La decisión  del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, de nombrar consejeros a dos encarcelados y a otros dos huidos de la Justicia  tiene como consecuencia inmediata la prolongación del artículo 155 de la Constitución. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habló este sábado con los líderes de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente, con los que analizó la situación creada por un president monitorizado desde Berlín, para desesperación tanto del PdeCat como de ERC.

La «provocación» de Torra, a decir del Gobierno impide poner fin a la intervención de la Generalitat. La aplicación del 155 en el Senado establece que llegará a su fin con la formación y toma de posesión efectiva y legal del nuevo Ejecutivo autonómico, algo que no se produce de facto hasta que se publique el nombramiento del mismo, cosa que el Gabinete de Rajoy rechazará dado que en él figuran presos y fugados de la Justicia.

Para que los nombramientos sean efectivos, además de la toma de posesión, el decreto correspondiente debe publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), aún bajo control del llamado Secretariado del Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Además, según el artículo 17 de la Ley de la Presidencia de la Generalitat, el Govern solo estará constituido cuando hayan tomado posesión del cargo «todos sus miembros».

En un comunicado, en el que habla de «provocación» y desacredita la voluntad de diálogo de Torra, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy subraya que analizará la «viabilidad» del nuevo Govern y que lo hará «a través de su Secretariado, que es el único órgano competente para autorizar la publicación del decreto de nombramiento propuesto».

No se considera constituido el Govern hasta la publicación de los nombramientos, cosa que el Gobierno rechazará dado que en él figuran presos y fugados

Torra ha firmado este sábado el decreto que estructura los ámbitos del Govern y el decreto de nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo catalán, quienes, según ha informado la Generalitat, tomarán posesión del cargo el miércoles 23 de mayo.

En su compromiso de «restituir» a los consellers cesados tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Torra ha nombrado al frente de sus anteriores responsabilidades a Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) -ambos en la cárcel- y a Lluís Puig (Cultura) y al republicano Antoni Comín (Salud), ambos huidos en el extranjero.

En cambio, el presidente de la Generalitat recibió la negativa a ser nombrados de nuevo de ex consejeros de ERC que como Oriol Junqueras o Raül Romeva defienden la necesidad de un gobierno «viable» que acabe, precisamente, con la aplicación del 155 y restituya las instituciones autonómicas, las mismas que ellos mismos violentaron con el procés.

La designación de los cuatro exconsejeros en prisión preventiva o huidos en Bélgica supone un desafío al Ejecutivo central, después de que el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, hubiera asegurado poco antes del anuncio, que la voluntad de diálogo anunciada por Torra en la carta enviada al presidente Mariano Rajoy se contradice con el hecho de nombrar consejeros a personas que están en prisión.

«No sería la mejor manera de empezar y, en cualquier caso, esto requeriría el estudio desde el punto de vista jurídico para tomar la decisión de qué medidas cabría emprender», había apuntado Millo en declaraciones antes del acto de celebración del 174 aniversario de la Guardia Civil en Cataluña en Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

Llarena puede reafirmarse en su argumento de riesgo de reiteración delictiva de Rull y Turull

Poco después de conocerse el nombramiento, la defensa de Turull y Rull enviaron un escrito al Supremo solicitado su libertad provisional con la «mayor celeridad y urgencia posible», para tomar posesión y «ejercer sus cargos de manera «inmediata». Pero, de hecho, ni siquiera está claro que pudieran tomar posesión de manera formal, bien en cada consejería o, incluso desde prisión o a través de acta notarial, que de todo se ha planteado. Y es más, si alguna consecuencia judicial puede tener la aceptación del cargo es que el juez Pablo Llarena se reafirme en el argumento del riesgo de reiteración delictiva para mantenerlos en prisión, que fue uno de los argumentos de la defensa de Junqueras y de Romeva para rechazar la propuesta de Torra.