Las autoridades judiciales alemanas han dirigido en los últimos cinco años un total de 263 comisiones rogatorias a España, de las que más de la mitad corresponden a investigaciones penales. Con todo, esta cifra apenas representa el 2,14 % del total de peticiones recibidas en el citado periodo: 12.270, casi siete al día.

La euroorden tramitada por el magistrado del Tribunal Supremo que investiga el procés para que Alemania le entregue a Carles Puigdemont para procesarlo por la posible delitos de rebelión y malversación de caudales públicos pone a prueba las relaciones de ambos países en materia de auxilio judicial. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein sigue pendiente de resolver si entrega al ex presidente de la Generalitat de Cataluña y por qué delito.

De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Justicia a través del Portal de la Transparencia del Gobierno, Alemania cursó 148 comisiones rogatorias pasivas penales y 115 civiles. Es el quinto país europeo por número de solicitudes enviadas entre los años 2003 y 2017, una clasificación que encabeza holgadamente Andorra (1.187).

Más intensa que la de Alemania ha sido la petición de ayuda de Suiza en este tiempo: 246 comisiones rogatorias civiles y 855 penales. El país helvético ha sido el elegido por otro de los actores del proceso independentista para sustraerse a la acción de la Justicia. Se trata de la ex portavoz de ERC Marta Rovira, procesada por el magistrado Pablo Llarena por la comisión de un delito de rebelión por su responsabilidad en la preparación del referéndum ilegal del pasado 1-O.

El Gobierno de Rajoy reconocía en privado su temor a que Suiza no accediera a la petición de entrega de la ex número dos de ERC por la negativa de España hace cinco años a extraditar a Hervé Falciani, el ex ingeniero de sistemas del HSBC Private Bank que filtró información en 2008 con la que se ha podido identificar a más de 100.000 evasores fiscales de más de 200 países. De momento, no se ha resuelto.

Alemania es el quinto país europeo que más peticiones ha realizado, detrás de Andorra, Suiza, Turquía y Portugal

En el caso de Bélgica, país al que se han dirigido las autoridades judiciales españolas para que acceda a la entrega de los ex consejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, sus autoridades judiciales han pedido auxilio a España en 132 ocasiones en los cinco últimos años. Los integrantes del Gobierno de Puigdemont, que declararon ante la Fiscalía de Bruselas el pasado 5 de abril, permanecen en libertad a la espera de que el tribunal belga emita su veredicto.

Por su parte, Reino Unido ha cursado 81 solicitudes, de las que 76 son de carácter penal. En Escocia se encuentra desde marzo la ex consejera de Educación Clara Ponsatí, que había acompañado a Puigdemont en su huida en Bélgica desde octubre. Allí permaneció durante más de cuatro meses, hasta que decidió trasladarse al Reino Unido para reincorporarse a su plaza de profesora en la Universidad St. Andrews.

Tras Andorra y Suiza es Turquía (429) el tercer país europeo que envió entre 2013 y 2017 más comisiones rogatorias a España, seguida de Portugal (268). Por detrás de Alemania se sitúan Rusia (258), Francia (191) e Italia (188).

Las autoridades judiciales españolas han recibido en este periodo comisiones rogatorias de 102 países, entre ellos Samoa y Benin

A nivel mundial, destacan las peticiones de auxilio cursadas por las autoridades judiciales de países suramericanos. Así, de Argentina partieron 1.224 solicitudes, seguidas de Brasil (1.202), Perú (687) y Colombia (368). En el caso de EEUU, el número ascendió a 401.

En total, España recibió en este periodo comisiones rogatorias de 102 países, entre otros de Isla Mauricio (1), Martinica (1), Samoa (1), Barbados (1), Santo Tomé (1), Nueva Caledonia (1), Benin (1), San Martín (2), Surinam (2), Polinesia (4) y Omán (4).

En España, es la Dirección General de Cooperación Jurídica -dependiente del Ministerio de Justicia- el órgano designado como autoridad en materia de cooperación. Este departamento es el competente para recibir las solicitudes, tanto activas como pasivas, y remitirlas al órgano jurisdiccional encargado de su ejecución.