El incendio provocado por las declaraciones de Emiliano García-Page se ha extendido a Aragón. Javier Lambán, en contra de lo predica el pacto del Gobierno con ERC, propone «agravar» el delito de malversación cuando este se comete para financiar proyectos tan graves como la separación de Cataluña de España.

Los argumentos que han puesto en circulación los fontaneros de Moncloa para justificar la rebaja del delito de malversación a los condenados del procés causan en muchos socialistas la misma sensación que provocan en el presidente de Castilla-La Mancha: «Nos toman por tontos».

Es lo que tiene pactar la revisión de un delito con el delincuente. Pero, en este caso, el verdadero perjudicado es ni más ni menos que el Estado de Derecho, que se desarma con un objetivo espurio, como es el que Pedro Sánchez pueda seguir en el Gobierno de forma estable gracias a su alianza con ERC.

Lo han advertido las principales asociaciones de Fiscales. Lo ha dicho la Fiscalía Anticorrupción, como informa Angela Martialay en El Mundo. Esta reforma va a tener consecuencias indeseables, como la ley del sólo sí es sí, por mucho que el Gobierno pretenda que sólo beneficiará a los condenados e imputados por el procés, cosa que ya de por sí sería un escándalo.

Al margen de los condenados por el Tribunal Supremo, hay decenas de imputados, con causas abiertas en los juzgados 13 y 18 de Barcelona, que se van a ver beneficiados (según La Vanguardia, un total de 39).

Los ya condenados y los que están a la espera de juicio malversaron (unos de forma probada, otros presuntamente) fondos públicos de las maneras más diversas con el objetivo de promocionar el referéndum ilegal del 1-0 y de fomentar la independencia de una hipotética República de Cataluña.

Aunque Moncloa se empeña en que las cesiones ante ERC no tendrán coste electoral, las duras declaraciones de García-Page y Lambán van en sentido contrario y reflejan el sentir de muchos votantes de izquierda

Se financiaron viajes a los lugares más diversos y exóticos, como Nueva Caledonia. Se contrató a sociólogos e incluso a un sargento de los Mossos para que hiciera las veces de guarda espaldas de Carles Puigdemont, cuando ya había huido a Bruselas. Se subvencionó de manera generosa a organizaciones independentistas. Se contrató a una empresa de lobby norteamericana por 60.000 euros, que logró que The Washington Post le publicara un artículo a Puigdemont. Se gastaron más de 100.000 euros en anuncios en prensa extranjera, casi un millón más en sobres y cartas certificadas. Y otros 3,4 millones de euros en la campaña institucional en apoyo del referéndum ilegal del 1-O. Me dejo muchas pequeñas cosas, pero este breve repaso da una idea de la liberalidad con la que la Generalitat usó el dinero de los contribuyentes. Todo ello cuando, a la vez, se hacían recortes en algunos servicios públicos esenciales.

Pues bien, ahora eso tan sólo será un delito pequeño, casi una falta. Todo porque ERC quiere que el 1-O pase a la historia como una fecha de triunfo para la causa independentista, una derrota del Estado, que el Gobierno admite de manera vergonzante.

¡Y aún hay políticos como Patxi López que se permiten la desfachatez de decir que lo que hace el Gobierno es endurecer el delito de malversación! Coincido aquí con mi paisano García-Page: «Que no nos tomen por tontos».

Las declaraciones de Lambán, sumadas a las de García Page, no son un episodio más en la historia de las pequeñas desavenencias de la familia socialista. Son una llamada de alarma, que viene precedida por un contundente comunicado firmado por decenas de socialistas, entre ellos, cinco ex ministros del PSOE.

Por mucho que el Gobierno pretenda endulzar esta amarga píldora con medidas económicas electoralistas, que el presidente presentará oportunamente antes de finalizar este año, muchos votantes de izquierdas no van a olvidar la cesión sin precedentes que se ha llevado a cabo a un partido que explícitamente pretende crear un estado independiente en Cataluña.

En las elecciones del mes de mayo comprobaremos si la supresión del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación para favorecer a los condenados del procés tiene o no efectos electorales. No tengo dudas de que así será. Entre otras cosas porque la hipótesis contraria sería terrible y le daría la razón a Moncloa: no es que les tomemos por tontos, es que son tontos.