Pablo Iglesias continúa su huida hacia delante para controlar la Comisión de Garantías de Podemos, el órgano disciplinario del partido, después de la rebelión desatada tras el expediente abierto a la presidenta del tribunal, Olga Jiménez, por cuestionar los nuevos estatutos. La ejecutiva del partido ha decantado la balanza hacia sus afines, reduciendo el número de miembros del ‘tribunal’ y asegurándose una mayoría partidaria para disponer sobre este órgano, el más sensible de la formación. El conflicto del tribunal disciplinario del partido culminó hace semanas con un conflicto de legitimidades y la ruptura del órgano en dos.

El líder de Podemos ya se ha pronunciado y reconocido la legitimidad sólo de la parte del órgano que le es afín, renegando de los miembros que criticaron los nuevos estatutos del partido. El aparato morado ha difundido esta mañana un comunicado de prensa en el que se hace eco de un supuesto pleno al que, según ha podido saber este periódico, acudieron tres de los nueve miembros del órgano, todos ellos afines a Iglesias. De esos tres integrantes, dos han sido acusados de fraude en la presentación de sus candidaturas.

En estos momentos existen dos Comisiones de Garantías paralelas en Podemos que no se reconocen entre sí. Una está presidida por Olga Jiménez, la más votada en Vistaelgre II, a la que la ejecutiva de Pablo Iglesias abrió un expediente después de que cuestionara los nuevos estatutos, aprobados por la cúpula de Podemos. La otra comisión está liderada por Argiro Giraldo, uno de quienes denunciaron a Jiménez y que más tarde se autoproclamó presidente del tribunal. Este último tribunal, bautizado por la otra parte como “comisión usurpadora”, está compuesto por el propio Giraldo y por dos miembros más, uno de ellos es Isabel Serrano, inhabilitada por la Comisión paralela por presentarse a la elección del órgano sin estar inscrita en Podemos.

Esta segunda comisión, formada por tres personas, es la que se reunió este miércoles mediante pleno telemático, a través de un canal de mensajería instantánea, y la que tanto Iglesias como el aparato morado reconocen como única legítima. Aunque al pleno sólo acudieron estas tres personas, ya son la mayoría de los cinco miembros titulares, aunque desde el nacimiento de Podemos siempre se había tenido en cuenta a los 10 miembros, titulares y suplentes.

La ejecutiva pasa por alto la inhabilitación de un miembro

En el escrito distribuido a la prensa asegura que la “mayoría” de los cinco miembros titulares de la Comisión de Garantías se reunió este miércoles para ratificar el expediente abierto contra la presidenta. Los tres miembros que habían denunciado a Jiménez fueron los únicos integrantes de ese pleno, en el que se ratificó el expediente a la presidenta. También acordó dejar sin efectos “por inexistentes e ilegales” todas las “actuaciones, instrucciones, nombramientos o comunicación que a nombre de la Comisión hubiere realizado la suspendida Olga Jiménez”. De esta forma, los autoerigidos como “comisión de Garantías” dejan sin efecto la inhabilitación a Isabel Serrano, una miembro titular imprescindible para mantener esa mayoría.

Con el apoyo de la ejecutiva a este órgano reducido, la cúpula de Iglesias da validez a que los miembros de este tribunal sean juez y parte e instruyan el caso de Jiménez, que ellos mismos han denunciado. Con ello, también dan legitimidad a Giraldo, afín a Iglesias, y aseguran el control del órgano más sensible de la formación, con tres afines en un tribunal que antes contaba con diez personas con derecho a voto y que ahora se han reducido a cinco. Además, y según el comunicado, Jiménez estaría “suspendida” de sus funciones, aunque la interesada no habría recibido notificación alguna al respecto. Dando legitimidad a esta suspensión, la cúpula de Iglesias consigue dar legitimidad a un presidente oficialista y pasar por alto la inhabilitación de Serrano para seguir imponiendo su mayoría.

El expediente a Jiménez se abrió porque llevó a votación un dictamen que anulaba los nuevos estatutos de Podemos, elaborados por el secretario de Pablo Echenique, y aprobados por el Consejo de Coordinación, la ejecutiva elegida por Iglesias. En esa votación participaron todos los miembros del tribunal, tal como se acordó el pasado 17 de febrero. El dictamen de anulación se aprobó el 28 de julio contando todos los votos, pero los estatutos sólo daban el derecho a voto a los cinco titulares; es por ello que los tres miembros de la Comisión denunciaron a la presidenta por inclumplir este reglamento, que sin embargo entró en vigor el unos días más tarde, el 4 de agosto, cuando se registró en el Ministerio del Interior, según la disposición final primera de esos mismos estatutos [Consulte los Estatutos de Podemos].

Sin embargo, el comunicado oficial remitido por Podemos asegura que “solamente éstos -los plenos con los cinco miembros titulares- serán plenos oficiales y únicamente éstos serán capaces de producir los efectos jurídicos que de ellos se deriven: resoluciones, acuerdos, dictámenes, directivas y nombramientos que sean aprobados y emitidos por el mismo Pleno”.

Anticapitalistas se suma a la rebelión: “Los estatutos no coinciden con lo aprobado”

Las protestas por el golpe de mano de Iglesias comenzaron hace un mes, con la apertura de expediente a Olga Jiménez después de que anulara los estatutos. Hasta el momento, representantes de 11 de las 16 comisiones de garantías autonómicas han mostrado su respaldo a la presidenta, y la rebelión llegó a las bases con una recogida de firmas en pro de una comisión de garantías independiente. Una corriente del partido, Profundización Democrática, elevó esta semana la causa a los tribunales y presentó una demanda colectiva en la que denunciaba el nuevo reglamento de Echenique por “extralimitarse” respecto a lo votado en los documentos de Vistalegre II.

Ahora Anticapitalistas, la tercera corriente del partido, es la que ha salido en defensa de la presidenta expedientada. En un comunicado [consultar aquí en PDF] distribuido este jueves, la corriente liderada por el eurodiputado Miguel Urbán y la líder andaluza, Teresa Rodríguez, advierte que “está en juego” la independencia de este tribunal interno y señala que “los estatutos actuales no coinciden con los documentos aprobados incluyendo elementos nuevos y reforzando un modelo de partido más centralizado y menos garantista”.

“Por eso coincidimos con quienes plantean desde la Comisión de Garantías que los estatutos no son válidos”, señala el escrito, que asegura que los estatutos deben rectificarse y ser sometidos a votación. En este punto, asegura que la manera de solucionar los conflictos debe primar “una cultura de la cooperación más que la de la confrontación, sin acudir a los tribunales ni acelerando procesos de expulsión”, ha asegurado, en relación con la denuncia y con la suspensión de la presidenta del órgano.