La decisión de la constructora Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos causó conmoción en el Gobierno. La ministra de Economía no tuvo inconveniente en revelar ayer en La Sexta que había hablado con Rafael del Pino (presidente de Ferrovial) para afearle la decisión. «España le ha dado todo a Ferrovial. Es una decisión que va contra el interés y la imagen de nuestro país», declaró la vicepresidenta, visiblemente enfadada.

No fue la única en disparar contra el empresario. Se sumaron al tiroteo el moderado ministro de Agricultura y también la ministra de Hacienda, pero fue la titular de Trabajo la que instó al Ministerio de Economía a «adoptar las medidas que sean para evitar que esto se produzca». «Esto no es ser español», remachó Yolanda Díaz.

Este Gobierno se ha ganado a pulso el rechazo de los empresarios, desde hace meses demonizados ad hóminen. Ya no sólo por la introducción de impuestos sectoriales (a la banca, a las eléctricas), o a las grandes fortunas, sino por los constantes cambios en políticas que afectan a las decisiones empresariales. Lo que Ferrovial llama «seguridad jurídica». A día de hoy no se sabe si habrá tope a los alquileres o a las hipotecas, por mencionar sólo dos ejemplos. Si a eso unimos la capacidad del presidente Sánchez para cambiar su opinión en función de sus necesidades políticas más perentorias, tendremos el marco exacto en el que mueven nuestros hombres de empresa.

¡Ojo! Al que se sale del redil se le castiga de forma conveniente. Que se lo digan al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que, tras un desaire al Gobierno, vio publicado su sueldo en un diario de tirada nacional. Ayer guardó silencio sobre la decisión de Ferrovial y el ataque en tromba a uno de sus afiliados más ilustres.

El Gobierno se ha tomado como un insulto la decisión de Ferrovial de llevar su sede a Países Bajos. Las razones son fundamentalmente financieras, pero a Calviño y a Yolanda Díaz les parece que eso no es lo que se espera de un buen español

La utilización de los empresarios como chivos expiatorios del encarecimiento del coste de la vida no es sólo un recurso de Podemos, aunque Ione Belarra se destaque en esos lances por la pobreza de sus argumentos. Es un mensaje que se irradia desde Moncloa. Fue Pedro Sánchez quien dijo en julio del año pasado que si Botín (Banco Santander), o Galán (Iberdrola), protestan, «vamos en la buena dirección». A ningún presidente de Gobierno europeo se le ocurriría atacar de esa forma a dos de sus empresarios más multinacionales. Sencillamente, es una insensatez. Siguiendo esa lógica, también podría decir el presidente que si Ferrovial se va a Países Bajos, es que «vamos en la buena dirección».

La demagogia tiene un coste. Quien siembra viento, recoge tempestades, dice nuestro refranero. La relación del Gobierno con la cúpula empresarial española es ahora, más que fría, gélida. Parece evidente que Del Pino no comunicó a la ministra de Economía su decisión antes de hacerla pública.

Pero es que Nadia Calviño no ha hecho ningún esfuerzo por acercarse a los empresarios más importantes del país. Sólo se ve con ellos en actos públicos, al igual que hace el presidente del Gobierno. Si hubiera existido una relación normalizada, probablemente Del Pino hubiera tomado otra decisión, aunque la causa del traslado de sede sea fundamentalmente económica.

La razón del traslado (la matriz de Ferrovial se fusiona con Ferrovial Internacional, con sede en Países Bajos, que ya posee el 86% de sus activos) no es tanto fiscal como financiera. El ahorro en pago de impuestos de Ferrovial no llegará ni a los 40 millones de euros. Pero las emisiones de deuda desde Países Bajos le supondrá un menor coste para financiar su deuda. Eso es importante en un contexto de tipos al alza, en el que el mercado distinguirá cada día más entre los países más y menos estables. Un dato, el coste de los CDS (seguro para cobertura de un posible default) en España es tres veces más caro que en Países Bajos.

La decisión de trasladar la sede se la pueden permitir las empresas que tienen un dueño, un propietario mayoritario. La familia Del Pino posee el 30% de Ferrovial, y su presidente, Rafael del Pino, por sí solo controla el 20,4% (por cierto, a través de una sociedad holandesa). Esa participación, a precios de mercado, supone un patrimonio de unos 4.000 millones de euros.

El cambio de sede de Ferrovial destroza el argumentario de Moncloa de que España es el país ideal para invertir. Algo de lo que alardeó Calviño en la última reunión del G-20. De ahí su enfado estratosférico. Por eso, en los próximos días veremos multiplicarse las apelaciones al patriotismo, algo que, para algunos, es incompatible con la riqueza. Error sobre error.

Pero cuestionar el patriotismo de Del Pino no va a ayudar a mitigar el problema de imagen que implica que una de las empresas con más proyección internacional de España (sus negocios más saneados están en Estados Unidos y en Canadá) haya decidido situar su sede en Países Bajos. Por cierto, el segundo apellido de Rafael del Pino es Calvo Sotelo. ¿Le parece a la ministra de Trabajo un apellido suficientemente español?