Cristina Cifuentes llegó a la comisión de investigación la intención de demostrar la “limpieza” de las adjudicaciones de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 al grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, y con el convencimiento de que se trataba de un “linchamiento” por parte de Podemos y Ciudadanos, más que un intento de llegar a conclusiones. La presidenta de la Comunidad de Madrid mantuvo desde el comienzo que cometió el “error de dar por buenos” y “no valorar” los informes técnicos de las contrataciones, pese a formar parte de la Comisión de Expertos que daba el visto bueno a las adjudicaciones.

Cifuentes llegó rodeada de expectación, atravesó un pasillo donde a ambos lados le aplaudían decenas de dirigentes populares.  “Quería escenificarse el paseíllo de una presidenta que en base a un informe policial sin valor judicial se le hace un juicio paralelo”, denunciaba Cifuentes, que quiso revestir el paseíllo del calor de los suyos.

La imagen serena y confiada con la que entró en un primer momento desapareció a los pocos minutos, al comienzo de su intervención. Cifuentes se mostró a la defensiva, en una tensa comparecencia llena de enfrentamientos donde destacó la dureza de Ciudadanos, que facilitó la investidura de la presidenta madrileña. César Zafra, el dirigente de C’s, abrió el interrogatorio y escenificó el primer choque con la presidenta, que llegó a reprocharle sus interrupciones: “Esto es un linchamiento, me está usted acusando y no me está dejando contestar”.

Zafra le preguntó con insistencia sobre el proceso de adjudicación presuntamente irregulares, y sobre la pertenencia de Cifuentes -entonces vicepresidenta primera de la Asamblea- en el Comité de expertos, formado por tres miembros. Cifuentes presidía también la mesa de contratación de esas licitaciones que decidieron la concesión al grupo de Arturo Fernández, empresario que previamente había ingresado 160.000 euros en la fundación Fundescam, donde Cifuentes fue consejera entre 2005 y 2008, que se utilizaron para financiar ilegalmente al PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se defendió asegurando que había sido una letrada quien realizó las valoraciones. “¿Usted no habló en ese Comité de Expertos?”, le preguntó el dirigente naranja. “Claro que hablé y le dije que me parecía estupenda la valoración”, contestó Cifuentes, que reconoció el “error” de “no valorar”. “No valoré, cometí el error de dar por bueno el informe del técnico y me limité a asentir”, ha defendido. Sobre los informes de valoración ha señalado que “no los abrí”.

“¿Cree que hizo bien?”, insistió Zafra. “Yo creo que sí, lo creyó la Mesa de Contratación, la Mesa de la Asamblea que lo aprobó por unanimidad y el resto de empresas, que no presentaron quejas”. El dirigente de C’s reprendió a Cifuentes insinuando que “viendo cómo se hacen las contrataciones”, era normal la resignación de las empresas aspirantes. Una insinuación que rebeló a Cifuentes, que acusó a su adversari político de hacer un “juicio de valor” por no haber “un sólo caso de corrupción en mi Gobierno”.

La intervención de Ramón Espinar, secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, fue dirigida al informe de la UCO que relacionaba a la presidenta con el Caso Púnica; un informe que fue rechazado por Cifuentes, que ha vuelto a reiterar sus argumentos, apelando a que el escrito hace “juicios de valor sin validez jurídica”.  “La UCO está equivocada en ese informe en muchas cosas”, ha defendido, poco antes de mostrar una insignia que llevaba de la Guardia Civil y después de defender a este cuerpo, además de recordar: “Soy hija de militar”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, a la defensiva, acusó a Espinar de que “para ustedes los informes policiales sólo tienen validez cuando les interesa”. Espinar ha reprochado a Cifuentes que su única competencia en el comité de expertos fuera “en calidad de comensal”. “Yo como todos los días y no formaría parte de un comité de expertos para ver qué empresa da mejor servicio que otra”, le ha reprochado el líder morado, después de que Cifuentes defendiera que el cambio de contratación era porque “había muchas quejas de los diputados respecto a la comida”.

Al final de su intervención, Cifuentes ha defendido la “honestidad” y la “legalidad” de todos los procesos, a la vez que ha insistido en que “la comisión no tenía el objetivo de buscar la verdad sino de dibujar un escenario propicio para desgastar políticamente”. Una idea que ha repetido durante toda la comisión y que explicó antes y después de la comisión. “Ustedes han intentado manchar mi trayectoria con la corrupción y pueden seguir intentándolo, que yo seguiré gobernando por los madrileños”, ha concluido la presidenta.

“Sólo un linchamiento político”

Cifuentes ha apelado constantemente a este argumento desde su llegada a la Asamblea, donde compareció ante los periodistas.”Hemos pedido la comparecencia de once personas, políticas y técnicos para explicar de qué manera se ha llevado a cabo todo el procedimiento”, señaló´la presidenta. “Pero ha ocurrido algo atípico en una comisión. Lo normal es que se estudia antes la documentación, comparecen los técnicos y luego los políticos. Y ahora ha sido al contrario. Lo que querían es que yo compareciera en solitario y en exclusiva. No hay interés en conocer la verdad, sólo un linchamiento político en un terreno que quieren embarrar”, considera.

La dirigente regional cree que la oposición ha pretendido con su citación de hoy que se la relacionara con la corrupción cuando ella “lo que ha hecho siempre ha sido combatir corrupción y la tolerancia cero contra la corrupción”.

“Vengo tranquilísima. El proceso fue transparente, cristalino, con informes favorables y jurídicos de los técnicos, con decisiones tomadas por unanimidad de todos los órganos y grupos partidos. Tanto el juez como el fiscal ha desechado el informe policial. Es sorprendente el valor que le está dando Ciudadanos y Podemos de informe policial y convertirlo en algo probatorio y crear un juicio paralelo”, ha concluido.