El Comité de los Derechos Humanos de la ONU y el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein han dado al traste con el aterrizaje controlado del independentismo en la política autonomista. Cuando parecía que ex convergentes, republicanos y leales a Puigdemont estaban dispuestos a arremangarse para consensuar un candidato a la presidencia de la Generalitat viable que permitiera formar gobierno y esquivar las elecciones -tras la fallida investidura de Jordi Turull, que ponía el reloj de la investidura en marcha- las decisiones de estas dos entidades han devuelto al independentismo a la vía de la confrontación abierta con la justicia, sin que PDeCat o ERC hayan podido, o querido, evitarlo.

El registro de la demanda de Jordi Sánchez ante Naciones Unidas llevó al número dos de JxCat a reconsiderar su anunciada renuncia al acta de diputado para volver a intentar una investidura que ponga contra las cuerdas al juez Pablo Llarena. Y la excarcelación de Carles Puigdemont ha dado alas a quienes defienden intentar de nuevo su investidura, desde la CUP a la nueva presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.

La candidatura de Jordi Sánchez se propone con la convicción de que no se materializará, porque no cuenta con apoyos suficientes

Así las cosas, el nuevo escenario catalán es de hecho una vuelta a la casilla de salida con candidaturas a la investidura que pongan en tensión al Estado. Ese es el único objetivo de la candidatura de Jordi Sánchez propuesta para la próxima semana con la seguridad que está destinada al fracaso, puesto que la abstención de la CUP y el voto ausente de Antoni Comín imposibilitan alcanzar la mayoría simple necesaria en segunda vuelta. Todo eso en caso de que el juez Pablo Llarena cambiara de opinión y permitiera esta vez a Sánchez asistir a la sesión de investidura, una opción que de hecho los partidos independentistas no contemplan.

Tras la ronda de contactos exprés formalizada ayer por Roger Torrent, el presidente del Parlament oficializó la propuesta de Sánchez como candidato a la investidura. Ahora es responsabilidad de su letrado, Jordi Pina, requerir de nuevo al Tribunal Supremo para que permita la asistencia del candidato a la sesión de investidura. Una petición que el juez Llarena no estudiará antes del lunes. Será entonces cuando el magistrado de una respuesta, que según todas las fuentes se prevé de nuevo negativa, a las pretensiones del independentismo.

El voto delegado de Puigdemont

En caso de que Llarena atendiera al argumento esgrimido por la defensa de las advertencias del Comité de Derechos Humanos de la ONU, al independentismo se le abriría un nuevo frente, el del voto delegado de Carles Puigdemont. La Mesa del Parlament aceptó esa delegación de voto la semana pasada acogiéndose a que su situación era equiparable a la de los dirigentes encarcelados preventivamente por el Supremo puesto que se encontraba en custodia de las autoridades alemanas. Pero su excarcelación por parte de la justicia alemana elimina ese argumento.

Ni la Abogacía del Estado ni los partidos de la oposición catalana se decidieron el jueves a impugnar el voto de Puigdemont en un pleno en el que ese escaño no tenía relevancia -C’s tenía garantizada la derrota de su petición de explicaciones a Torrent y el bloque independentista mayoría suficiente para imponer la comisión sobre los atentados de Barcelona. Pero en el caso de una investidura, el voto de Puigdemont sería determinante si Antoni Comín cede finalmente el acta de diputado y permite que otro miembro de Esquerra ocupe su escaño. En esas condiciones, y perdido el amparo que daba a su argumentación la situación de prisión preventiva de Puigdemont, la aceptación de voto podría tener consecuencias penales derivadas, esta vez sí, de la desobediencia de las cautelares del Tribunal Constitucional, dictadas precisamente para un pleno de investidura.

La gran incógnita está, en todo caso, en ver si tras el nuevo intento de Jordi Sánchez el independentismo opta por la vía posibilista para formar gobierno o escoge el camino de la confrontación y aboca a Cataluña a nuevas elecciones. Ni ERC ni el PDeCat las desean, pero la batalla ganada ante el tribunal de Schleswig-Holstein puede dar alas de nuevo a Puigdemont. Siempre a la espera de los próximos pasos del juez Llarena. Ayer, el nuevo hombre de confianza de Puigdemont, Josep Costa, insistía desde Alemania en que ni el ex president ni su grupo han renunciado nunca a su investidura.