La juez Carmen Rodríguez Medel, encargada de la investigación del caso Máster, ha archivado las investigaciones abiertas contra el exrector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Fernando Suárez y el exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde en la pieza que corresponde a Miguel Temboury, exsubsecretario de Economía.

En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra los dos investigados al «no existir indicios», dice, de delitos de prevaricación administrativa ni de cohecho impropio, de los que venían siendo acusados por supuestamente convalidar asignaturas a Temboury irregularmente.

Se cierra la pieza D del ‘caso Máster’

De acuerdo con esa resolución, que no es firme y por tanto se podrá interponer recurso contra la misma ante el juzgado o de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, se cierra la pieza D del caso Máster, en la que se investigaban supuestas irregularidades en las convalidaciones a Temboury quien sostuvo en su declaración como testigo ante la juez que no hubo tales convalidaciones ni siquiera matriculación en el máster.

Se concluye que en el expediente de don M no se produjo convalidación alguna, es más, ni hubo matriculación en el máster

Esta decisión es la respuesta de la magistrada tras las peticiones de Fernando Suárez y Enrique Álvarez Conde, quienes solicitaron hace una semana el sobreseimiento libre de las actuaciones, al señalar que de lo actuado «no se desprenden indicios de actuar delictivo». Según explica la juez: «Se concluye que en el expediente de don M no se produjo convalidación alguna, es más, ni hubo matriculación en el máster y probablemente el hecho de iniciar algún trámite en relación con este alumno y el máster en la edición de 2010-2011 se tratase de un error administrativo».

La versión de Temboury frente a los correos de la URJC

Además admite la versión de Temboury, quien ocupó la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Competitividad entre 2011 y 2016, que justifica que la URJC tuviera su expediente académico íntegro porque en aquellas fechas «fue contratado como docente» (cuestión acreditada documentalmente), «lo que puede suponer una explicación verosímil a la existencia de esta confusión».

No obstante, a la magistrada le llama la atención «los correos electrónicos aportados por la URJC, en los que sí parece evidenciarse alguna gestión realizada para matricularse en el máster», si bien «no resultan indicios suficientes» para continuar con esta línea de investigación», como así sostiene la defensa de Conde, ya que si no hubo convalidación ni calificación no pudo haber delito.