Una mayoría del grupo parlamentario de Unidos Podemos no se fía de la manifestación prevista este sábado en las cercanías del Congreso de los Diputados y pide «prudencia» respecto a una convocatoria que cuestiona la legitimidad de la investidura de Mariano Rajoy que, a esa misma hora, se estará produciendo dentro del Hemiciclo. Pese a que Pablo Iglesias ha reconocido su simpatía por la movilización, Alberto Garzón acudirá a ella y la rama Anticapitalistas participó en la asamblea en la que se convocó, los diputados de la coalición tienen reparos a la hora de adherirse a una marcha planteada en términos radicales.

Ante el golpe de la mafia, democracia, el lema oficial de la protesta, sirve de paraguas a la idea de que la votación parlamentaria de este sábado no responde a la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 26 de junio. La Coordinadora 25-S, que ya organizó el Rodea al Congreso original de 2012, hace referencia en su manifiesto de convocatoria a un «golpe del régimen» que se ha «consumado» y no duda en afirmar que lo que salga de la Cámara este sábado será «un Gobierno ilegítimo de un régimen ilegítimo».

Una acusación que cuestiona los pilares mismos de la representación parlamentaria y que supone un reto complicado de asumir para un grupo que ocupa 67 asientos dentro del mismo Congreso cuya autoridad no reconocen los manifestantes, amparados en que la investidura de Rajoy es el resultado de la actuación de tres «mafias» diferentes. La de Nóos, «un jefe de Estado al que nadie ha votado y apenas nadie fue a recibir el día de su coronación», la de los ERE, «un candidato al que tampoco nadie ha votado», y la de Gürtel, «otro candidato que en dos elecciones no ha alcanzado votos ni acuerdos suficientes para formar gobierno».

La lógica tras la idea de la ilegitimidad la aporta la propia asociación convocante a través de sus redes sociales, cuando recuerda que del censo electoral, superior a 36.5 millones de personas, menos de 8 votaron al Partido Popular y 28.6 no lo hicieron. El dato obvia que más de 12 millones de personas se quedaron en casa y que, de entre los que sí votaron, obviamente no todos lo hicieron por la misma opción. Ni los votantes del PSOE lo hicieron para que el presidente fuese Pablo Iglesias, ni mucho menos los de Ciudadanos, ni los de Podemos introdujeron la papeleta en la urna, en principio, para que gobernase Pedro Sánchez.

«Los organizadores estamos convencidos, así lo confirman diversas encuestas de opinión, que un amplísimo sector de la sociedad rechaza el proceso actual de elección de Presidente por todas las circunstancias de escándalos de corrupción, imposiciones de cambios de líderes en algunos partidos de los que van a participar en esa elección…», reza el escrito de convocatoria remitido por los organizadores a la delegación del Gobierno en Madrid.

Ni en ese texto, sin embargo, ni en el manifiesto distribuido en su página web y en las redes sociales, hacen referencia los convocantes a una alternativa, más allá de «reclamar un proceso constituyente que dé fin al sistema salido de la mal llamada Transición» o el llamamiento a «demostrar que su Régimen es pasado y que solo nosotras, desde abajo, podemos construir futuro».