La Gestora del PSOE quiere evitar nuevas indisciplinas y conatos de rebelión como el protagonizado por quince diputados que votaron no a la investidura de Mariano Rajoy, en vez de abstención, como había decidido el partido. Para mantenerlos a raya, la dirección del grupo parlamentario les impondrá una multa de 600 euros que no supondrá el fin de sus sanciones. El expediente disciplinario seguirá abierto y, por tanto, la amenaza de nuevos castigos también. Así lo aprobó en la tarde del jueves la Gestora, que pretende conseguir que los diputados díscolos vuelvan al orden y dejen de cuestionar públicamente la legitimidad de la dirección del partido.

Durante la reunión, los dirigentes afines a Javier Fernández y Susana Díaz admitieron el afán ejemplarizante de estos castigos y justificaron la purga de sanchistas en que la rebelión puede extenderse a diputados autonómicos y concejales, por lo que hay que frenarla en seco.

La Gestora relega a diputados ‘sanchistas’ a pesar de haber acatado la abstención

Con ese objetivo, la Gestora ha relevado de sus responsabilidades a diputados sanchistas, como Meritxell Batet y a Sofía Hernanz, que salen de la dirección del grupo, y ha retirado de la portavocía de Cooperación a Susana Sumelzo, que formó parte de la anterior Ejecutiva.

También ha actuado contra parlamentarios que no rompieron la disciplina de voto, como Adriana Lastra, por su cercanía política al ex secretario general y por la repercusión pública de sus declaraciones. Lastra pasa de portavoz en la comisión de Administraciones Públicas a adjunta en la de Defensa, en sustitución de la independiente Zaida Cantera, que votó no. Su compañera Rocío Frutos pierde la portavocía segunda de la comisión de Empleo, como también lo hizo el martes el balear Pere Joan Pons, en la comisión mixta de la UE.

Robles se salva por el caso Fernández Díaz

En este sentido, los cambios se limitan a las portavocías, ya que renovar a los presidentes de comisiones, como Margarita Robles, que encabeza la de Justicia, supone un desgaste adicional. Los grupos proponen a esos presidentes y esas candidaturas se votan en el órgano. Después de que el PSOE incumpliera su pacto con el PP de respetar a los candidatos de cada grupo en las comisiones, como ha ocurrido en el caso del ex ministro Jorge Fernández Díaz, esa operación supondría otro problema institucional en la Cámara. Por ese motivo, Robles, entre otros, se salva de la purga.

La reunión de la Gestora fue muy tensa e incluyó varios enfrentamiento con miembros del sector crítico, que exigieron la votación de las medidas y rechazaron los cambios en el grupo parlamentario. También reprocharon que el presidente de la Gestora, Javier Fernández, tome decisiones tan importantes como revisar las relaciones con el PSC sin celebrar antes una reunión del órgano, que tiene carácter colegiado. Recordaron, además, que la única misión de esa dirección provisional es convocar un congreso extraordinario del PSOE, por lo que esas decisiones se escapan de sus competencias. La Gestora llevaba tres semanas sin convocarse.

Javier Fernández carga contra los críticos

Precisamente por estas críticas, Fernández cargó contra los miembros del sector crítico. Les reprochó sus mensajes y tachó de “miserable” su actitud, al manchar el nombre de la Gestora y el suyo propio. El enfrentamiento entre ambas posturas se extendió a la revisión de las relaciones con el PSC. Los críticos reclamaron que se enmarque dentro del congreso del partido, como parte del debate general sobre su futuro. No obstante, Fernández ratificó su intención de llevarla a cabo antes, en un Comité Federal.

En este sentido, la Gestora también nombró a sus representantes en la comisión negociadora con el PSC que estudiará las distintas opciones de cambio en las relaciones entre ambos. Por el partido catalán serán Salvador Illa, Antonio Balmon y Meritxell Batet. En su caso, el PSOE ha escogido a Elena Valenciano, Francisco Fuentes y Mario Jiménez y responsable de organización de la Gestora. Los tres se consideran contrarios a considerar a veleidades soberanistas y al derecho a decidir.