Un año después del pseudo referéndum para la independencia de Cataluña, los CDR se han adueñado de calles y plazas, han cortado el AVE, han retirado la bandera española de la delegación de la Generalitat en Girona… Todo ello con el apoyo explícito del presidente Quim Torra, que ha animado a los grupos radicales a «apretar».

Los independentistas consiguieron el 1-O una enorme victoria política: ganaron al gobierno en el terreno de la imagen y lograron imponer su versión de los hechos. Con el apoyo de amigos como Julian Assange (que desde su cuenta personal lanzó diversas noticias falsas que tuvieron un enorme seguimiento) lograron dañar el prestigio de la Policía y de la Guardia Civil fuera de España y pusieron a la defensiva al gobierno de Rajoy, al que Carles Puigdemont acusó de «no respetar la democracia». Aunque no hubo ningún control sobre quienes votaron (algunos lo hicieron dos veces), el independentismo ha conseguido que su relato se dé por bueno sin discusión: todo el mundo da por hecho que hubo dos millones de catalanes que depositaron su voto en las urnas de plástico de fabricación china que el CNI no fue capaz de interceptar.

Pero los hechos demuestran que la máxima del independentismo (el deseo por parte de la Generalitat de que los catalanes expresaran su deseo de separarse de España) no se corresponde con la realidad.

El entonces presidente Puigdemont sabía que el Estado no iba a permitir una votación a todas luces ilegal, pero continuó con sus planes porque lo que pretendía, en realidad, era convertir el día de la votación en una jornada de confrontación que llevara a una ruptura de facto entre Cataluña y España. Mientras que desde la Generalitat se preparaba la estrategia de la tensión, el gobierno de Rajoy todavía creía posible evitar la consulta.

La actuación de las fuerzas de seguridad del Estado fue pilotada por la Fiscalía, que se querelló contra Puigdemont, Oriol Junqueras y todo el gobierno de la Generalitat por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación al haber firmado el decreto de convocatoria del referéndum del 1-O.  El Fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, se reunió varias veces con el jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, para darle instrucciones sobre cómo evitar el referéndum.

El 23 de septiembre la Fiscalía dio instrucciones muy precisas a los Mossos: había que cerrar los colegios donde se iban a poner las urnas desde un día antes, el sábado 30 de septiembre; había que evitar que se colocaran urnas en todos los edificios, e incluso se estableció un radio de 100 metros alrededor de los centros de votación para que no se pudiera votar en la calle.

El presidente de la Generalitat rechazó la propuesta de Trapero de colocar las urnas fuera de los colegios, lo que hubiera evitado la intervención de la Policía y la Guardia Civil

En la tarde del 27 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se hizo cargo de la investigación, relevando a la Fiscalía y revocando sus instrucciones. La magistrada Mercedes Armas emitió esa misma tarde un auto, que no sólo iba dirigido a los Mossos, sino también a la Policía y a la Guardia Civil, en el que introdujo algunas interesantes modificaciones a la orden dada por Romero de Tejada. Limitaba la actuación policial a los edificios públicos y no establecía ninguna limitación para poner urnas en la calle.

Al día siguiente (28 de septiembre) Trapero, acompañado de la cúpula de los Mossos (Ferrán López, Joan Carles Molinero, Manel Castellví y Emili Quevedo), se reunió con Puigdemont, Oriol Junqueras (vicepresidente de la Generalitat), y Joaquím Forn (consejero de Seguridad), en el despacho del presidente de la Generalitat.

Según declaró Trapero ante la juez Carmen Lamela (23 de febrero de 2018), él le transmitió a Puigdemont el peligro que existía de que se produjeran graves incidentes en la jornada del 1-O si la Generalitat insistía en mantener su plan inicial para la celebración del referéndum. El Mayor Trapero también le manifestó su preocupación por la imagen que se estaba transmitiendo de que los Mossos eran partidarios de la independencia.

Trapero y sus hombres pensaron que había una posibilidad de evitar los disturbios que, a todas luces, se iban a producir. Como la actuación de las fuerzas de seguridad estaba limitada por un mandato judicial, si éste no se incumplía, la consulta se podría llevar a efecto sin riesgo de incidentes. El auto de Mercedes Armas abría la puerta, por ejemplo, a poner las urnas en calles y plazas o en edificios privados (como sedes de la ANC o partidos políticos). Allí ni los Mossos, ni la Policía, ni la Guardia Civil tenían orden para actuar.

Sin embargo, Puigdemont se negó en redondo a aceptar la alternativa propuesta por Trapero y mantuvo los planes previstos a pesar de las advertencias sobre el riesgo que se corría de que se produjeran enfrentamientos entre las personas que quisieran votar y las fuerzas de seguridad.

La diferencia entre lo que ocurrió el 9-N y lo que pasó el 1-O no sólo reside en el contenido de la pregunta, sino, sobre todo, en la intervención de Policía y Guardia Civil y en el uso que se hizo de las imágenes de la «represión».