Alfombra roja para el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. El próximo martes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le reciben en Moncloa para negociar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, según ha podido saber El Independiente. De su voto depende el futuro de los Presupuestos Generales del Estado. Es la papeleta 176 que le permitirá a Mariano Rajoy tener más votos a favor que en contra pero, a pesar de la deferencia, desde Hacienda rebajan las expectativas, al menos económicas, del canario.

Quevedo ha presentado 49 enmiendas que suponen un esfuerzo presupuestario de 450 millones en políticas de infraestructuras y gasto social. Desde Hacienda señalan que, si bien «estamos estudiando sus enmiendas así como las del resto de los grupos», las peticiones de Quevedo encajan a duras penas en el cuadro macroeconómico de Montoro. De hecho, defienden que el pacto con Coalición Canaria, ya supone «suficiente inversión» y a Quevedo «le resultará imposible no apoyar esas cuentas, salvo que se le revelen los suyos allí. No tiene más remedio que respaldar los Presupuestos».

Moncloa está dispuesta a concesiones políticas y no tanto económicas, como la reforma del Estatuto canario

Canarias recibirá algo más de 450 millones repartidos en dos paquetes; uno destinado a políticas sociales, esto es,  educación, sanidad o dependencia, por 220 millones, vinculados al Régimen Fiscal Canario y no al modelo de financiación autonómica, que debe negociarse este año. La otra partida, de 232 millones, se dedicará a infraestructuras. En definitiva, un esfuerzo especial en las islas donde tiene cabida a duras penas las peticiones de Quevedo, pero al que se intentará dar un trato diferenciado dado el carácter fundamental de su apoyo.

Por eso, Moncloa pretende dar más peso a la negociación política que económica. Y es que Quevedo también reivindica una reforma del estatuto de autonomía y de la ley electoral, a la que puede comprometerse la vicepresidenta del Gobierno, de ahí su participación directa en la negociación que arranca este martes. De hecho, hasta el propio diputado canario viene poniendo el acento en estos dos asuntos. “El estatuto y la reforma del sistema electoral canario son irrenunciables”, ha dicho sobre su posición ante los Presupuestos. No es una cuestión baladí pues Coalición Canaria, de cuya diputada, Ana Oramas, dependen también las cuentas del Estado, no quiere ni oír hablar de una reforma electoral que no les va nada bien.

La reforma de la ley electoral perjudica a Coalición Canaria, socia prioritaria del Gobierno

El sistema electoral de las islas da más peso a los territorios que a la población, de modo que las más pobladas como Gran Canaria o Tenerife están subrepresentadas respecto a otras como La Palma, Fuerteventura o la Gomera. Para CC eso no es un problema pues tiene una fuerte implantación en todas ellas. No es lo mismo para la formación de Pedro Quevedo, cuya fuerza reside en Gran Canaria, ni siquiera para el resto de las fuerzas políticas.

De hecho,  PP y PSOE consiguieron en las últimas autonómicas más votos, pero menos escaños que la fuerza regionalista. CC cosechó 165.446 votos lo que se tradujo en 18 diputados autonómicos, frente al PSOE, que con 180.669 papeletas se tuvo que conformar con 15 parlamentarios y PP, con 169.065, con 12. Pero más escandaloso fue lo que pasó con Ciudadanos, al que sus 53.981 votos no les permitió sentar ni a un solo diputado en la cámara canaria, mientras que la Agrupación Socialista de la Gomera, con 5.089 votos, obtuvo 3. Nueva Canaria sacó 93.152 papeletas lo que se tradujo en cinco diputados.