Un sindicato de mandos de los Mossos d’Esquadra ha reconocido la existencia de “directrices políticas” en el operativo desplegado el pasado 1-O y ha mostrado su preocupación por las consecuencias penales que dicha actuación puede tener ahora para muchos agentes de la Policía de la Generalitat, ante la investigación abierta por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela derivada de la inacción del Cuerpo el día del referéndum ilegal.

Así se ha manifestado el Sindicato de Mandos de la Escala Intermedia (Seime) en el comunicado dirigido a sus afiliados tras las reunión que las organizaciones sindicales mantuvieron con la Prefectura y la Dirección General de la Policía Autonómica el pasado 17 de octubre a fin de recibir información sobre los dispositivos desarrollados tanto el 20 de septiembre con motivo de las detenciones y registros ordenados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona -objeto de la causa por sedición que instruye la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional- como el 1-O, día de la votación.

“Desde el Seime mostramos nuestra preocupación a la vez que rechazo por las consecuencias de unas directrices políticas que ya las están pagando funcionarios del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, al tiempo que animamos a nuestros políticos a dar un paso adelante y dar la cara por los profesionales que formamos el Cuerpo de Mossos d’Esquadra”, se lee en el comunicado. Éste arranca con un mensaje de “ánimo y coraje” para el entonces mayor Josep Lluís Trapero, investigado por sedición y destituido por el ministro Juan Ignacio Zoido tras asumir las competencias de Interior en Cataluña en aplicación de las medidas autorizadas por el Senado al amparo del artículo 155.

El Sindicato de Mandos de la Escala Intermedia dice que los agentes ya están pagando las consecuencias de unas “directrices políticas”

La reunión con la dirección de la Policía de la Generalitat se producía después de que la Guardia Civil enviara un atestado a la juez Lamela con 41 vídeos en los que se aprecia la pasividad de los Mossos el día del referéndum a la hora de hacer cumplir la instrucción dictada días antes por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que había ordenado la clausura de los colegios electorales designados por la Generalitat para que no se pudiera llevar a cabo la votación. La instructora ya envió un requerimiento a la Policía Autonómica catalana para que identificara a los funcionarios que aparecen en las imágenes, paso previo a la imputación de un delito de desobediencia.

La magistrada, además, quiere conocer los llamamientos a los efectivos de orden público por parte de las dotaciones que se personaron en los centros de votación, la identificación de todas las personas relacionadas con los documentos emitidos por los agentes que participaron en el dispositivo policial aquel día y la documentación generada por éstos, ante la sospecha de la Guardia Civil de que “maquillaron” los datos de su actuación el 1-O para justificarse ante los jueces.

Dada la importancia de la información solicitada y la trascendencia penal que podría tener para los agentes, el Seime aconsejaba a sus afiliados contactar con los servicios jurídicos del sindicato “antes de validar o enviar ningún documento”.

Esta organización sindical pide a los políticos que “den la cara” por los profesionales que forman los Mossos d’Esquadra

El encuentro tenía lugar también después de que la división de Asuntos Internos de los Mossos abriera un procedimiento de información reservada para valorar si las actuaciones que se aprecian en los vídeos recopilados por la Guardia Civil se enmarcaban “en las órdenes internas recibidas” y si estaban encaminadas a dar cumplimiento a las instrucciones expresas dictadas por jueces y fiscales.

Para algunos sindicatos, esto se interpreta como un cambio de postura de la cúpula de la Policía de la Generalitat, que habría pasado de prometer que “los mandos asumirían toda la responsabilidad” a defender que “cada uno es responsable de sus actos y sabrá lo que ha hecho”. Ésta es la respuesta que la Prefectura y la Dirección General de la Policía Autonómica catalana dio a los sindicatos en la citada reunión a preguntas del representante del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC).

Responsabilidades penales

En defensa de los intereses del colectivo, el SPC está dirigiendo su actuación en varias direcciones. De un lado, ha dirigido un escrito a la Fiscalía Superior de Cataluña para hacerle ver que los agentes que participaron en el dispositivo del 1-O se limitaban a cumplir órdenes, a fin de que queden exentos de las responsabilidades penales que puedan derivarse de las causas que se instruyen.

En el mismo sentido, el sindicato ha pedido a la Jefatura de la Policía Autonómica que asuma las órdenes dadas con motivo de esa actuación, en un intento de ‘blindar’ a los agentes que se desplazaron a los centros de votación y sobre los que se cierne la amenaza de la imputación.