La crisis institucional en Murcia está poniendo a prueba la resistencia de Génova. Admiten que «la estrategia la marca la dirección del partido en la región», pero no esperaban que la situación se alargara tanto hasta llegar al extremo de poner en riesgo el gobierno autonómico. Con el telón de fondo de la reunión que hoy mantienen los líderes murcianos de PSOE y Ciudadanos, Rafael González Tovar y Miguel Sánchez, respectivamente, y la sospecha, cada vez más acentuada, de que puedan llegar a un acuerdo, la dirección nacional mira expectante hacia la organización territorial y hacia Pedro Antonio Sánchez.

En público y en privado coinciden en señalar que lo lógico sería esperar a la decisión del juez — ante el que se ha presentado recurso al objeto de que archive la causa contra Sánchez– aunque el tiempo de espera cada vez se alarga más en contra de lo que les ha ido transmitiendo la organización murciana. Admiten que «un pronunciamiento del magistrado en un sentido u otro aclararía mucho la situación». Ni siquiera haría falta que el TSJ se manifestara explícitamente sobre la situación procesal del presidente autonómico, bastaría «con algún auto o providencia que dejara claro que hay indicios casi incontestables de delito».

Génova avisa que si Ciudadanos va de la mano de PSOE y Podemos «desaparece en las próximas autonómicas»

Pero la resolución del juez del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que lleva el «caso Auditorio» se está haciendo esperar, lo que significa que la partida se juega en el terreno de la Asamblea de Murcia, que debatirá la moción de censura del PSOE los días 5 y 6 de abril. Se especula estos días con que Sánchez podría presentar su dimisión en el último momento si existiera el riesgo de que ésta prosperara, pero, por ahora, el Gobierno murciano parece un mero espectador de los acontecimientos.

De dimitir Sánchez en el transcurso del debate de la moción de censura, ésta decaería puesto que ya no habría presidente al que sustituir. En ese caso deberían ir a un proceso ordinario de investidura con otro candidato popular que Ciudadanos se ha comprometido a apoyar. Aunque no las tienen todas consigo, albergan en Génova una última esperanza con respecto al partido de Albert Rivera, esto es, que «sea consciente de que en las próximas elecciones autonómicas desaparecen si van de la mano de PSOE y Podemos».

Rajoy defiende desde Malta la presunción de inocencia de Sánchez

Si alguien puede forzar dicho abandono es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en primer término, y la secretaria general popular, María Dolores de Cospedal, en segundo y, a tenor de las palabras pronunciadas ayer por Rajoy, no parece que tenga en agenda pedirle que dé un paso atrás, aunque no sería la primera vez que los acontecimientos se precipitan. Desde Malta, donde se celebra un congreso de los populares europeos, el jefe del Ejecutivo apeló este miércoles a la presunción de inocencia de Sánchez aunque sin citarlo, señalando en este sentido que «algún día» habrá que abrir un debate sobre «dónde termina este derecho», informa Europa Press. Interrogado por otro lado sobre la posición de su socio preferente parlamentario, Ciudadanos, en la crisis murciana se limitó a comentar que «yo respeto las decisiones que adopte cada uno. Cada uno es responsable de lo que quiera hacer en cada momento».

En todo caso, es el coordinador general, Fernando Martínez Maíllo, el que está pilotanto el proceso a través de sus conversaciones con la dirección del PP murciano, con el diputado nacional por la región Teodoro García Egea y con el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas. García Egea es de la plena confianza de Cospedal y Maíllo. En él se confió la presidencia de la comisión que debatió la ponencia de estatutos en el XVIII congreso popular en la que resultó derrotada, por tan sólo 25 votos, la enmienda «anti-cospedal» que exigía la limitación de cargos.

La sombra de la «Púnica»

La otra sombra de duda sobre la ejecutoria de Pedro Antonio Sánchez se llama «caso Púnica». El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco deberá decidir si imputa al presidente autonómico tras conocerse el contenido de unas grabaciones en las que Alejandro de Pedro habla de las conversaciones con éste para llevarle la imagen y reputación en la red. En cambio, la Fiscalía Anticorrupción entiende que no hay caso puesto que no se formalizó ningún contrato. La decisión de Velasco «no va a zer inmediata ni mucho menos», según indicaron a El Independiente fuentes populares.

Demasiados frentes abiertos para el PP en una región donde se están jugando el gobierno autonómico y corren el riesgo de perder el pulso.