Desde que el pasado junio Carles Puigdemont anunció la convocatoria de un referéndum independentista el 1 de octubre, el Gobierno catalán se ha esforzado por convencer a los catalanes de que la convocatoria sería legal y se desarrollará como una convocatoria electoral normal. «Votaremos como siempre» fue el leitmotiv de la presentación en sociedad de la convocatoria en el Teatre Nacional de Cataluña. No en vano una de las condiciones más claras de la CUP para sostener al gobierno Puigdemont fue la convocatoria de una consulta vinculante asociada a una proclamación de independencia, dejando bien claro que no se conformarían con una repetición del 9-N. Sin embargo, a medida que pasan los días y se acerca la cita, eso es exactamente lo que está sucediendo: el 1-O se parece cada vez más al 9-N.

El dispositivo electoral para las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2015 movilizó durante la jornada electoral del 27 de septiembre 77.470 personas, entre miembros de las mesas electorales y representantes de la Administración. En el conjunto de Cataluña había 24.531 miembros titulares de las mesas electorales y 49.062 miembros suplentes para atender 2.702 colegios electorales y 8.177 mesas electorales. La Generalitat no ha aclarado todavía el dispositivo con el que cuenta teóricamente para el referéndum del domingo, pero las 6.000 urnas con las que asegura contar Puigdemont muestran que el objetivo de llegar al mismo número de colegios que en una convocatoria oficial hace tiempo que se ha abandonado.

La cifra remite, de hecho, a las del 9-N de 2014, cuando se abrieron un total de 1.137 locales como colegios con 6.695 mesas electorales con urnas de cartón que podríamos volver a ver el 1-O. El Govern licitó en julio la compra de urnas de metacrilato y cartón, pero esas urnas se han convertido en el objeto más buscado en Cataluña en las últimas semanas. Puigdemont se ha vanagloriado de disponer no de 6.000, sino de 18.000 urnas escondidas, como avanzó El Independiente.com, pero no será fácil distribuirlas en más de 2.000 colegios esquivando el dispositivo policial ordenado por la Fiscalía para sellar todas las sedes electorales desde el viernes.

En cuanto a los integrantes de las mesas electorales, el decomiso por parte de la Guardia Civil de 45.000 notificaciones en la empresa Unipost bloqueó la comunicación al 80% de los elegidos, según ha reconocido la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Pese a todo, la Generalitat ha conseguido hacer llegar a algunas personas su designación como miembro de las mesas, como anunció la misma. Unas designaciones a las que no se pueden oponer ante ningún organismo electoral oficial, pero tampoco parece que vaya a haber una autoridad dispuesta a multar a los no presentados. Por ello, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha apuntado que las mesas se constituirán con los primeros votantes que se personen en los colegios electorales, lo que en la práctica supone el recurso a voluntarios para gestionar los colegios, como los 30.000 voluntarios que en 2014 soportaron el operativo de la consulta.

Colegios incómodos y órdenes orales

El anuncio de votar en los colegios electorales es otra de las promesas en entredicho. No sólo por las dificultades de comunicación de los centros de votación, sino sobre todo porque la publicación del listado ha puesto de manifiesto las reticencias en algunos de los centros designados por la Generalitat sin conocimiento de sus titulares, como es el caso de los colegios concertados. Además la advertencia remitida el pasado viernes por el delegado del Gobierno, Enric Millo, a los directores de todos los institutos catalanes han hecho que se repitan las tensiones que ya se vivieron en la cita de 2014. Entonces como ahora la Conselleria de Enseñanza aseguraba que los directores de los centros no tienen ninguna responsabilidad sobre la cesión de los espacios para la consulta, pero lo cierto es que tanto entonces como ahora las ordenes que reciben de la conselleria son solo orales.

En 2014 se reunió a los directores en dependencias de Servicios Territoriales, ahora han sido funcionarios del Departamento los que han recorrido los institutos para recoger las llaves de los centros, argumentando que así se asumía la responsabilidad desde la dirección política de Enseñanza, como ha repetido la consellera Clara Ponsatí. Pero no han recibido ningún documento firmado por ningún responsable autonómico que lo diga por escrito.

En lo que todavía no se ha definido un programa de actuación es en el recuento de resultados, una vez autodisuelta la Sindicatura Electoral que debía tutelar el proceso en respuesta a las multas impuestas por el Tribunal Constitucional. Turull aseguró el martes que antes del domingo el Govern anunciaría la creación de una nueva autoridad electoral neutral, que según algunas fuentes podrían encarnar los observadores internacionales invitados por la Generalitat para seguir el proceso. En 2014 la Generalitat distribuyó 3.000 ordenadores comprados por Ensenyament por los colegios electorales para facilitar el recuento, que se completó en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat gestionado por 300 voluntarios.

Sin censo ni sistema de recuento presentado oficialmente, el objetivo de la Generalitat parece ahora conseguir una movilización equiparable, por lo menos, a la del 9-N, y una imagen de represión a la democracia que siga alimentando la sensación de maltrato entre los catalanes que secundan el proyecto independentista.

En la consulta de 2014 participaron 2.305.290 personas de las que el 80,7% votó a favor de la independencia, un 10% a favor de la creación de un Estado pero no de su independencia y solo el 4,5 un no a todo. Sobre un censo de 6.228.531 personas puesto que podían votar todos los residentes legales, españoles o no, mayores de 16 años. La participación igualó, de hecho, los votos obtenidos por CiU, ERC, CUP e ICV -embrión de EnComú Podem- en las elecciones autonómicas de 2012