Es la gran batalla que el Gobierno vasco quiere librar este curso; la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social. Esta mañana lo ha vuelto a reiterar el consejero de Hacienda y Economía vasco, Pedro Azpiazu y lo ha hecho recordando no sólo que es un compromiso recogido en el Estatuto de Gernika de 1979 sino que se trata de un derecho que los vascos se han ganado, incluso pese a arrojar hoy un saldo deficitario para el País Vasco. Azpiazu ha recordado a quienes tachan a Euskadi de insolidaria, por reiterar su aspiración a una Seguridad Social propia, que durante décadas, “desde 1963”, los contribuyentes del País Vasco han aportado “enormes excedentes” para financiar el pago de las pensiones de otros lugares de España.

Azpiazu, que ha intervenido en un desayuno informativo en Bilbao, ha señalado que si hoy existe un evidente problema de financiación sobre el sistema de pensiones habrá que adoptar medidas “cuanto antes” para hacerlas sostenibles, bien a través de la inclusión de algunas de ellas, como las de orfandad y viudedad, en los presupuestos generales del Estado, o con “otras medidas que ya se verían”. No ha ocultado que el déficit del País Vasco también es significativo entre cotizaciones y pago de pensiones pero ha insistido en que esa es una cuestión a la que una vez transferida la competencia “le daríamos una buena solución”.

El consejero ha recordado que en la última década en el País Vasco se ha producido un importante crecimiento de gasto en concepto de pensiones, no tanto por el incremento de pensionistas como por el repunte de su cuantía media. Si en 2007 representaban el 8,5% del PIB, en el ejercicio 2016 alcanzó el 11,8%. Ha recordado que recibir una pensión no es “un regalo de nadie ni tiene anda que ver con la solidaridad” sino que es el resultado de unos derechos adquiridos “y merecidos tras unas largas carreras de cotización”.

Inviable según los empresarios

Precisamente la semana pasada PwC dio a conocer una encuesta entre directivos de empresas vascas en la que cuestionados por si consideran necesario y posible una segregación del actual modelo de Seguridad Social para constituir una entidad vasca propia, el 45% de los empresarios vascos consultados consideraban que no es necesario ni viable, a los que se sumaba otro 11% que tampoco lo apoya, pese a que no lo rechaza de modo explícito. Sólo cuatro de cada diez directivos consultados creían que se debería luchar por una seguridad social vasca por ser posible y positiva.

El rechazo viene fundado en la consideración de que el sistema es “absolutamente deficitario” y que en los próximos años “continuará siéndolo”. Quienes en cambio creen que sería positivo lo hacen por creer que la Administración vasca sí podría soportarlo económicamente. Una tercera opción que se abre camino en las respuestas de los empresarios apunta hacia la posibilidad de elaborar un modelo similar el del Cupo, sustentado en una garantía bilateral entre ambos gobiernos.

“Pelos de punta” ante las criticas al Cupo

Azpiazu ha añadido que las empresas que puedan hacerlo deberían desarrollar planes de pensiones privados para sus trabajadores “no estaría nada mal, aunque es un tema que hay que mirar con cuidado”. Ha considerado, asimismo, que, para afrontar el “problema serio” de la Seguridad Social, “tendría todo el sentido una separación de la parte no contributiva de la misma, para su financiación mediante presupuesto”. En cualquier caso, ha emplazado a que “la solución” a este debate “no se demore en exceso” y sea “en términos de sostenibilidad del sistema y de garantía absoluta” de las pensiones”.

Preguntado por la propuesta de EH Bildu de garantizar una pensión mínima de 1.080 euros, ha afirmado que “las pensiones tienen que ser las que tienen que ser”, calculadas en función de las cotizaciones durante la vida laboral, si bien ha recordado que en Euskadi se complementan a través de la Renta de Garantía de Ingresos.

Durante su intervención Azpiazu ha cuestionado las reiteradas críticas que recibe el Concierto y el Cupo vasco. “Ataques infundados”, ha dicho que le empiezan a “cargar un poco”. El titular de Economía del Gobierno vasco ha tildado de “profundamente injustos” los reproches y cuestionamientos que recibe desde partidos y “supuestos técnicos”: “Cuando oigo palabras como privilegio, insolidaridad o inconstitucional se me ponen los pelos de punta. ¿Creen realmente que los técnicos del Gobierno de Madrid y el vasco hacen esos cálculos sabiendo que colaboran con un sistema insolidario e inconstitucional? ¿Creen que la comisión mixta toma esa decisión a sabiendas de que es inconstitucional, que prevarica?”.