Política

El Gobierno da por hecho que Alemania concederá la extradición de Puigdemont

Cárcel de Neumünster, en Alemania, donde ha ingresado este domingo Carles Puigdemont.

Cárcel de Neumünster, en Alemania, donde ha ingresado este domingo Carles Puigdemont. EFE

El gobierno español está convencido de que la justicia alemana concederá la extradición de Carles Puigdemont, detenido este domingo al norte del país pocos kilómetros después de cruzar en coche la frontera con Dinamarca. Las autoridades germanas detuvieron al ex presidente de la Generalitat y lo mantuvieron en la comisaría de Schuby, antes de trasladarlo a la prisión de Neumünster, donde permanecerá hasta que este lunes comparezca ante un juez de guardia para confirmar su identidad.

Fuentes de Moncloa celebran que la detención de Puigdemont se haya producido precisamente en Alemania por la estrecha confianza que une a los dos países y a sus dirigentes. «La relación es muy buena y la colaboración es máxima», trasladan. No obstante, descartan que la entrega vaya a ser inmediata y prevén que habrá novedades definitivas «en un par de semanas», ya en el mes de abril. Mientras tanto, la creencia del Gobierno según estas fuentes es que Puigdemont permanecerá en prisión preventiva «esencialmente por su absoluta falta de arraigo en aquel país».

Como en la mayoría de países europeos, el proceso de extradición parte de la voluntad del requerido. Si Puigdemont se muestra de acuerdo con su entrega, esta se produciría en un plazo máximo de diez días. Si como es previsible no lo hace, el proceso se puede alargar hasta los dos meses. En cualquier caso, estará dirigido por la fiscalía y el Tribunal Regional Superior del land de Schleswig-Holstein, donde ha sido detenido el dirigente independentista. Desde junio de 2017 gobierna este estado Daniel Günther, de la Unión Demócrata Cristiana, en coalición con Los Verdes y los liberales del FDP.

Para que se produzca la extradición, en el contexto de las órdenes europeas de detención y entrega y para los delitos no considerados comunes, un juez deberá valorar si los delitos por los que se reclama a Carles Puigdemont están contenidos también en la legislación alemana. El Código Penal de este país contempla importantes penas para los delitos de «alta traición», reservados para quienes con violencia o la amenaza de ella, pretendan alterar el orden constitucional de la Federación alemana o conspiren para hacerlo. Las condenas más duras se gradúan desde los diez años hasta la cadena perpetua, en casos de especial gravedad.

Además, el artículo 92 establece los preceptos de aplicación para este tipo de delitos: «En el sentido de ésta ley perjudica la existencia de la República Federal de Alemania quien subordine su libertad al dominio foráneo, elimine su unidad nacional o separe una región que le pertenezca».

La defensa de Carles Puigdemont tratará de convencer al juez alemán de que su cliente no afronta en España un juicio justo y de que la extradición es política

Si bien la «rebelión» no se contempla como tal en la legislación germana, los tipos penales sí son por tanto muy similares a los que el juez Pablo Llarena imputa a Carles Puigdemont. No obstante, hay voces en contra de la entrega del dirigente independentista. Este domingo, por ejemplo, habló en los medios Wolfgang Kubicki, líder del FDP en la región y miembro de la Mesa del Bundestag, para descartar la entrega por rebelión, aunque la extradición por otros motivos es en su opinión «concebible».

La defensa de Carles Puigdemont, coordinada a nivel internacional, tratará de convencer a la justicia alemana de que su cliente no se enfrenta a un juicio justo en España y de que la extradición está fundamentada en motivos políticos, razones por las que una nación podría negarse a ejecutar una petición de este tipo. Algunos medios alemanes informaban este domingo de que el ex presidente estaría pensando incluso en solicitar el asilo político. «Si lo hace, la solicitud será examinada como cualquier otra por la Oficina Federal de Migración (Bamf)», dijo el portavoz del Ministerio del Interior de Schleswig-Holstein. Sin embargo, prácticamente descartó esta opción: «La aplicación de la ley o la ejecución de una orden de arresto europea tiene prioridad sobre un procedimiento de asilo».

El operativo del CNI

Los abogados de Puigdemont han recordado también que Alemania fue una de las opciones que le propusieron al ex presidente de la Generalitat cuando tomó la decisión de abandonar España. Sin embargo, esto choca con el operativo montado este fin de semana por las autoridades españolas.

El CNI y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional siguieron a Puigdemont desde el viernes por la noche durante más de mil kilómetros, mientras huía en coche desde Helsinki hasta Waterloo, atravesando en el camino Suecia y Dinamarca. En el operativo participaron más de diez agentes, en coordinación con la policía de fronteras alemana. No fue hasta entrar en este país cuando se decidió proceder a la detención del vehículo, que se practicó en un área de servicio. Puigdemont viajaba junto a otras cuatro personas en una Renault Espace con matrícula belga.

Fuentes gubernamentales confirman que el operativo estaba diseñado de esta manera y que la detención en Alemania facilita la extradición. Existe un amplio registro de colaboración entre ambos países y la justicia española destaca a la alemana como una de las más colaborativas de toda Europa. En Bélgica, a donde se dirigía Carles Puigdemont, no existen tipos equiparables al de la rebelión, los procesos son más largos y garantistas y la presencia del nacionalismo flamenco introduce un sesgo en algunos magistrados, hasta el punto de que durante su primer proceso de extradición Carles Puigdemont pidió defenderse en idioma flamenco para que el caso recayese en un juez potencialmente simpático a la causa.

Carles Puigdemont comparecerá este lunes ante un juez de guardia local para confirmar su identidad. Este magistrado tendrá que elevar posteriormente el caso al Tribunal Regional de Justicia, que iniciará el procedimiento de evaluación si el ex presidente, como es previsible, no se muestra de acuerdo con su entrega a España y aprobará las medidas cautelares que considere oportunas.

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