La presidenta del Congreso, Ana Pastor, no parece tener intención de convocar a la Diputación Permanente antes del día 20, por lo que las distintas peticiones de comparecencias parlamentarias, de producirse, tendrían lugar en septiembre. En todo caso, todo depende del ímpetu con que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, insista en querer ver a Mariano Rajoy en un pleno extraordinario dando cuenta de los casos de corrupción del PP, una cita que, a juicio de los populares, sólo sirve para erigir a Iglesias «en presidente de la oposición», al tiempo que deja al líder socialista, Pedro Sánchez, «fuera de juego».

Lo cierto es que Iglesias no ha insistido mucho en una petición que, tras la declaración del jefe del Ejecutivo ante el tribunal de la Gürtel el pasado día 26 de agosto, parecía urgentísima para la salud democrática del país. Las dudas de Ciudadanos y del PNV de secundar la iniciativa, formaciones sin las cuales no pude prosperar la petición, parecen haber atemperado el ansia del líder de Podemos. Más sorprendente resulta para Moncloa y PP que los socialistas se sumaran a la propuesta de Podemos, por entender que su secretario general, Pedro Sánchez ,»no lo va rentabilizar» al no tener asiento en el Congreso.

Un pleno de esas características, «sólo sirve para que se luzca Iglesias frente a Margarita Robles»

Un pleno de esas características, «sólo sirve para que se luzca Iglesias frente a Margarita Robles», quien en calidad de portavoz del Grupo Socialista sería la encargada de intervenir en ese pleno. Fuentes parlamentarias populares invitan al PSOE a que «se acuerde de Hernández Mancha», en referencia al sucesor y antecesor de Manuel Fraga entre 1987 y 1989, un liderazgo fallido en parte por no tener escaño en el Congreso aunque la principal causa de su caída fue la guerra interna de la entonces Alianza Popular.

La petición de Iglesias «no beneficia a Sánchez» y permite consolidar a Iglesias como líder de la oposición, por eso, desde Moncloa creen que la estrategia de los podemitas va una vez más destinada a «tensar y desgastar» al PSOE que contra el propio presidente del Gobierno, a quien tampoco entusiasma precisamente la idea de tener que comparecer en mitad del verano.

La presidencia del Congreso deja un margen vacacional a los diputados de unos quince o veinte días en agosto

Los populares defienden que no hay ninguna causa sobrevenida para forzar esta comparecencia, por mucha escenificación que hiciera Iglesias en la rueda de prensa que siguió a la declaración testifical de Rajoy ante el tribunal que juzga la primera etapa de la Gürtel. De hecho, Sánchez, pidió, en una declaración leída, su dimisión, pero nada de comparecencias monográficas. Fue después cuando se sumó a la petición de Podemos para que Rajoy «explique los motivos por los que se niega a asumir responsabilidades políticas por los casos de corrupción que se han puesto de manifiesto en el PP y que han motivado que haya tenido que declarar en la vista oral del caso Gürtel», según reza la petición conjunta que ambos grupos dirigieron a la presidenta del Congreso solicitando la convocatoria de la Diputación Permanente. Es a la Diputación a la que corresponde debatir y votar la comparecencia del presidente del Gobierno.

Tradicionalmente, la Cámara Baja deja un margen vacacional a los diputados de unos quince o veinte días en agosto, cosa que no pasó el verano de 2016 con un Parlamento pendiente bien de un debate de investidura o de una nueva convocatoria electoral. Los plenos extraordinarios en agosto han sido con cuentagotas. El 26 de agosto de 2002 se reunió para solicitar al Supremo la ilegalización de Batasuna. El 23 de agosto de 2011, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero y en plena crisis económica, aprobó la reforma del artículo 135 de la Constitución para incorporar el concepto de estabilidad presupuestaria.

Un pleno extraordinario en agosto costaría un mínimo de 60.000 euros sólo en gastos de traslado de sus señorías

El antecedente que puede justificar una nueva comparecencia de Rajoy en pleno estío lo encontramos el 1 de agosto de 2013, cuando dio cuenta ante el pleno del Congreso, -aunque la cita se celebró en el Senado por obras en la Cámara Baja-  del «caso Bárcenas» so amenaza del PSOE de presentar una moción de censura. «Le apoyé, creí en su inocencia y me equivoqué. Y este ha sido todo mi papel en esta historia», dijo el inquilino de la Moncloa para justificar su «Luis sé fuerte», vía sms.

La del presidente del Gobierno no es la única petición de comparecencia. También se ha reclamado la de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para que explique la proclama franquista que la Agrupación de Apoyo Logístico número 61 del Ejército de Tierra hizo el pasado 18 de julio afirmando que «en este día de 1936, oficialmente, se inicia en toda España un alzamiento cívico militar, en el que participa la mayoría del Ejército. Es un día importante en la historia de nuestra patria que merece ser recordado, para que las generaciones futuras eviten el que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico. Los pueblos que olvidan su historia están irremisiblemente condenados a repetirla».

Días libres para los funcionarios

En caso de que se le acumularan a Pastor muchas peticiones de comparecencia, podría adelantar la convocatoria de la Diputación Permanente para tratar sobre un pleno extraordinario que costaría a los españoles, como mínimo, 60.000 euros para organizar el traslado a Madrid de sus señorías. «Un dinero en realidad destinado a que Iglesias se consolide en la oposición», insisten desde el Gobierno. A los funcionarios que tuvieran que trabajar en mitad de la canícula se les recompensaría no económicamente, sino con días libres.