a su compañera de Gabinete por querer «patrimonializar que está con las más vulnerables» y meterse en un terreno que no es el suyo. La ministra sindicalista, a gusto en el cuerpo a cuerpo, no tardó en responder: «El bolsillo de los españoles compete a todo el Gobierno».

Esta va a ser la tónica de la convivencia en el seno del Ejecutivo durante los próximos meses. Si Yolanda Díaz quiere que su plataforma Sumar tenga algunos votos necesita propuestas como esta para que se la vea. Mientras, Pedro Sánchez, al que la ministra de Trabajo le caía muy bien mientras tomaba distancia de Pablo Iglesias, a medida que pasa el tiempo va estando más enfadado con el protagonismo que quiere ejercer sin consultar con nadie y sin importarle un pito si sus propuestas afectan a otros departamentos, o incluso sin saber si se pueden llevar a cabo. Hasta el Ministerio de Economía, en off the record, desautorizó a Díaz por su falta de rigor.

En resumen. Sánchez fustigó el martes en el Senado a Núñez Feijóo por su «insolvencia o mala fe». En lugar de intentar llegar a algún acuerdo con el líder de la oposición, por ejemplo en las medidas de ahorro energético, o en el pacto de rentas, se dedicó a darle caña, como si hundirle pudiera mejorar en algo la vida de los españoles. Mientras que el BCE pone en marcha una histórica subida de tipos, que volverá a tirar al alza de los créditos hipotecarios, y que va a dificultar aún más la financiación de las empresas, los ministros se pelean por el establecimiento de un tope a los precios de los alimentos.

Esta no es la forma de afrontar uno de los momentos más difíciles a los que ha tenido que hacer frente España en las últimas décadas.