El ex presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, el secretario general del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), David José, y el abogado del SPC y de ACVOT, José María Fuster-Fabra, reclaman a los Mossos d’Esquadra toda la documentación sobre los seguimientos de los que supuestamente fueron objeto desde 2015 en tres querellas por prevaricación, malversación de caudales públicos, descubrimiento y revelación de secretos presentadas esta mañana ante la justicia.

Todas ellas hacen referencia al presunto espionaje del que fueron víctimas los tres querellantes, así como la familia de José, incluido su hijo menor de edad, según la información que ha trascendido de la documentación que los Mossos intentaron destruir el pasado 26 octubre, cuando fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional. Una documentación que la policía debe poner en manos de la Fiscalía en las próximas horas, según diversas fuentes.

Los tres afectados tuvieron conocimiento del presunto espionaje a través de varias informaciones periodísticas, en las que se afirma que, entre la documentación que la Policía Nacional intervino a los Mossos d’Esquadra el pasado 26 de octubre, cuando la llevaban a incinerar, había informes que probarían los seguimientos. Unos seguimientos que habrían tenido por objeto dirigentes de entidades civiles como Bosch, miembros de la policía autonómica o dirigentes políticos, todos ellos con un único común denominador, el de no ser adeptos al independentismo.

Las querellas presentadas esta mañana atribuyen los delitos a «los funcionarios del Cuerpo de Mossos D’Esquadra que realizaron los seguimientos y elaboraron los informes referidos en el contenido de la presente querella, así como contra todas aquellas personas, funcionarios o no, que dieron las órdenes para efectuar tales hechos» cuya identidad Fuster-Fabra ha reconocido desconocer. En la cúpula del entramado los querellantes sitúan al ex major de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Para esclarecer los hechos, la querella presentada por Bosch exige a la Policía Nacional la información intervenida a los Mossos, y a éstos la entrega de toda la documentación en su poder sobre los seguimientos de los que fue objeto el ex líder de SCC. Insta además al instructor al tomar declaración a todos los miembros de la UCRO -la unidad de investigación de los Mossos a la que se atribuye el espionaje- implicados en los seguimientos.

Sindicatos espiados por el Cesicat

Tras la presentación de su querella, el sindicalista David José ha asegurado que no es la primera vez que el SPC es objeto de espionaje y ha confirmado que «hace años» que ya notan que van detrás suyo, en alusión al supuesto pirateo de su web, tras el que el sindicato policial mayoritario ve la mano del Cesicat, dependiente de la Generalitat.

Según ha informado hoy el dirigente sindical en rueda de prensa, el objetivo de la denuncia es «depurar la responsabilidad de las personas que, al margen de la actividad judicial, han usado recursos públicos» para obtener información sobre él, su hijo de quince años y su ex mujer.

Por otra parte, Fuster-Fabra, que asesora jurídicamente al SPC, ha explicado que, como no conocen la identidad de las personas que ordenaron los supuestos espionajes, han requerido tanto a la Policía Nacional como a los Mossos d’Esquadra que aporten toda la información que tengan en relación con los presuntos seguimientos ilegales.

En la querellas, Fuster-Fabra señala que «según la información publicada, durante el mandato de Trapero, la Unidad UCRO centrada en el espionaje, se dedicaba al hackeo de ordenadores, mails y teléfonos, violando así la intimidad de las personas a las que seguían, entre ellos supuestamente mi mandante».

Y añade, en el caso de Bosch, que «encontramos de especial gravedad el hecho de espiar a una persona por sus posibles ideas políticas, con la finalidad única y exclusiva de vincularlo con la extrema derecha y de esta forma desacreditar su actuación como miembro de una asociación que empezaba a tener notoriedad en la sociedad civil catalana». De esta forma, concluye, «se utilizaron recursos públicos para espiar a mi mandante sin la correspondiente orden judicial. Lo cual podría incardinarse en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos».