Gobierno y Generalitat se han dado un plazo máximo de 30 días para resolver los «problemas técnicos» que han impedido la incorporación total de la policía autonómica al CITCO, el centro de coordinación antiterrorista del Ministerio del Interior. Es el principal acuerdo de la Junta de Seguridad que hoy han presidido en el Palau de la Generalitat el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el president Quim Torra.

Un encuentro en el que la Generalitat ha pedido además la ampliación de ratios en las dos próximas promociones de Mossos d’Esquadra a 750 agentes para cada curso. Serían 1.500 nuevos agentes hasta 2021, que sumados a los 500 de la promoción de este curso supone un total de 2.000 agentes que el Govern considera imprescindibles para cubrir las bajas en el cuerpo y mantener el número total de 18.000 agentes acordado con el anterior Gobierno.

Un horizonte que el ministro del Interior ha puesto en cuarentena, recordando que los cuerpos de seguridad del Estado deben reponer en su conjunto un total de 27.000 efectivos perdidos entre Policía y Guardia Civil durante los años de ajustes de la crisis.

Lazos amarillos

El ministro sólo ha arrancado, sin embargo, un muy vago compromiso de la Generalitat con la neutralidad del espacio público, como el Gobierno había definido en el orden del día su apelación a resolver la batalla de los lazos amarillos en Cataluña.

«Existe la percepción social de que no existe una adecuada neutralidad del espacio público en determinadas zonas, el espacio público no puede quedar monopolizado por una ideología» ha señalado Marlaska, quien se ha mostrado convencido de que «los mossos tienen parámetros para garantizar el orden publico, estoy convencido de que así será».

Para el conseller de Interior, Miquel Buch, sin embargo, no existe riesgo de orden público. Buch ha apuntado que los lazos amarillos se empezaron a colocar el pasado noviembre «y los problemas no han aparecido hasta este verano» para concluir que el problema no lo generan los lazos sino «el llamamiento de un partido». Es decir, la campaña de C’s de retirada de lazos.

«Me preocupa que haya enfrentamientos y amenazas como hemos podido observar, me preocupa, pero creo en el entendimiento en que estamos todos» para proteger la neutralidad del espacio público, ha rebatido Marlaska, quien ha recordado a Buch la sentencia del TSJC que señala condena la colocación de una estelada por parte del Ayuntamiento convergente de Sant Cugat (Barcelona) cuando ha sido preguntado por la pancarta de los presos que luce la fachada del Palau de la Generalitat.

El ministro ha defendido, en este contexto, el traslado de efectivos a Cataluña en previsión del «otoño caliente» que abrirá el próximo 11 de septiembre la manifestación de la Diada, a la que seguirán convocatorias independentistas de conmemoración del 1-O y la proclamación de la república. Marlaska se ha negado a concretar el número de efectivos trasladados pero ha recordado que una final de la Champions supone movilizar a 2.000 agentes «para situarlo todo en contexto».

«No seamos alarmistas, son funciones de prevención y necesidades proporcionales al momento» ha apuntado el ministro, que ha destacado las necesidades de protección de edificios públicos, «y en caso de que los Mossos pidan colaboración o auxilio, tengamos los efectivos suficientes». Una eventualidad que Buch ha descartado.

Mecanismos de coordinación

Uno y otro se han esforzado, sin embargo, por cubrir estas discrepancias con constantes apelaciones a la colaboración y la lealtad institucional que debe regir y regirá, han asegurado, las relaciones entre Gobierno y Generalitat en materia de seguridad. Un compromiso de colaboración cuya primera consecuencia efectiva debe ser la incorporación efectiva de los Mossos al CITCO.

En la anterior Junta de Seguridad, presidida entonces por Juan Ignacio Zoido y Carles Puigdemont, Gobierno y Generalitat ya pactaron la incorporación de la policía autonómica a la coordinación en la lucha antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), pero esa incorporación se vio frenada primero por el proceso independentista, y en los últimos meses, por problemas técnicos aludidos por la Generalitat para compartir información con los cuerpos estatales de seguridad.

El conseller de Interior se ha comprometido a resolver esos «problemas técnicos» antes de un mes, mientras el Gobierno ha aceptado incorporar al CTICO a un agente de los mossos que tendrá presencia en el centro de coordinación antiterrorista de forma permanente.

La Junta de Seguridad ha acordado además la creación de una Comisión Mixta que se responsabilizará del seguimiento de todos los acuerdos alcanzados entre ambas administraciones. Será en este ámbito en el que se estudiará la participación de los Mossos d’Esquadra en los mecanismos de intercambio de información de Interpol, una de las reclamaciones clásicas de la policía autonómica.