Contra la opinión del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de que todavía hay margen para hacer política en Cataluña de aquí al 1 de octubre e impedir la celebración de un referéndum unilateral de independencia, Moncloa considera innecesario forzar una cita entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Fuentes populares recuerdan que el Gobierno invitó al presidente de la Generalitat a que acudiera al Congreso de los Diputados a explicar su proyecto y someterlo a consideración de la Cámara. Puigdemont se negó, aunque hay que admitirle cierta coherencia, pues tampoco ha llevado al Parlament ni la secreta Ley de Transitoriedad ni la de Referéndum.

El president ha articulado un sistema para hurtar el debate en la cámara autonómica y ocultado sus intenciones a su propio partido, el PDECat, que camina hacia la insignificancia política en mitad de una profunda crisis y cuestionamiento del procés.

El Gobierno recuerda que Puigdemont se negó a ir al Congreso para debatir y votar su propuesta

Aunque en Moncloa se repite hasta la saciedad que Rajoy «nunca se niega a hablar con nadie», no está previsto que el inquilino de la Moncloa descuelgue el teléfono para acordar una cita con el president ni que la acepte en caso de que desde la Generalitat lancen alguna señal en ese sentido. A estas alturas no creen que un encuentro entre ambos sirva para algo más que para volver a poner de manifiesto que media un océano entre ellos si el Ejecutivo catalán insiste en negociar las condiciones de un referéndum imposible.

Ya el pasado mes de mayo, en respuesta a una carta de Puigdemont, Rajoy le dejó claro que no negociaría una propuesta de referéndum que rompe “el orden constitucional” y que es “una grave amenaza a la convivencia”. Otra cosa es que tras el 1 de octubre, con una más que previsible e inevitable convocatoria de nuevas elecciones autonómicas «entremos en un escenario distinto» que habrá que administrar de otra manera.

Hasta ese momento, el Gobierno se prepara para un verano caliente no sólo en lo climatológico. Los independentistas necesitan mantener vivo el fuego de la consulta y de la movilización en la calle con la vista puesta en la Diada, el 11 de septiembre. Lo previsible es que antes, a partir del 15 de agosto, arranquen los trabajos en la Cámara autonómica «para pillar al Gobierno central de vacaciones», se malician en Moncloa aunque hasta el Tribunal Constitucional va a estar de guardia por lo que pueda pasar. La mayoría de los diputados catalanes han decidido cancelar billetes de avión y reservas de hotel para esa quincena aunque el papel del Parlament en este punto del proceso sea casi testimonial.

Entrevista secreta

Rajoy se entrevistó en secreto con Puigdemont el 11 de enero en la Moncloa, cita que fue desvelada por La Vanguardia. Entonces todavía aspiraba a convencerle de que acudiera a la Conferencia de Presidentes en el Senado, que se celebró seis días más tarde, el 17, y que echara el freno al proceso soberanista por entender que «no ha conducido a nada bueno para los ciudadanos de Cataluña”, como luego explicó el propio Rajoy. No sirvió de nada. Desde entonces, al menos que se conozca, no han vuelto a tener ningún encuentro, aunque la interlocución con la Generalitat no se ha suspendido en este tiempo.

Los diputados autonómicos catalanes están suspendiendo vacaciones para la segunda quincena de agosto

La vicepresidenta y ministra para las Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría, sigue manteniendo hilo directo con el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, que también trata con el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Por su parte, el resto de los ministros intentan tener abiertas las líneas de comunicación con cada uno de los consejeros de su competencia. Asimismo, a pesar de la escalada independentista, seguirán con la política de estar muy presentes en Cataluña.  En lo que va de año, han sido más de ochenta las ocasiones en los miembros del Ejecutivo se han desplazado a Cataluña.

La llamada operación Cataluña aparentemente no parece haber servido para parar al independentismo, aunque las fisuras en Junts pel Sí y el profundo malestar interno en el PDECat pueden terminar de culminar la tarea que emprendió Santamaría cuando fue nombrada también ministra de Administraciones Públicas. Es ella la que lleva el peso de la respuesta política y jurídica, a través de la abogacía del Estado, a la escalada secesionista, y el riesgo de implosión interna viene a echarle una mano.