El protocolo y las cenizas

Entre los deberes de una Corona hay uno que las pasiones del momento nunca alcanzan a comprender: el de no pertenecerse. Los tratadistas del ceremonial lo sabían mejor que nuestros polemistas. Quien representa a otros deja de disponer de sí mismo, y su cortesía, para ser útil, debe ser ilegible. El rey, cifra y compendio de la continuidad del Estado, no dispone del lujo del desdén ni de la comodidad de la simpatía; le está vedado elegir a quién saluda, del mismo modo que a un espejo le está vedado elegir lo que refleja. Su mano no suscribe lo que toca. Certifica una presencia y nada más.

El 7 de agosto, en Cali, durante la toma de posesión del presidente colombiano, Felipe VI estrechó la mano de Javier Negre y accedió a una fotografía. La secuencia duró once segundos, un parpadeo en la crónica de los días, y fue idéntica a las decenas que se produjeron aquella mañana. En el orden protocolario, un saludo así no significa adhesión, aprobación ni conocimiento del saludado; significa que dos personas coincidieron en una sala.

Que dos personas coincidan en una sala no es, sin embargo, un hecho neutro en sí mismo: precisamente porque quien saluda es el rey, no cualquiera debería tener acceso a esa sala. Garantizarlo no es tarea suya, sino de las instituciones que organizan el acto, el Gobierno propio, el anfitrión, la Casa Real cuando le compete. Que ninguna de ellas impidiera la presencia de Negre no autoriza a cargar la omisión sobre el jefe del Estado: es un fallo ajeno vestido de reproche real, y quien reparte responsabilidades ajenas con tanta soltura suele ser, primero, remiso con las propias.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llamado a esa escena "absoluta ignominia", ha sostenido que la Casa Real cruzó "una línea roja" y ha precisado que el jefe del Estado de su imaginación no tocaría a Negre "ni con un palo". Ha reivindicado, además, su "alma republicana", y ha exigido que la imagen no se repita. En tan pocas líneas caben dos confusiones, y ninguna es inocente.

La primera es privada. Negre fue condenado por intromisión ilegítima en la intimidad de la hija del ministro, entonces menor de edad, y está investigado por presuntas calumnias contra él. El encono es comprensible y hasta legítimo; nadie está obligado al perdón. Lo que ningún ordenamiento admite es que un miembro del Consejo de Ministros invoque su cartera para que la Corona adopte como propia una lista de proscritos ajena. Los agravios personales tienen tribunales, y el ministro los ha usado. No tienen derecho a un decreto.

Una monarquía parlamentaria funciona precisamente porque el saludo del monarca no significa nada

La segunda confusión es constitucional, y por eso más grave. Pedir al rey que examine la biografía de quien se le acerca en un acto de Estado consiste en convertir la jefatura del Estado en una aduana ideológica y en entregar la llave de esa aduana al Ejecutivo del día. Una monarquía parlamentaria funciona precisamente porque el saludo del monarca no significa nada; el momento en que empezara a significar algo, la Corona dejaría de arbitrar para militar. Quien reclama del rey una cortesía selectiva no defiende la ejemplaridad: pide una prerrogativa nueva para el Gobierno.

Esto no supone negarle al rey todo margen. Dentro del deber de recibir, cabe matizar con discreción: Juan Carlos I, obligado a atender en Zarzuela a los representantes de todos los grupos parlamentarios, Herri Batasuna incluida, cumplió el trámite y, a la vez, limitó la audiencia a Idígoras a unos treinta segundos. Ninguna norma se quebrantó y el desaire, si lo hubo, quedó ilegible para quien no supiera leerlo. Ésa es la distancia que el protocolo permite, bien distinta de la que Puente exige a gritos.

La tosquedad del reproche no sorprende en quien consagró al presidente del Gobierno con el encomio de "el puto amo". La misma zafiedad se dirige ahora contra la cúspide del Estado, y con ella se descubre una idea de la política como pugilato de taberna, donde las palabras son mazas y no bisturíes, difícilmente compatible con la sobriedad litúrgica que exige la representación exterior de una nación.

Conviene añadir una circunstancia cronológica. Días antes, el jefe del Estado había recordado por escrito que el Estado debe velar por la seguridad de Ceuta y Melilla y evitar que hechos como los de julio se repitan. El recordatorio se recibió en el Gobierno con incomodidad. La ofensiva sobre un apretón de manos vino después.

Es un rasgo antiguo: cuando la realidad se vuelve insoportablemente física, la política prefiere los debates espectrales. Mientras se disertaba sobre once segundos en Colombia, seguían allí las vías que ceden al óxido y al descarrilamiento, los informes técnicos sobre puntos críticos como Adamuz que yacen en el olvido de los archivos, el barro de las inundaciones, las promesas postergadas a los damnificados del volcán de La Palma, los montes calcinados del verano y la desesperación callada de la frontera de Ceuta. Son hechos mudos. No responden a los tuits ni se dejan administrar con adjetivos.

La controversia sobre la Corona opera con la eficacia de un simulacro: suministra un enemigo de papel a las facciones más refractarias al régimen del 78, acostumbra a la opinión pública a una tutela ministerial sobre el rey que ninguna norma autoriza y aplaza la contabilidad de lo que no se ha hecho. El protocolo es una forma de la memoria: repite gestos para que el Estado no dependa del humor de quienes lo ocupan transitoriamente. Las cenizas, en cambio, no admiten ceremonia. Siguen donde cayeron, esperando a que alguien las cuente.