El Gobierno intenta que las autoridades judiciales suizas accedan a la entrega de Marta Rovira con la detención de Hervé Falciani, el ex ingeniero de sistemas del HSBC Private Bank que filtró información en 2008 con la que se ha podido identificar a más de 100.000 evasores fiscales de más de 200 países y que se encontraba bajo protección policial española.
El arresto de Falciani ha tenido lugar en Madrid -donde iba a participar en una jornada-debate sobre paraísos fiscales organizada por la Plataforma por la Justicia Social- y se produce a raíz de la orden internacional de detención y entrega cursada por Suiza el pasado 19 de marzo para el cumplimiento de una sentencia en firme de cinco años de prisión, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
Arresto de Hervé Falciani. Los alertadores de corrupción como moneda de cambio. Que justicia es esta? https://t.co/VDmqbyQ0ix
— Xnet (@X_net_) April 4, 2018
La petición de las autoridades helvéticas se producía cuatro días antes de que la ex portavoz de ERC en el Parlament de Cataluña dejara plantado al magistrado del Tribunal Supremo que ha instruido la causa del procés y anunciara que emprendía el "camino del exilio" en Suiza al considerar limitada su libertad "por amenazas judiciales arbitrarias". Rovira elegía el mismo país para sustraerse de la acción de la Justicia española que la ex diputada de la CUP Anna Gabriel, que se deberá sentar en el banquillo de los acusados como posible autora de un delito de desobediciencia pero cuya entrega no se ha tramitado.
El juez Pablo Llarena ha procesado a Rovira por un delito de rebelión por su responsabilidad en la preparación de la consulta del pasado 1-O, prohibida por el Tribunal Constitucional. El magistrado de la Sala Segunda del Supremo considera "esencial" su participación en la "ideación de mecanismos de actuación, impulso parlamentario de una legislación de soporte y coordinación de sectores de la administración, y responsabilidad ante el referéndum para lograr plena disponibilidad de centros de votación".
Fuentes gubernamentales reconocieron días atrás a El Independiente su temor a que Suiza no accediera a la petición de entrega de la ex número dos de ERC cursada por el alto tribunal por la negativa de España a extraditar a Hervé Falciani hace ahora cinco años. Acusado de delitos contra el servicio de inteligencia económica, sustracción de información y violación del secreto comercial y bancario por parte de Suiza, el italo-francés fue detenido el 1 de julio de 2012 cuando se disponía a arribar en el puerto de Barcelona procedente de la localidad francesa de Sète (Occitania) y enviado a prisión preventiva.
El Gobierno temía que Suiza no accediera a la entrega de Marta Rovira tras desestimar España la extradición de Falciani hace ahora cinco años
Con el informe favorable de la Fiscalía, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el 18 de diciembre de 2012 su puesta en libertad provisional mientras se resolvía la petición de extradición, si bien le impuso como medidas cautelares la prohibición de salir de España y su comparecencia cada tres días en la comisaría de policía más cercana para acreditar que seguía en el país.
En la vista de extradición celebrada el 15 de abril de 2013, el Ministerio Público se opuso a la extradición esgrimiendo dos argumentos. De un lado, la fiscal Dolores Delgado invocó la no concurrencia del requisito de la doble incriminación, por cuanto el delito de la violación del secreto bancario no tiene correspondencia en el Código Penal español. Y, de otro, por la colaboración que Falciani había brindado para la investigación de delitos de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo.
Con la información filtrada por el ingeniero de sistemas de clientes españoles del HSBC, la Agencia Tributaria recaudó unos 250 millones de euros. "Fue la operación de regularización más importante que ha habido en todos mis años y creo que en toda la historia", defendió el ex secretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña cuando declaró como testigo en la vista de extradición.
Seis euroórdenes a cuatro países
El Tribunal Supremo ha dictado seis euroórdenes a cuatro países europeos para que entreguen a cinco integrantes del anterior Govern y a una ex parlamentaria. El procedimiento que está más avanzado es el que se sigue contra Carles Puigdemont en Alemania, después de que la Fiscalía germana haya pedido ya que se entregue al anterior presidente de la Generalitat para que sea juzgado en España por la comisión de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.
En paralelo, las autoridades judiciales belgas tienen que resolver las órdenes cursadas por el Tribunal Supremo contra los ex consellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig -procesados por rebelión y malversación el primero y por desobediencia y malversación los otros dos- y las escocesas por Clara Ponsatí, que se entregó en una comisaría de policía de Edimburgo la pasada semana y que ha sido puesta en libertad mientras se resuelve su expediente. La lista se completa con Marta Rovira, que lleva casi dos semanas en Suiza.
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