Ignacio González ha superado los tres meses y medio en prisión y sin visos de que pueda recuperar la libertad a corto plazo: al juez que instruye el caso Lezo no le ha convencido el argumento invocado por la defensa del ex presidente de la Comunidad de Madrid para que se le fijara una fianza a su alcance -el “desgaste físico y psíquico”– y ha descartado por ahora su excarcelación al seguir apreciando riesgo de fuga y peligro de que pueda alterar pruebas si está en la calle. La Fiscalía tampoco ha aceptado su petición de arresto domiciliario y esta semana calificaba de “insólita” la petición presentada, criticando que el único motivo para su excarcelación es que al ex dirigente “no le gusta estar en prisión”. Lejos del ático de Estepona (Málaga), por cuya polémica compra está siendo investigado junto a su mujer y el presidente del Atlético de Madrid, González pasa su primer mes de agosto entre rejas mientras avanzan las pesquisas que deberán determinar si se utilizó la empresa pública de aguas Canal de Isabel II para el desvío de fondos públicos.

El sucesor de Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo madrileño ingresó en la noche del pasado 21 de abril en la prisión madrileña de Soto del Real, donde ocupa celda en el módulo 10. Fue trasladado días atrás desde el módulo 1 cuando todavía se encontraba privado de libertad su hermano Pablo, también detenido durante la Operación Lezo y que pudo salir de la cárcel el pasado 27 de julio tras rebajarle el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón el importe de la fianza de cuatro millones a 200.000 euros.

Ignacio González es compañero de módulo de otro ilustre recluso de Soto del Real: el empresario Gerardo Díaz Ferrán, encarcelado desde las vísperas de las Navidades de 2012. En el marco de la bautizada como operación Crucero, el juez Eloy Velasco -anterior instructor de los casos Lezo y Púnica y hoy magistrado en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional– mandó a la cárcel al sucesor de José María Cuevas al frente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) acusado de la comisión de delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible. Después de cuatro años y siete meses, el ex dueño de Marsans disfrutó a principios de julio de su primer permiso penitenciario (de cuatro días).

El ex presidente de la Comunidad de Madrid ha alcanzado los tres meses y medios en prisión y sin visos de que pueda abandonarla a corto plazo

Durante la mayor parte de su estancia en Soto del Real, González ha permanecido en el módulo 1, donde están internados unos 110 presos mayoritariamente preventivos y que han delinquido por primera vez. Es su primera experiencia carcelaria. Fuentes penitenciarias consultadas por este diario dijeron que los reclusos de este módulo no están vinculados a “delitos aberrantes” y que abundan los relacionados con delitos económicos, oscilando la edad de los reclusos entre los 45 y los 70 años.

Es el módulo en el que también han estado Ángel María Villar, su hijo Gorka y el ex vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan Padrón, tras su detención en la Operación Soule. Nada más salir de prisión el pasado martes tras depositar los 300.000 euros de fianza, el ex mandamás del balompié tuvo palabras cariñosas para los reclusos. “[Quiero] dar las gracias a los presos del módulo 1 por el cariño y el afecto que han tenido con Juan Padrón, Gorka Villar y mi persona. Les deseo que tengan suerte en sus litigios y espero verles en la calle”, declaró a los periodistas que lo esperaban a las puertas del centro penitenciario.

Precisamente fueron los hermanos González los cicerone de los Villar en el penal madrileño hasta que los primeros fueron trasladados recientemente al módulo 10, donde permanecen entre 120 y 130 presos que ya están más amoldados a la vida penitenciaria. También son mayoritariamente preventivos, es decir, aún no han sido condenados. Y, a diferencia del uno, en éste sí hay reincidentes. “Por lo general, la gente es tranquila, se respetan entre ellos”, añaden.

Funcionarios cuestionan el supuesto “desgaste físico y psíquico” del preso: “No hay variables que confirmen una alerta” sobre su estado de salud

¿La prisión ha supuesto tanto desgaste para Ignacio González, como ha expuesto en el escrito con el que le pedía al juez que le ponga en libertad? Fuentes penitenciaras consultadas por este periódico se apresuran a descartar la existencia de señales de alarma. “No hay variables que confirmen una alerta específica. Si se hubiera visto el menor síntoma hubiera ido rápidamente a la enfermería”, explican las fuentes. Éstas aportan otro indicio más para cuestionar la razón esgrimida por González ante el juez: no se ha activado el Plan de Prevención de Suicidios (PPS). La inclusión en este programa está regulada por la instrucción 5/2004 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que obliga a poner en conocimiento de la Junta de Tratamiento la inclusión de un preso en este programa especial en su primera sesión ordinaria.

Las fuentes sí confirman que el ex presidente de la Comunidad de Madrid ha perdido peso, si bien consideran que esta situación es relativamente frecuente cuando se ingresa en prisión por la situación de angustia que genera la pérdida de libertad. El ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que estuvo 31 meses en prisión preventiva por su responsabilidad en los hechos que se investigan en el caso Púnica, llegó a perder 12 kilos. Ignacio González no tiene prescrita dieta alimentaria específica ni complemento vitamínico. Tampoco medicación, según las fuentes.

Después de más de tres meses en prisión, la duda es cómo reaccionará ahora el ex presidente madrileño después de que su hermano Pablo haya conseguido recuperar la libertad y después de que el juez García-Castellón haya descartado por ahora ponerle una fianza a su alcance para poder salir a la calle. “Ahora es cuando será cuestión de evaluarlo, después de que haya salido su hermano y él no sepa qué va a pasar con él. Ello puede aumentarle la angustia”, explican.

Ignacio González ‘guió’ a los Villar en prisión y hoy es compañero de módulo del empresario Díaz Ferrán, encarcelado desde finales de 2012

Lejos de atender los argumentos de la defensa de González, el instructor mantiene que todos los indicios recabados apuntan en la dirección de que Ignacio González pudo tener un “papel decisivo y necesario” en los delitos que se investigan en la trama Lezo: malversación, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohecho y blanqueo de capitales. “Asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa”, expuso en el auto por el que decidió mantener al ex presidente de la Comunidad de Madrid en prisión.

Por contra, su defensa niega el riesgo de fuga y que pueda sostenerse ya el argumento del riesgo de ocultación, manipulación o destrucción de pruebas: “Hace ya 22 meses que mi mandante es objeto de investigación, 19 de ellos en secreto de actuaciones, sin que él, en consecuencia, haya tenido la menor noticia de cuantas diligencias se estaban efectuando para conocer sus actividades, bienes y relaciones”, argumenta. En su opinión, toda documentación que pudiera ser fuente de prueba “obra ya en poder del juzgado”.

Líneas de investigación

La instrucción del caso Lezo se ramifica en diversas líneas de investigación en las que Ignacio González habría tenido supuestamente un papel relevante. Uno de los ejes de la causa es la operación de compra del 75% del capital de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes SA por parte del Canal de Isabel II a través de su filial en Latinoamérica, la sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) por 21,4 millones de euros. El juez Eloy Velasco considera que esta inversión se hipervaloró “ficticiamente” y sugiere un desvío de fondos. En concreto, el magistrado ha llegado a cuantificar en “25 millones de dólares” la supuesta “malversación y lesión al patrimonio público” de esta operación, en la que no hubo valoración independiente y en la que se despreció un informe de auditoría que advertía de riesgos.

También se investiga el presunto pago de una comisión ilegal de 1,4 millones a González como contraprestación por la adjudicación a OHL del contrato para la construcción y posterior explotación de la línea de ferrocarril Móstoles-Navalcarnero en 2007 y la adjudicación a una empresa de su entorno familiar de la construcción y explotación del campo de golf del Canal, así como la petición que presuntamente hizo al consejero delegado de la empresa pública ICM en su etapa como Vicepresidente de la Comunidad de Madrid para “sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid”.
El ex presidente madrileño es junto a Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente ejecutivo de Inassa, el único detenido en la operación Lezo que permanece en prisión. Aparte de Pablo González, el juez ya puso en libertad a la ex directora financiera de Canal Gestión María Fernanda Richmond tras depositar ésta la fianza de 100.000 euros. Fue días después de haber prestado declaración de forma voluntaria ante el instructor de la causa.