El juez procesa a los tres terroristas que están en prisión por el doble atentado de Cataluña

El juez que investiga el doble atentado yihadista de Cataluña ha acordado el procesamiento de los tres integrantes de la célula terrorista que permanecen en prisión preventiva desde agosto de 2017. El titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, concluye que los investigados formaban parte de un grupo radicalizado cuyo objetivo era "llevar a cabo atentados contra los considerados 'sus enemigos', es decir, el mundo occidental".

En concreto, el magistrado enviará a juicio a Mohamed Houli Chemlal y Driss Oukabir por integración en organización terrorista, delito de fabricación, tenencia y depósito de explosivos y delito de estragos en grado de tentativa, mientras que Said Ben Iazza es procesado por colaboración con organización terrorista. El instructor fija para ellos una fianza de un millón de euros para garantizar las responsabilidades pecuniarias a las que puedan ser condenados en el futuro.

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Oukabir fue la persona que alquiló la furgoneta con la que Younes Abouyaaqoub atropelló a decenas de viandantes en La Rambla, Chemlal era el titular del pasaporte hallado en el interior del vehículo que atropelló a decenas de personas en el céntrico paseo barcelonés y único superviviente de la explosión de Alcanar e Iazza prestó su documentación para comprar los componentes necesarios para la fabricación del explosivo conocido como la ‘Madre de Satán’.

En un auto notificado este miércoles, Andreu describe a los tres procesados como integrantes de un grupo estructurado constituido dos años antes de la masacre y del que formaban parte los otros siete miembros de la célula que murieron en las localidades tarraconenses de Cambrils, Alcanar y Subirats. De origen marroquí, residían en la localidad gerundense de Ripoll y, bajo la dirección espiritual del imán Abdelbaki Es Satty, se conjuraron para "realizar uno o varios atentados de grandes dimensiones, mediante el uso de artefactos explosivos, a fin de coadyuvar a la estrategia terrorista de la organización terrorista Daesh". Es Satty ejercía el papel de adoctrinador.

El juez Andreu fija una fianza de un millón de euros para asegurar las responsabilidades económicas si son condenados en el futuro

La célula dio un paso decisivo tres meses antes de que se produjera la explosión del chalé que ocupaban en Alcanar, empezando a adquirir material y a fabricar explosivos para la ejecución futura de una acción terrorista. Según el instructor, ese grupo estaba ya cerrado y "nadie más tuvo acceso", alejándose incluso de los familiares ante la nueva etapa que habían iniciado. "La vida de cada uno de ellos pasó a desarrollarse exclusivamente junto a la de sus compañeros de grupo, compartiendo vivienda, comidas, viajes y, por ende, participando en la fabricación de  los explosivos o bien colaborando en la planificación de los atentados".

Derrumbar la Sagrada Familia

Un hito de gran relevancia en ese proceso de radicalización tuvo lugar un día indeterminado del Ramadán de 2016, cuando dos de los terroristas -detalla la resolución- trasladaron al resto de integrantes del grupo su intención de derrumbar con explosivos la Sagrada Familia. Todos los presentes "aceptarían dicha propuesta, impulsada por el extremismo religioso implantado por el imam Abdelbaki Es Satty".

A este respecto, Fernando Andreu no pasa por alto el vídeo grabado por Mohamed Houli Chemlal, hallado entre los escombros del chalé de Alcanar, en el que aparecían varios miembros de la célula fabricando los explosivos y anunciando un próximo atentado. Los investigadores también encontraron numerosas fotografías "en lugares susceptibles de ser objetivos de atentados (Port Aventura, Salou) Plaza Cataluña (Barcelona), la Torre Eiffel (París), Toulouse (Francia), la Torre Agbar (Barcelona), estadios de fútbol como el Santiago Bernabeu (Madrid) y el Camp Nou (Barcelona) o el Museo Thyssen (Madrid)".

La investigación amplía a la Alhambra de Granada y el Museo Thyssen de Madrid los posibles objetivos de la célula para atentar

Las pesquisas policiales también ha permitido determinar las búsquedas que los integrantes de la célula realizaron en internet de diversas localizaciones geográficas, en paralelo a las gestiones para conseguir los explosivos con los que atentar. En concreto, el juez detalla 125 consultas sobre la Audiencia Nacional, 106 sobre la 'tomatina' de Buñol (Valencia), 219 sobre el Embalse de Riudecanyes (Tarragona) y 104 búsquedas sobre la Alhambra de Granada.

La investigación da por acreditado que el grupo llegó a adquirir 480 litros de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), 500 litros de acetona, 25 litros de ácido sulfúrico/nítrico, 20 bombonas de gas llenas, pilas, cableado, bombillas, interruptores, pulsadores, tornillería, clavos y tubos de PVC cortado, entre otros elementos. "Tal cantidad de material para la confección de explosivos y de tal potencia destructiva, de llegar a ser utilizado para atentar en lugares o monumentos con gran afluencia de público, como sería el objetivo de la célula terrorista investigada, hubiera provocado unos daños de enormes dimensiones", concluye.

Penas de hasta 98 años de cárcel

En el auto, Andreu destaca que los teléfonos móviles utilizados por Oukabir, Chemlal e Iazza han sido determinantes para establecer la vinculación con los terroristas que murieron en la explosión de la vivienda de Alcanar o abatidos por los Mossos tras la comisión de los atentados. En el caso de Said Ben Iazza, el rastreo telefónico le sitúa en Alcanar por un tiempo suficiente como para no ser ajeno a la fabricación del material explosivo, siendo además la persona que facilitó la documentación para la adquisición de los precursores y quien prestó el vehículo para su transporte.

Mohamed Houli Chemlal y Driss Oukabir se enfrentarán cada uno a penas de entre 24 y 44 años de prisión por integración en organización terrorista, delito de fabricación, tenencia y depósito de explosivos y delito de estragos en grado de tentativa, mientras que la petición para Said Ben Iazza oscilará entre los 5 y 10 años de cárcel por colaboración con organización terrorista.