Las capuchas ya no eran negras. Tampoco el blanco angelical parecía suficiente, y menos aún creíble, para limpiar un pasado tan oscuro. Pero ahí estaban, leyendo ante la cámara el último mensaje televisado de ETA, el que anunciaba el cese de su “actividad armada”. Después vendría más de una decena de comunicados, un renovado logo y el mensaje de audio final en voz del líder huido, ‘Josu Ternera’ para anunciar su disolución. Para que eso ocurriera aún restaban 79 largos meses y un rosario de pulsos políticos e institucionales siempre perdidos por la banda mientras la sociedad precipitaba sin demora el manto de olvido. Es esa la imagen que ha quedado del final de ETA, la de tres encapuchados ‘angelicales’ con txapela, guantes, sudadera y corazón negro, levantando el puño izquierdo para proclamar la lucha por la independencia y el socialismo.

Ha transcurrido lustro y medio desde aquel 20 de octubre de 2011 en el que la sociedad quiso respirar aliviada y lo hizo insegura, temerosa de que fuera una mentira más de ETA. Que tampoco está vez fuera la definitiva. Lo fue. 2.557 días más tarde, muchas cosas han cambiado, otras tantas aún no lo han hecho y no pocas no lo harán jamás. Las heridas dejadas como único legado de 60 años de terrorismo continúan abiertas y dividiendo a la sociedad vasca siete años después de ‘la paz de las capuchas blancas’.

Relato, víctimas y presos resumen la triada de heridas abiertas en Euskadi desde el anuncio de cese de actividad de ETA en 2011

El mensaje que hace siete años cambió para siempre la vida de cientos de amenazados en Euskadi y del resto del país escondía el rostro y la voz de los tres últimos dirigentes de ETA; David Pla, Iratxe Sorzabal e Izaskun Lesaka. Aún no lo sabían, quizá lo imaginarían, pero serían detenidos años después.

La mayor amenaza en tiempos de paz es a menudo el olvido. Lo saben las víctimas, lo temen los verdugos. Relato, víctimas y presos resumen la triada de heridas abiertas en Euskadi y que tanto tiempo después continúan sin cerrar.

Un pulso por el relato

Esta semana ha vuelto a resurgir la cuestión que más divide a la sociedad vasca; el consenso de un relato sobre lo ocurrido. Ha sido la presentación de la unidad didáctica ‘Herenegun!’ (Antes de ayer) para alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato presentado por el Gobierno vasco el que ha vuelto a evidenciar que el camino será largo. En él, ex miembros de ETA, como su fundador Julen Madariaga, participan en varios vídeos dirigidos a estudiantes. También se escucha el testimonio de seis víctimas de ETA, ninguna ni de la Guardia Civil ni la Policía, ni la Ertzaintza. Un contenido tildado de “sesgado” por populares y socialistas que ha llevado al PP a pedir su retirada y la dimisión del Secretario de Convivencia, Jonan Fernández. Incluso el socio de Gobierno del PNV, el PSE, ha reclamado su rectificación. A ellos se ha sumado una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo que piden la retirada inmediata de un material que consideran que no hace sino “blanquear” a ETA y justificar su existencia en el contexto de un “conflicto” como reacción a la represión del Franquismo.

En estos siete años el nacionalismo y el constitucionalismo han enfrentado batallas sobre lo sucedido en 60 años de violencia terrorista. La izquierda abertzale ha dado el paso de reconocer parte de su error, pero se resiste aún a expresar y reconocer un mínimo imprescindible; proclamar que matar estuvo mal y repudiar la violencia que durante décadas ejerció ETA con su respaldo. A ello añade reiterados intentos por contraponer a la violencia etarra, y casi al mismo nivel, la actuación de los GAL y el terrorismo de Estado, los abusos policiales o el “sufrimiento” que medidas como la dispersión de los presos de banda provoca aún en la sociedad vasca. Un mensaje en el que, con matices, a menudo coincide con el PNV.

El pulso entre el nacionalismo y el constitucionalismo por la construcción del relato ha llegado esta semana a las aulas vascas

En el otro lado del arco ideológico, tanto el PP como el PSE insisten en la necesidad de zanjar un relato claro y contundente que deslegitime a ETA y que lo haga de cara a futuras generaciones. En estas formaciones, la denuncia de lo sucedido por la acción del Estado o los posibles excesos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado jamás deberían contaminar el relato esencial. Un relato sobre el que aún hoy afloran episodios desconocidos como el hecho público recientemente por el ex presidente del PSE, Jesús Eguiguren quien aseguró que durante la tregua de 2006 el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero estuvo dispuesto a conocer indultos a presos de ETA.

Deuda pendiente con las víctimas

En el relato en construcción que ahora escribe Euskadi, los llamados miembros del Grupo Internacional de Contacto, liderados por el abogado Brian Currin, quieren tener su renglón. Esta semana han viajado al País Vasco para dar por concluida su labor como facilitadores del final de ETA. Tanto Currin como Alberto Spektorowski y Raymond Kendal participaron en la escenificación de la disolución de ETA en mayo pasado en Cambo (Francia) en un acto en el que ni se condenó a ETA ni se apeló a la reparación a las víctimas. Los tres se van con el mismo calor con el que llegaron, el de la izquierda abertzale, verdadera impulsora de su labor y reconociendo que aún queda mucho por hacer, tanto en materia de víctimas como de presos.

Monumento 'Arbolaren egia' (La verdad del árbol), que muestra un hacha invertida de cuyo mango aflora la copa de un árbol, que recuerda el desarme de ETA producido en Bayona (Francia).

Monumento ‘Arbolaren egia’ (La verdad del árbol), que muestra un hacha invertida de cuyo mango aflora la copa de un árbol, que recuerda el desarme de ETA producido en Bayona (Francia). Mikel Segovia

En estos 2.557 días las víctimas apenas han tenido alegrías. Al dolor de ver la disolución de la banda sin que se resolvieran más de 300 crímenes de ETA, han sumado la retahíla de imágenes de homenajes a presos de ETA. En algunos casos también han visto con resignación el acercamiento de los etarras a prisiones próximas a Euskadi o la irrupción del debate de reparación de víctimas de abusos policiales al margen del sistema judicial y que algunas víctimas consideran un “ultraje”.

En este tiempo, los crímenes de ETA que continúan sin esclarecer apenas han variado. La AVT cifra en algo más de 300, tras el último informe actualizado remitido a la Audiencia Nacional, los asesinatos de la banda que continúan sin esclarecer. Al menos sí han acogido con satisfacción avances significativos y simbólicos, como la creación de una fiscalía especial en la Audiencia Nacional que se dedicará a investigar exclusivamente casos sin autoría conocida. También han visto cómo Francia entregaba a nuestro país el material documental incautado a ETA durante décadas de luchas antiterrorista y sobre el que se han puesto esperanzas limitadas para esclarecer casos. Por ahora ya ha permitido la reapertura de un caso y la detención de un etarra que se encontraba en libertad.

Los casos sin resolver, los etarras huidos y el enaltecimiento de los etarras son las principales denuncias de las víctimas

Las asociaciones de víctimas criticaron al gobierno del PP que no les regalara lo que definieron como “la fotografía de la derrota de ETA”. Haberle dejado decidir dónde y cuándo escenificar su entrega de armas primero –Bayona, 8 de abril de 2017- y su disolución después –Cambo, 4 de mayo de 2018- es un reproche que aún hoy se repite. A él suman la denuncia de que en realidad ETA no ha terminado, ya que decenas de sus militantes continúan huidos de la Justicia. Recientemente el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, cuantificó en 75 el número de miembros de la banda que siguen huidos.

Presos, avance y bloqueo

Ha sido un goteo incesante. Desde la imagen de los tres encapuchados blancos anunciando el final de los atentados, extorsiones y amenazas, la salida de presos de ETA ha sido constante. Una de las puestas en libertad más llamativas fue la de un histórico dirigente de la banda, Santiago Arrospide Sarasola, ‘Santi Potros’, a los 70 años de edad y tras 31 años entre rejas para cumplir numerosas condenas que sumaban 3.100 años de cárcel. Actualmente apenas 269 etarras continúan en prisiones españolas y francesas cumpliendo condena. Una salida de prisión a la que a menudo le ha acompañado un recibimiento con honores en su pueblo.

La movilización en el colectivo de presos comenzó en 2011 con un intento de presión al Gobierno de España y de Francia. Cesar la actividad armada no suponía disolverse. ETA quiso forzar lo que llamó un “proceso de diálogo directo” con el Ejecutivo de Rajoy –y el de Francia- para “resolver las consecuencias del conflicto”. No lo logró. La inacción del Gobierno provocó que el propio colectivo se moviera de modo unilateral hacia una aceptación de la legislación penitenciaria, hasta entonces rechazada con la única “línea roja” de la delación. Así, el colectivo comenzó a aceptar medidas para reducir condena, a mejorar su comportamiento en prisión y a reclamar un cambio de grado y un acercamiento a prisiones del País Vasco.

Sin embargo, las exigencias por parte de la Administración se han ido elevando. Además de aceptar las leyes propias del régimen carcelario, los presos de ETA debían repudiar la violencia. El último requisito que desde el colectivo de víctimas se ha reclamado que se exija a los etarras es su colaboración con la Justicia.
El final de la dispersión de los presos no ha llegado hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha accedido a La Moncloa.

La resistencia a condenar la violencia, reconocer el daño y colaborar con la Justicia está ralentizando el acercamiento de presos

A mediados de septiembre Instituciones Penitenciarias activó el acercamiento de los dos primeros presos: Kepa Arronategi -72 años de condena-, fue trasladado desde la cárcel de Almería a la de Zuera (Zaragoza). Cumple condena por el intento de asesinato contra el Rey Juan Carlos el 13 de octubre de 1997 con motivo de la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao. Arronategi, de 51 años, padece una grave patología psicótica. Junto a él, Interior ha acercado a Logroño a Marta Igarriz. Cumplía 15 años y medio de condena en la cárcel de Castellón por alojar en su casa a miembros del comanda ‘Amaiur’ y esconder explosivos en un local de la familia. No serán los únicos. El Gobierno anuncia más acercamientos a Euskadi próximamente. De nuevo serán presos que reúnan unas condiciones precisas: sin delitos de sangre, de edad avanzada y/o enfermos.

El ‘retrato robot’ de los presos de ETA que siete años después de abandonar su actividad terrorista cumplen condena en las cárceles españolas es el de un varón de entre 40 y 59 años que acumula menos de 15 años en prisión, que sigue en primer grado y cuyo lugar de residencia es Vizcaya o Guipúzcoa. En el colectivo sólo figuran 29 mujeres. El etarra de mayor edad en prisión es Sebastián Etxaniz Alkorta, con 74 años. Tras ellos figura un grupo numeroso de etarras que oscila entre los 60 y 69 años, edad en la que se encuentra algo menos una treintena de reclusos. El grueso de los presos de la organización terrorista tiene menos de 50 años y entre los 28 años del etarra presos más joven y los 49 años, se encuentra la mayoría, 137 reclusos.