La demanda de Carles Puigdemont ante Naciones Unidas contra «el Reino de España» es una simple maniobra propagandística. Así al menos lo concluye la asociación de juristas catalanes Llibertats, que tras analizar la denuncia presentada por el abogado británico Ben Emmerson concluye que «adolece de graves defectos de carácter insubsanable, por lo que con toda probabilidad será inadmitida a trámite». La organización estudia comparecer ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para solicitar la inadmisión a trámite de la denuncia.

Llibertats recuerda que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante el que ha recurrido el ex presidente catalán por considerar vulnerados sus derechos políticos, «solo podrá admitir a trámite aquellas denuncias que hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción interna» y señala que Puigdemont no ha interpuesto ninguna demanda ante la jurisdicción española; «es más, ni siquiera ha recurrido ante la jurisdicción su cese» señala la entidad.

El ex presidente se refiere a tres supuestas vulneraciones a sus derechos individuales: el derecho a participar en la vida política, el derecho a la libertad de asociación y reunión, y el derecho a la libertad de opinión y expresión. Y en su denuncia asegura que ha utilizado todos los medios jurisdiccionales ante la justicia española «curiosamente sin mencionar ninguno, y que han resultado rechazados por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, lo que resulta incierto ya que Puigdemont no ha interpuesto demanda o recurso alguno con relación a los derechos individuales supuestamente vulnerados».

Llibertats concluye que la demanda «falta a la verdad para justificar un requisito que no cumple». La asociación de juristas contrarios a la independencia se refiere también al intento de amparar la demanda en el artículo 5 del Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habilita la presentación de demanda sin agotar las vías internas de recurso si éstas se demoran injustificadamente.

Contradicciones en la demanda

«En la denuncia, Puigdemont ni siquiera menciona qué recursos se han dilatado injustificadamente alegando únicamente que no está obligado a esperar más tiempo una resolución del Tribunal Constitucional». Postura que además «contradice» el punto anterior de la demanda, en el que asegura haber agotado las vías de recurso internas.

La organización recuerda que en España existe un procedimiento especial y de tramitación urgente ante la jurisdicción ordinaria para la protección de los derechos fundamentales de la persona, establecido en la Constitución, «que Puigdemont no ha utilizado, dejando pasar los plazos para su interposición».

Tras el análisis, Llibertat concluye que la denuncia ante Naciones Unidas no es más que una maniobra propagandística, por lo que estudian comparecer ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para solicitar la inadmisión a trámite de la denuncia. Emmerson, representante de Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez ante instancias jurídicas internacionales, aseguró tras la presentación de la denuncia que piensa desplegar una «guerra jurídica» contra España hasta que el Gobierno se avenga a negociar una «salida» para Carles Puigdemont.