Un informe jurídico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desinfla la comisión constituida en el Congreso para indagar en la presunta financiación ilegal del PP al concluir que las investigaciones parlamentarias no pueden "incidir" sobre la labor de los tribunales, con lo que toda petición de documentación que forme parte de un procedimiento judicial se considerará improcedente y será automáticamente desatendida.

El pasado 24 de mayo, el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Ignacio Prendes (Ciudadanos), dirigió un escrito al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, con el que le remitía la petición de documentos que la comisión de investigación sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz -pendiente de presentar las conclusiones tras dar por cerrados la semana pasada los trabajos merced a la mayoría que suman PP, PSOE y Ciudadanos- había acordado semanas antes.

En concreto, los comisionados querían analizar las notas informativas que el hoy comisario jubilado José Manuel Villarejo había redactado sobre la investigación del patrimonio de los Pujol y que el ex presidente de Banca Privada de Andorra (BPA) Higini Cierco ha adjuntado a la querella que interpuesto contra el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín-Blas y Celestino Barroso, antiguo agregado de Interior en la Embajada de España en el país vecino. Villarejo acusaba a Martín-Blas en esos escritos reservados de presionar al ex consejero delegado de BPA Joan Pau Miquel para que le proporcionase "toda la información concerniente a la familia Pujol" bajo la amenaza de forzar el cierre del banco si no accedía a esta petición.

La 'doctrina' del CGPJ desinfla en la práctica la comisión del Congreso sobre la financiación irregular del PP

En un informe fechado el pasado 1 de junio que firma el director del gabinete técnico, Gervasio Martín Martín, el CGPJ comunica la devolución de la solicitud en cuestión ante la "imposibilidad jurídica" de ser atendida. Y ello por el hecho de que la documentación pretendida "es objeto de procedimientos o expedientes que se siguen en la Administración de Justicia de Andorra, por lo que ninguna competencia tiene sobre ella el presidente del Tribunal Supremo del Reino de España".

Lejos de detenerse en el caso concreto, el trabajo aprovecha para delimitar la colaboración institucional entre las Cortes Generales y la máxima autoridad judicial en España, encargada de recibir y analizar las peticiones de documentación formuladas por otros poderes del Estado. El CGPJ deja claras en qué condiciones se pueden proporcionar los papeles requeridos y cuándo no, asunto de gran relevancia para el funcionamiento de las comisiones de investigaciones que se han constituido tanto en el Congreso como en el Senado en la presente legislatura para depurar responsabilidades políticas en diferentes materias.

A este respecto, el máximo órgano de gobierno de los jueces recuerda que la investigación parlamentaria "no puede afectar a las resoluciones judiciales ni incidir sobre la labor de los tribunales", por lo que toda petición de documentación existente en órganos judiciales españoles se entiende "no procedente" y así tendría que trasladárselo el presidente del CGPJ a la Presidencia de la Cámara legislativa que hubiera formulado dicha petición.

Margarita Robles dijo en febrero que, si hay una investigación en los tribunales, no es necesaria en el Parlamento

De esta forma, los comisionados que investigan en el Congreso la financiación irregular del PP ya saben a qué se enfrentan cuando cursen al CGPJ requerimientos de información relacionados con lo que se pretende clarificar, dado que la 'caja B' de esa formación política está siendo ya objeto de investigación judicial. Fue el mismo argumento que esgrimió el pasado 26 de junio el ex tesorero popular Luis Bárcenas cuando compareció ante dicha comisión: guardó silencio porque sus respuestas podrían perjudicarle en el juicio del caso Gürtel. Esta semana, concretamente el próximo jueves, están citados otros cuatro tesoreros de la formación conservadora: Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Carmen Navarro, actualmente en el cargo. Se da por seguro que Lapuerta no comparecerá debido a su estado de salud.

El pasado 14 de febrero, la magistrada en excedencia y actual portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ya defendió que, "cuando hay procedimientos judiciales, no es necesario" abrir investigaciones parlamentarias aunque tampoco lo veía incompatible. La entonces presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara Baja defendió esta postura cuando los grupos discutían si había que abrir una comisión específica para depurar las responsabilidades políticas del ex gobernador de Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordónez por la salida a Bolsa de Bankia.

En todo caso, sostiene el CGPJ, es el juez que instruye el caso en cuestión quien debe valorar la concurrencia de los límites constitucionales a los que está sujeta la colaboración con las cámaras "en interés de la preservación y garantía de la independencia judicial". Ello significa que es el magistrado quien, ante una solicitud de documentación de un caso judicializado, debe informar si las actuaciones son o no secretas, si los derechos fundamentales de las partes pueden quedar afectados y si la investigación judicial puede resultar "entorpecida" por la comisión de investigación parlamentaria.

Cuatro comisiones

"En función del contenido del informe del órgano jurisdiccional podrá acordarse la remisión de la petición al órgano judicial para que atienda, en la medida que considere procedente, respetando los límites constitucionales de aplicación, lo pedido por el órgano parlamentario solicitante, o, por el contrario, la comunicación a la Presidencia del Congreso de los Diputados de la imposibilidad de acceder a su petición por el perjuicio para la investigación judicial y para el Poder Judicial en su funcionamiento constitucionalmente establecido", expone el CGPJ.

En las Cortes españolas hay actualmente constituidas cuatro comisiones de investigación, un hito en la historia del parlamentarismo español. A las ya citadas de la utilización partidista de los medios del Ministerio del Interior para hostigar supuestamente a rivales políticos y de la financiación irregular del PP se suman la que indagará en la crisis bancaria y la que, a instancias de los populares, se ha creado en el Senado para investigar las finanzas de todos los partidos políticos.