El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reunido hoy en el Parlament a representantes de partidos y entidades independentistas en un encuentro destinado a iniciar los trabajos preparatorios para la celebración de un referéndum de independencia en septiembre de 2017. Los responsables de ERC, PDCat, BComú, Podemos, ICV, CUP y Demócratas y sus portavoces parlamentarios se han sumado a los presidentes de Ómnium, la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y la Associació Catalana de Municipis (AMI) y los ex presidentes de la Cámara en una revisión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir que en su día creara Artur Mas y que Puigdemont quiere convertir en plataforma de apoyo a su referéndum.
En el capítulo de las presencias y ausencias, ha destacado junto a la asistencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la ausencia de dirigentes patronales de peso, algunos de los cuales sí participaron en el Pacto Nacional. Es el caso de la patronal de la pequeña y mediana empresa, Femipe, que rechaza el objetivo del referéndum unilateral, que se suma a Fomento del Trabajo, organización que ya se mantuvo al margen de la plataforma anterior.
También se ha rebajado la presentación de las cámaras de comercio y de los colegios profesiones -el TSJC acaba de fallar en contra de la participación de los colegios de abogados, que han tenido que abandonar el Pacto-. Si han acudido, por contra, los principales sindicatos, así como diversas entidades de ámbito social.
Al inicio del encuentro, las entidades independentistas han dejado claro por boca de Neus Lloveras, presidenta de la AMI, que su papel en la celebración de la consulta es “de apoyo al Govern” al que han señalado como primer responsable de un referéndum que pretende ser vinculante. Si el objetivo del encuentro era diluir la responsabilidad del ejecutivo en el proceso, el intento ha sido fallido.
El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha lamentado que “algunos hayan intentado tapar la celebración de la cumbre convocada por Puigdemont con el señalamiento de juicio a Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. De hecho, el encuentro se produce en un día de intensa actividad judicial en el ámbito independentista, puesto que hoy ha coincidido la anulación de las tres ponencias de las “leyes de la desconexión” por parte del Tribunal Constitucional, a petición de los grupos de C’s y PSC en el Parlament, además de la advertencia sobre la limitación de competencias en Relaciones Exteriores por parte del alto tribunal.
Anuladas las ponencias de las "leyes de desconexión"
La anulación de las tres ponencias comporta que también hayan quedado anulados sus trabajos de redacción de las leyes. En el texto de las sentencias, se considera que los derechos de los grupos del Parlament que no querían participar en los trabajos de redacción de las tres leyes "quedaron vulnerados" con la creación de ponencias conjuntas en las que sólo participaban dos grupos de los seis que hay en el Parlament.
En este contexto, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido a la Generalitat que no va a haber referéndum y ha recomendado a Puigdemont "no dejarse llevar por los radicales" ni actuar de forma unilateral. Tras la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha señalado que "referéndum de autodeterminación no va a haber porque va contra la Constitución, que garantiza el autogobierno de Cataluña. Más claro no se puede decir. Ahora, dialoguemos, hablemos y resolvamos los problemas de la gente".
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