La familia de Ignacio González baraja la posibilidad de pedir un préstamo como fórmula para conseguir el dinero que permita al ex presidente de la Comunidad de Madrid salir de prisión después de casi siete meses, una vez que el juez que instruye el caso Lezo le ha dado la posibilidad de recuperar la libertad si deposita una fianza de 400.000 euros.

Según ha podido conocer El Independiente, el abogado que dirige la defensa contactó en la tarde de este martes con la esposa de González –Lourdes Cavero, también imputada en la causa- tras conocer por los medios de comunicación que la Fiscalía Anticorrupción había informado favorablemente a su petición de libertad bajo fianza a fin de que activara la búsqueda del dinero ante la posibilidad de que su esposo pudiera abandonar la cárcel madrileña de Soto del Real al cabo de casi siete meses. Fue antes de que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dictara el auto con el que suaviza las medidas cautelares impuestas al investigado el pasado 21 de abril tras su detención.

Sobre el papel, Ignacio González carece de medios para hacer frente a la caución fijada por el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, dado que tiene embargados todos sus bienes y bloqueadas sus cuentas corrientes y depósitos. Por este motivo, las principales opciones que sopesa la familia son o bien solicitar un préstamo, o bien pedir prestado el dinero a amigos o familiares.

El ex presidente de la Comunidad de Madrid tiene embargados sus bienes y congeladas sus cuentas bancarias desde su detención en abril

El ex presidente de la Comunidad de Madrid tiene congeladas sus cuentas desde un día antes de que Eloy Velasco -instructor que inició el caso Lezo y actualmente en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional- dictara prisión incondicional por su presunta responsabilidad en la trama corrupta que se investiga. El hecho de que estén bloqueados los sus saldos bancarios ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el abogado de González en sus peticiones de excarcelación, al entender que sin la posibilidad de disponer de recursos económicos era «imposible» que su cliente pudiera darse a la fuga.

La congelación de las cuentas es otro de los frentes de batalla que mantiene la defensa del ex presidente del Ejecutivo de Madrid, para quien la decisión judicial está basada en la presunción de que el dinero es ilícito sin que ello -sostiene- se haya acreditado en las actuaciones. El letrado también ha intentado sin recurrido la autorización concedida por el juez Velasco para que los vehículos intervenidos a Ignacio González y a su esposa -un Smart Fortwo Coupé y un BMW 330D- pudieran ser utilizados por la Guardia Civil.

Frente a lo que sostiene el investigado sobre la inexistencia de fondos fuera de España, García-Castellón considera indiciariamente que la estructura societaria constituida por la trama «oculta» en al menos cuatro países -Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y Reino Unido- el «dinero público desviado». «Los elementos probatorios que se están recabando evidencian que el reparto de papeles entre los miembros de la organización facilita el retorno del capital oculto bajo la instrumentalización de préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal», sostiene el magistrado.

El juez García-Castellón cree que, a través de la estructura societaria creada, González «oculta» en varios países «el dinero público desviado»

El actual instructor mantiene la tesis de Eloy Velasco, que mantiene desde el inicio que Ignacio González «posee gran cantidad de dinero en efectivo de origen indeterminado” relacionado «con las supuestas actividades criminales» objeto de investigación y de su interés en constituir sociedades diversas para, «a través de destrezas financieras orientadas a velar la titularidad real», aflorar el dinero de procedencia ilícita. «Existe una pluralidad de indicios que apuntan a que el ex presidente de la Comunidad de Madrid maneja dinero en efectivo en importantes cantidades y cuyo origen debe ser comprometido en orden a la serie de operativas que articula para introducirlo en el sistema financiero legal”, defendía Velasco en el auto por el que lo mandó a prisión incondicional.

El caso Lezo tiene su origen en una investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción en 2015 y judicializada un año después, después de que el Gobierno de Cristina Cifuentes -su sucesora al frente del Ejecutivo madrileño- pusiera en conocimiento del Ministerio Público las conclusiones de una auditoría interna y que arrojaba dudas sobre el importe, los plazos de compra y las fórmulas de pago en la compra del 75% de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. Las alarmas se encendieron tras constatar el nuevo equipo que más del 75% del dinero se había pagado en Suiza y que la operación se materializó de forma demasiado rápida.

Investigación desde 2015