El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado abrir un expediente disciplinario al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, instructor del caso Lezo, por los pinchazos telefónicos realizados al propietario de OHL, Juan Miguel Villar Mir y su yerno, Javier López Madrid.

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo, Ricardo Conde, emitió recientemente un informe donde respondía a la queja presentada por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra el juez “por la injerencia en la intervención, grabación y escucha de comunicaciones” entre Villar Mir y López Madrid con su letrado en Lezo, adjuntándose copia del amparo concedido por el ICAM a su defensa. Conde abrió y cerró las diligencias informativas sobre el asunto en un mismo acuerdo, al que ha tenido acceso El Independiente, fechado el pasado 25 de septiembre.

El CGPJ responde a los letrados del empresario que “la procedencia, extensión y validez de tales intervenciones constituyen cuestiones a determinar en el seno del proceso sobre la base de decisiones adoptadas en el ámbito de la función jurisdiccional que corresponde al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional por razón de cargo y desempeño”.

“El desacuerdo con las decisiones adoptadas por un titular del Poder Judicial en el ejercicio de su función jurisdiccional ha de combatirse por la vía de los recursos”, afirma el CGPJ

El acuerdo del promotor, donde se archivan las diligencias de investigación incoadas, recoge que “la disconformidad y el desacuerdo con las decisiones adoptadas por un titular del Poder Judicial en el ejercicio de su función jurisdiccional, ha de combatirse por la vía de los recursos legalmente establecidos y no a través del cauce formal disciplinario, pues la mencionada función disciplinaria de este órgano de gobierno del Poder Judicial no puede afectar en modo alguno a la expresada cuestión jurisdiccional, esto es, aquella que se refiere a la interpretación y aplicación de las normas jurídicas”.

Con esta argumentación, el CGPJ archivó las diligencias informativas abiertas a raíz de la documentación aportada por el ICAM y rehusó a abrir un expediente disciplinario al juez García Castellón.

El médico de Villar Mir, imputado

Por su parte, la defensa de Villar Mir presentó a finales del mes de septiembre una querella contra el instructor de Lezo en el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación judicial, interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso de la administración de Justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.

Sin embargo, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha argumentado que las escuchas entre letrado y el dueño de OHL estaban justificadas puesto que la Ley establece que todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tienen “carácter confidencial” salvo cuando “se constate la existencia de indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo investigado o de su implicación junto con el investigado o encausado en la comisión de otra infracción penal”.

La UCO descubrió que Villar Mir -en una conversación con su letrado- quería fabricar un informe médico para evitar comparecer en la Audiencia

El juez del caso Lezo descubrió que, cuando se interceptaron las comunicaciones del empresario imputado (no de su abogado), la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encontró de forma casual con que Juan Miguel Villar Mir -en una conversación con su letrado- quería fabricar un informe médico para evitar comparecer en la Audiencia.

El instructor, al apreciar indicios de delitos en dicho comportamiento, decidió deducir testimonio y remitir dichas actuaciones a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla ante la posible comisión de un delito de falsedad documental. No en vano la titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la capital, Carmen Valcarce, mantiene en la actualidad imputado al facultativo que fabricó el citado informe médico tras haberle tomado declaración el pasado mes de septiembre en calidad de investigado. La instructora ha pedido recientemente a la Audiencia que le remita más documentación del caso.