La última propuesta de Pedro Sánchez –endosar a la banca el rescate de las pensiones- engarza con la nefasta inclinación de nuestros líderes políticos a arreglar los grandes problemas con parches. La grave crisis del sistema de pensiones requiere una operación a corazón abierto, no otro torniquete. Por eso, la medida que ha planteado el líder socialista este martes sólo puede encuadrarse en la pugna que el PSOE mantiene con Podemos para rebañar votos de la izquierda.

No en vano, Pablo Iglesias no ha tardado en acusar a Sánchez de robarle la idea. Es cierto, la formación morada ya había planteado que los bancos asumieran parte de la factura de las pensiones. También lo es que las propuestas del PSOE y Podemos, al margen de los matices, persiguen más el rédito político a corto plazo que una solución consistente a largo.

De entrada, cargar a los banqueros la responsabilidad de tapar el agujero de las pensiones es una medida condenada al fracaso. ¿Por qué tiene que apechugar con el coste la banca, y no las eléctricas, las constructoras o las petroleras? Todas las entidades financieras usarían ese argumento, básico pero difícil de rebatir, para tumbar el impuesto en los tribunales. Y a la vista de lo que ha ocurrido con el bono social de la luz, tendrían muchas posibilidades de que la Justicia les diera la razón.

La propuesta de Sánchez engarza con la nefasta inclinación de nuestros líderes políticos a arreglar los grandes problemas con parches

Recordemos: el Ministerio de Industria lleva años intentando que las eléctricas sufraguen las ayudas para los hogares que no pueden pagar la luz. Las empresas han recurrido un año tras otro la medida, alegando que la carga debe soportarla el erario público, a través de los Presupuestos Generales del Estado. Y siempre han ganado.

La actitud de las eléctricas puede ser discutible desde el punto de vista ético. ¿Deberían arrimar el hombro cuando sus cuentas de resultados son brillantes y se nutren, en parte, de tarifas reguladas? Para el Gobierno del PP, sí. Para otros partidos, como Podemos, también. Pero en el mundo de los negocios, las ideas políticas, la moral de los votantes y la legislación vigente circulan por caminos que no siempre coinciden.

Para que una medida de tal calado salga adelante, debe cimentarse en argumentos jurídicos sólidos. Apelar sólo a la justicia social, a la fibra sensible, sirve para ganar votos, pero no para atajar -de verdad- el problema. “Es lo justo”, ha asegurado este martes Sánchez, porque los españoles rescataron el sistema financiero “con el sudor de su frente”. “La banca fue rescatada por todos los españoles; ahora pedimos a la banca que contribuya al rescate del sistema que mejor representa los intereses de todos los españoles: su sistema de Seguridad Social”, explica el documento difundido por el PSOE.

Apelar sólo a la justicia social, a la fibra sensible, sirve para ganar votos, pero no para solventar -de verdad- la cuestión

Es cierto que el sector financiero debe mucho a los millones de españoles que sufragaron, soportando duros recortes, el rescate. Salvar a la banca del desastre costó al Estado 54.000 millones de euros, de los que apenas se recuperarán 14.000 millones, según el Banco de España. Pero esa cifra de escándalo difícilmente serviría como argumento ante un juez, si se dieran dos hipótesis: que un futuro Gobierno socialista materializara el impuesto y que los bancos lo recurrieran en un tribunal.

La medida tampoco detendría la hemorragia de la Seguridad Social. Como mucho, ayudaría a prolongar la agonía con una millonaria transfusión. El drama de las pensiones exige soluciones mucho más drásticas, que tengan el mayor respaldo parlamentario posible, para garantizar que sean duraderas. O sea, para evitar parches como el que plantea Sánchez. O reformas a medias como la que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy, cuya efectividad empieza ya a cuestionarse, porque la fórmula elegida apunta a un alarmante empobrecimiento de las pensiones y no garantiza su sostenibilidad en un futuro no tan lejano.

La crisis del sistema obedece, fundamentalmente, a dos problemas. Uno: la caída en picado de los ingresos, por culpa de la creciente precarización del mercado laboral tras la crisis. Y dos: el cambio de la pirámide de la población, donde cada vez hay –y habrá- menos cotizantes por cada pensionista. Al cierre de 2017, en nuestro país había 2,3 trabajadores aportando ingresos por cada persona que cobra una pensión, la cifra más baja desde 1999.

El drama de las pensiones exige soluciones drásticas, que tengan el mayor respaldo parlamentario posible

El trance puede abordarse con recetas de corte más socialdemócrata o de tinte más liberal. O con una mezcla de ambas. Por ejemplo, el mismo PSOE de Pedro Sánchez, cuando Jordi Sevilla coordinaba el aparato económico, llegó a plantear para España un modelo como el francés. El país vecino financia, en parte, las pensiones con impuestos generalistas que afectan a todos los cotizantes.

De este modelo recelan quienes apuestan por un impulso decidido al ahorro privado. Es decir, por medidas que favorezcan los planes de pensiones y otros productos de inversión como blindaje ante los vaivenes del mercado laboral. Y como escudo contra las ocurrencias de los políticos de turno.