Medio centenar de representantes de los sindicatos ACAIP, CCOO y UGT se han concentrado esta mañana frente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en protesta por lo que consideran reiterados intentos de «acallar» y «reprimir» la acción sindical en las cárceles con expedientes disciplinarios.

Bajo el lema «Nada que nos pare, nadie que nos calle. Por la libertad sindical de prisiones», la concentración ha comenzado a las 11.00 horas, en coincidencia con la citación que el presidente de ACAIP, José Luis Pascual, tenía en la sede de Instituciones Penitenciarias, en la calle Alcalá, para comparecer sobre el expediente disciplinario abierto por incompatibilidades.

Fue el pasado 18 de octubre cuando Prisiones abrió este expediente contra Pascual por una falta muy grave por incompatibilidades, sancionada con una suspensión de funciones durante un mínimo de tres años y un máximo de seis, según ha explicado a Efe el secretario general de ACAIP, Ignacio Hernández.

«Han conseguido que nos unamos todos los sindicatos menos CSIF», ha señalado Hernández, en tanto que el responsable de UGT Prisiones, Antonio González, ha añadido que por parte de Ángel Yuste, secretario general de Prisiones, «no hay negociación, sino imposición».

La concentración ha recibido con aplausos y vítores al presidente de ACAIP, José Luis Pascual, a su salida de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, donde ha comparecido por este expediente disciplinario, que ha quedado de momento suspendido. «Un expediente no puede ser instruido por alguien que tiene interés en la causa, y estos inspectores estaban designados por Ángel Yuste», con quien ACAIP tiene abiertas varias querellas, ha explicado Pascual.

Así, ahora deben esperar a que se designen nuevos inspectores y a que se traslade la tramitación fuera de Instituciones Penitenciarias. Para el presidente de ACAIP, el principal sindicato de Instituciones Penitenciarias, el expediente abierto contra él se enmarca en un intento de «reprimir» el proceso de movilizaciones que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias están llevando a cabo desde mayo de este año.

Movilizaciones en las que reclaman el cese del secretario general de Prisiones, Ángel Yuste, la cobertura de las 3.500 plazas vacantes y medios para impedir las agresiones a estos funcionarios, que en 2016 se contabilizaron en 360. Además, reclaman el pase de competencias de prisiones al Ministerio de Justicia, «como tienen todos los países de Europa menos Hungría» y no el del Interior, al que se traspasaron en 1995 en el marco de la lucha contra el terrorismo de ETA.