Protesta de pensionistas a las puertas del Congreso.

Protesta de pensionistas a las puertas del Congreso. EFE

Política

El disputado voto del creciente ejército de pensionistas

El futuro de las pensiones se ha situado este mes en el centro del debate político nacional. Los grandes partidos, PSOE y PP, han lanzado sus propuestas para dirigirse a un creciente ejército de votantes que supone la base electoral del bipartidismo, especialmente de los populares. El envejecimiento de la población y la fidelidad del voto de este colectivo ha consolidado al  pensionista como objeto de deseo de los partidos en la precampaña electoral de las municipales y autonómicas de 2019.

Los mayores de 55 años, los agricultores, los pensionistas y las amas de casa son el sustento electoral del partido en el Gobierno. No en vano Mariano Rajoy protagonizó actos en las últimas elecciones generales en hogares del jubilado, con los que jugó al mus, en explotaciones ganaderas o en medio de un campo de alcachofas. Por el mismo motivo, Pedro Sánchez se ha lanzado a celebrar asambleas abiertas para hablar de las pensiones por todas las provincias de España. Ambos dependerán del voto pensionista en dos años y por eso afinan sus propuestas para movilizarlos.

El problema de las pensiones es vital para el colectivo, como está comprobando el líder socialista en sus encuentros cara a cara. Además, el jueves centenares de pensionistas convocados por UGT y CCOO se concentraron a las puertas del Congreso con gritos de “Más pensiones, menos ladrones” y urgieron a su revalorización. A la manifestación, que desbordó las previsiones de asistencia, se sumaron las portavoces parlamentarios del PSOE y de Unidos Podemos, Margarita Robles e Irene Montero, respectivamente, así como varios diputados de ambas formaciones.

El PSOE abrió fuego el 9 de enero en la reaparición de Pedro Sánchez tras las elecciones catalanas del 21-D y las vacaciones de Navidad. En un desayuno informativo, el líder de la oposición propuso la creación de un impuesto a la banca para financiar el sistema de pensiones. Podemos se lanzó a su yugular para reivindicar la paternidad de la medida, que se incluía en su programa electoral de 2015. El PP guardó silencio. Pero al aumentar el clamor social al respecto, los populares también han participado en el debate.

Una veterana dirigente del PP, ex alcaldesa, ex ministra, presidenta de la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo y esposa del estratega del partido Pedro Arriola, colocó en TVE el mensaje del PP a su público: “Cuidado con las pensiones”. La advertencia de Celia Villalobos fue objeto de escarnio en redes sociales y algunos medios de comunicación, ampliando la difusión del discurso de su partido. “El sistema público de pensiones está garantizado hoy”, reiteró el martes por la mañana. A pesar de las mofas, su actuación no pareció una torpeza o un descuido.

“A mí lo que me preocupa es que se le intente decir a los mayores que están cobrando la pensión y en una situación de debilidad brutal que no van a cobrar la pensión. Eso es falso. Eso está garantizado por el Estado”, aseguró. “No es la primera vez que tenemos un problema”, reconoció sobre la petición de un crédito de 15.000 millones al Tesoro para sufragarlas. “En este momento hay 19 millones de cotizantes a la Seguridad Social. En cuatro años se ha incrementado en dos millones cien mil”, explicó, antes de reconocer el aumento de pensionistas previsto en los próximos años procedentes de la etapa del baby boom español. “Tenemos la necesidad de asegurarles a los que hoy están cobrando la pensión que no se preocupen, que su pensión está garantizada. Pero al mismo tiempo tenemos la obligación de decirles a los que hoy tienen 45 años: cuidado, preocuparos por el ahorro. Y ahí vamos a tomar medidas importantes en el Pacto de Toledo para favorecer el ahorro de los trabajadores”, anunció.

Entre esas medidas destacó la separación de las fuentes de ingresos de las pensiones y el fomento de los planes de empresas, antes de afirmar que muchos mayores están más tiempo cobrando la pensión del que han pasado trabajando. “¿Por qué? Porque gracias a Dios, y eso es una gran noticia, nos morimos cada vez más viejos”, aseguró. “Yo tengo 68 años y quién lo diría, estoy divina de la muerte. Mi abuela con mi edad estaba la pobre mucho peor”, explicó, asegurando en todo momento que “las pensiones no peligran”.

Villalobos defendió la existencia del Pacto de Toledo como compromiso de todos los partidos -“que algunos están rompiendo”- de no utilizar las pensiones en la refriega partidista porque afecta a un colectivo “inerme, que no tiene forma de defenderse porque es mayor”.  “En enero el Congreso está cerrado pero nosotros llevamos reuniéndonos todos los miércoles de 11 a 17 horas con comida incluida, y avanzamos para garantizar el sistema público de pensiones que es uno de los grandes éxitos de la sociedad española”.

Horas después fue la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien aparecía en la televisión pública para revelar una propuesta que se estaba analizando en el seno de la comisión. Se trata de ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral de forma voluntaria para beneficiar a los trabajadores que cotizaron más al principio o a la mitad de su vida laboral pero no al final de la misma, ya que, a efectos del cálculo de la pensión, se computaría toda la carrera laboral y no sólo los últimos años, como ocurre ahora.

La ministra explicó que algunos trabajadores tienen cotizaciones muy altas al principio y o la mitad de su vida laboral, pero no al final a causa de la crisis económica, que ha multiplicado los expedientes de regulación de empleo y el trabajo por cuenta propia. “Estamos pensando que pueda tenerse en cuenta, no los últimos años de cotización, sino incluso poder elegir durante toda la carrera laboral porque mejoraría la pensión futura”, anunció Báñez, que indicó que se trata de una propuesta del PP al Pacto de Toledo.

Batalla por la iniciativa

El PP volvía a tomar la iniciativa así en el debate de las pensiones, levantando la indignación del PSOE. Su portavoz en la comisión, Mercé Perea, reprochó esas declaraciones durante la reunión del miércoles en una sonora bronca con Celia Villalobos. Como consecuencia, el consenso y sigilo del trabajo realizado en el seno del Pacto de Toledo hasta ahora se dinamitaba, situando a las pensiones otra vez en el centro de la pugna electoralista.

Ya el viernes, Unidos Podemos registró su propia propuesta al respecto. Con el objetivo de elevar diez puntos el impuesto de sociedades a los bancos y recuperar así parte de los 40.000 millones de euros que recibieron a modo de rescate durante la crisis, Pablo Iglesias presentó su proposición de ley “para el establecimiento de un recargo de solidaridad a las entidades de crédito” que están impulsando en el Congreso.

Con ese incremento del impuesto de sociedades, que Podemos propone fijar durante cinco años, pero con posibilidad de prorrogarlo, se podrían recaudar en ese periodo de tiempo unos 5.800 millones de euros, según Podemos. “Con eso casi podríamos solucionar en problema de la dependencia”, explicó Iglesias en una entrevista en la Cadena Ser, a pesar de que la iniciativa pretendía demostrar que Pedro Sánchez había copiado su propuesta de la de Podemos.

“El PSOE ha dicho que nos va a apoyar, y les damos las gracias. Por fin el PSOE hace algo de izquierdas”, aseguró Iglesias. Sobre el carácter finalista de este impuesto que propone Sánchez para sufragar las pensiones, Iglesias abogó por generar un suelo de ingresos que sirva para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales, desde las pensiones hasta la educación.

Las claves del ‘voto pensionista’

Iglesias trata de subirse al carro de un grupo electoral que hasta el momento le ha dado la espalda de manera mayoritaria. Según el último barómetro electoral publicado por el CIS en octubre, Unidos Podemos sólo recibe entre los mayores de 65 años un ínfimo 4% de intención de voto. Ciudadanos tampoco cala en este grupo de edad, aunque logra un 6,6%. El PSOE (19,6%) y especialmente el PP (29,5%) siguen siendo hegemónicos en la bolsa a la que, habitualmente, se atribuye el peso definitivo sobre los resultados electorales.

Tanto PP como PSOE rentabilizan al máximo su fortaleza en estos tramos de edad, pese a que Unidos Podemos seguía siendo en octubre la fuerza dominante entre los votantes de 18 y 44 años. Sin embargo, el dominio electoral entre los sectores más jóvenes de la sociedad tiene un gran hándicap: votan mucho menos que los mayores.

Según un estudio al respecto elaborado por la empresa Metroscopia, las diferencias generacionales en relación a la participación política son espectaculares. En las elecciones generales de 2008, la empresa estimó que los votantes de entre 18 y 34 años acudieron a las urnas en un 62%. Los de entre 35 y 54 años participaron en un 73%. Los mayores de 55, sin embargo, se lanzaron en masa: votaron el 88% de los electores de este tramo de edad.

La tendencia se ha mantenido en el tiempo, pese a que la irrupción de Podemos y Ciudadanos supuso, en un primer momento, un efecto movilizador que posteriormente desapareció. De las elecciones de 2011 a las de 2015, las primeras en las que concurrieron los nuevos partidos, la participación juvenil aumentó un 8% (del 58% al 66%). En la repetición de los comicios en 2016 el porcentaje volvió a descender al 61%, por debajo incluso que hace una década. El voto de la tercera edad, pese a que también se ha reducido en este tiempo, sigue en el entorno hipermovilizado del 80%.

El peso de este voto es evidente en la demografía española. Según los datos actualizados a principios de 2018, en España hay 8.764.204 personas mayores de 65 años. En las últimas elecciones generales supusieron el 24% del censo electoral. Y la media de edad española es cada vez mayor: se sitúa ya en 43,68 años, y por primera vez ha superado los 50 en tres provincias: Zamora, Ourense y Lugo.

Precisamente la franja de entre los 40 y los 49 es la de mayor prevalencia en la pirámide demográfica de nuestro país. Más de 7,7 millones de votantes. En la década de los 50 hay otros 6,6 millones. En total, 14,3 millones de votos que serán pensionistas a corto o medio plazo, que han crecido con la confianza plena en el sistema de pensiones y para los que la hucha de la Seguridad Social se convierte en una preocupación cada vez mayor conforme se acercan al fin de su vida laboral.

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