Podemos prohíbe a sus diputados salir del Pleno mientras sus líderes tengan la palabra

Podemos impone un control férreo a sus cargos públicos. Si el partido ya había impuesto duras sanciones en sus estatutos, ahora eleva la presión también sobre los dirigentes elegidos en las urnas. El partido de Pablo Iglesias ha publicado un nuevo reglamento para sus representantes con un régimen disciplinario que planea sanciones económicas de hasta 1.000 euros a los suyos. Entre las acciones sancionables está la de "el abandono reiterado e injustificado de las sesiones plenarias cuando un miembro del grupo tenga la palabra"; y entre las faltas muy graves también está la falta injustificada a tres sesiones de pleno o de comisión, "la publicación maliciosa de las negociaciones dentro del grupo o con las demás organizaciones" o el "filtrar a cualquier medio de comunicación o en redes sociales los asuntos tratados en las reuniones del grupo o delegación".

Las sanciones serán impuestas por el "responsable de Disciplina", elegido por la dirección del grupo

La formación no anunció la publicación de este protocolo, que se colgó en la web del partido el pasado viernes 25 de mayo, el mismo día en que el PSOE registró la moción de censura y cuando Podemos estaba aún inmerso en la consulta sobre el chalet de Iglesias e Irene Montero. El reglamento afecta a los"grupos parlamentarios y delegaciones, corporaciones y equipos de gobierno, así como su personal técnico y asesores" pertenecientes a todos los niveles: europeo, estatal, autonómico y municipal; y contempla sanciones económicas de entre 250 y 500 euros para las infracciones graves y entre 500 y 1.000 euros para las muy graves, además de la "posibilidad de ser separada la persona temporal o permanentemente del grupo o delegación de Podemos".

Como infracción grave, Podemos contempla "la falta de respeto grave o reiterada a otra persona perteneciente al grupo o delegación, a otro grupo de la correspondiente cámara, a cualquier trabajador o trabajadora con el que comparta espacio de trabajo", o el abandono de sesiones plenarias "cuando un miembro del grupo o delegación tenga la palabra". También se considera grave "la falta de transparencia en la gestión de la agenda pública cuando se haya ocultado deliberadamente para evitar su conocimiento", pese a que la mayoría de los diputados de Podemos no hacen pública su agenda de manera habitual. La ausencia injustificada a tres o más reuniones del grupo en el mismo periodo de sesiones o la "inactividad o dejación grave de sus funciones parlamentarias" también motivan una infracción grave.

En el apartado de infracciones muy graves está la de la "falta de asistencia injustificada a tres sesiones plenarias o de las comisiones", o "el incumplimiento de las directrices aprobadas por la dirección del grupo o delegación", de corte habitualmente afín a la Secretaría General de cada territorio, que tiene potestad para designar los puestos de la dirección de grupo. También es de carácter "muy grave" el incumplimiento de las directrices establecidas de manera puntual por le Consejo de Coordinación -ejecutiva-", supenditando así la acción parlamentaria y de gobierno de Podemos a su maquinaria de partido.

Podemos crea la figura del "responsable de Disciplina"

El documento otorga "potestad disciplinaria" a las direcciones de grupo y a las delegaciones sin necesidad de pasar por el órgano de Podemos dedicado a la resolución y evaluación de conflictos, la Comisión de Garantías, y da a los órganos políticos la capacidad de imponer sanciones económicas a quienes incumplan el régimen disciplinario, que serán acumulables a las que imponga, por una vía distinta, el órgano de Garantías. El reglamento introduce la figura del "responsable de Disciplina" para imponer sanciones, al tiempo anima a los grupos parlamentario a nombrar a uno de sus miembros en este cargo. El dirigente elegido sería el responsable de instruir los procesos e imponer sanciones a los cargos públicos de su grupo en los casos de mayor gravedad, como recoge el reglamento.

"Las infracciones graves y muy graves se iniciarán por denuncia motivada del responsable de Disciplina del grupo o delegación, de la dirección o de la mayoría absoluta de los miembros del grupo, siempre que exista quorum de las tres quintas partes de sus miembros", explica. De esta forma, en el caso del Congreso de los Diputados, la dirección del grupo formada por la Presidencia -Iglesias-, la Portavocía -Montero-, Portavocía Adjunta -Ione Belarra- y la Secretaría General del grupo parlamentario de Unidos Podemos -Txema Guijarro- podrá imponer sanciones, como también podrá hacerlo directamente la ejecutiva de Podemos -Consejo de Coordinación- de cualquier ámbito territorial, según se recoge en el artículo 31 del documento, titulado "Del control político de los grupos y delegaciones de Podemos".

"Si la dirección del grupo de Podemos o del equipo de gobierno, el Consejo de Coordinación competente del territorio o el del ámbito inmediatamente superior apreciaran el incumplimiento, por uno o varios de los miembros del grupo o delegación, de las obligaciones recogidas en el presente Reglamento o en el reglamento propio de cada grupo o delegación, si lo hubiere, darán traslado del mismo a la persona interesada y al responsable de Disciplina del grupo o delegación que, junto con el Consejo de Coordinación y sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera derivarse de dicho incumplimiento, adoptará las medidas de control político que considere oportunas", reza dicho apartado.

Más control sobre la relación con los medios

Podemos consuma su cierre de filas a nivel comunicativo, e impone sanciones para evitar que salgan a la luz los debates internos del grupo parlamentario, como fue el caso de la reunión -ofrecida en exclusiva por este periódico- en la que Carolina Bescansa se mostró crítica con la estrategia catalana del partido. Es por ello que el protocolo establece un férreo régimen de control sobre las filtraciones por parte de los diputados, aumentando así las sanciones ya establecidas en los polémicos estatutos de Podemos, que salieron a la luz el pasado 27 de julio provocando una de las mayores crisis internas de la formación por el duro régimen disciplinario que ya contemplaba y por la prohibición expresa de las filtraciones de información sensible.

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Entre las obligaciones de los representantes públicos de Podemos, el documento contempla la de "respetar la confidencialidad de los debates y las deliberaciones mantenidos dentro del Plenario, o bien derivados del cargo que ocupe en la dirección del grupo o delegación, incluyendo las manifestaciones personales a favor o en contra de una determinada postura". Incumplir este punto está tipificado como falta muy grave, pues lo considera "la infracción del deber de confidencialidad cuando ello redunde en el descrédito de compañeras y compañeros o bien de la coherencia o credibilidad de la posición mantenida por el grupo, así como filtrar a cualquier medio de comunicación o en las redes sociales los asuntos tratados en las reuniones del grupo o delegación".

En el ámbito comunicativo, no es la única directriz que da el partido de Iglesias, que en el último año ha aumentado el control sobre las apariciones públicas de sus dirigentes. En este sentido, también considera falta muy grave y sancionable con hasta mil euros "comparecer ante los medios de comunicación en calidad de diputado de Podemos incumpliendo los protocolos de actuación establecidos por la Secretaría de Comunicación de Podemos competente", que en el caso de la dirección nacional está ostentada por el diputado Juan Manuel Del Olmo. En este mismo sentido, establece como muy grave las infracciones que consisten en "la publicación maliciosa de las negociaciones mantenidas dentro del grupo o con las demás organizaciones dentro de la institución".

Podemos no pagará la ropa de "etiqueta" a sus diputados

En el reglamento, además del régimen sancionador, se establecen las pautas económicas para los representantes públicos o miembros de gobierno de Podemos. Este apartado contempla las subvenciones a los diputados por alquiler, el pago de las manutenciones o el cargo al partido de los gastos en desplazamiento. También establece algunas limitaciones curiosas. Por ejemplo,  especifica que "no serán nunca indemnizables los costes soportados en concepto de compra de ropa y atuendo, servicios de lavandería, efectos personales, agasajos, condecoraciones, restauración, servicios y bienes culturales, artísticos y, en general, todos los sujetos a derechos de propiedad intelectual y/o industrial, salvo que pueda justificarse su carácter necesario para el cumplimiento de sus funciones".

La formación de Iglesias también establece otra línea roja: Podemos no pagará ropa de etiqueta. En caso de que sea necesario para representar al partido en una institución concreta, será esta institución la que tenga que hacerse cargo de estos gastos, como explica el documento en uno de sus anexos: "Quedan exentos los cargos electos de obligaciones de etiqueta o representación, cualquiera que sea su función institucional, incluida la de servir en la correspondiente Mesa de dirección y Presidencia de la Asamblea. Por ello, si dicha institución sugiriese que el representante cumpla con obligaciones de etiqueta y este aceptara la sugestión, será la institución quien corra con los gastos derivados para su cumplimiento si así lo tiene previsto en sus reglamentos de funcionamiento".

Podemos sí pagará en cambio "los desplazamientos, siempre que se realicen para asistir a actos de gobierno, sesiones parlamentarias, de comisiones, reuniones del grupo parlamentario u otras que derivasen de su condición (...) y no sean prestados directamente por la organización del acto o la institución que causa el desplazamiento". También cargará "la manutención los días en los que se desempeñen funciones derivadas de su condición no esté cubierta por la organización del acto o la institución que trae causa de la manutención".