El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dictado sendos oficios en los que ordena al fiscal superior de Cataluña realizar las primeras citaciones a los alcaldes que han anunciado que colaborarán con el referéndum del próximo 1 de octubre, y que son los que tienen condición de aforados por ser cuatro de ellos diputados autonómicos y otro diputado en el Congreso.
Así, deberán declarar ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como investigados, asistidos de abogados, los primeros ediles de Mollerussa (Marc Solsona), Seo de Urgell (Albert Batalla), Valls (Albert Batet) y Villanova i la Geltú ( Neus LLoveras); y ante la Fiscalía del Supremo el alcalde de Tortosa Ferrán Bel, que es diputado nacional.
Ellos forman parte de la lista de 712 alcaldes a los que Maza pidió citar como imputados por firmar decretos para ceder locales al Govern de la Generalitat para organizar el referéndum soberanista del 1 de octubre. Pero, debido a su aforamiento, los diputados autonómicos solo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia catalán y el diputado nacional por el Tribunal Supremo.
Así, Maza se ha dirigido al fiscal superior de Cataluña y al fiscal jefe de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que procedan a incoar diligencias de investigación para determinar si esos ayuntamientos cooperan en la organización del 1-O y para citar como investigados a los cinco alcaldes.
Fuentes de la Fiscalía han explicado que cada fiscalía provincial realizará las gestiones oportunas para determinar si hay más alcaldes aforados y, una vez que se confirme, se procederá del mismo modo con ellos.
A diferencia del oficio que remitió Maza a esas fiscalías provinciales esta semana para pedir que se investigara a los alcaldes, en esta ocasión no pide la detención de los citados si se niegan a comparecer.
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