Podemos transige con la venta de armas y los autónomos tras presumir de 'cogobierno'

La exhibición de fuerza de Podemos como 'cogobernante' empieza a perder fuelle. Pablo Iglesias ha utilizado el acuerdo presupuestario firmado con Pedro Sánchez para presumir de su influencia sobre el Gobierno y erigirse en embajador del proyecto de ley más importante del año por toda España. Como negociador autorizado ha recorrido desde la cárcel de Lledoners hasta la Lehendakaritza vasca alardeando de su capacidad de 'cogobierno' con Pedro Sánchez. Pero esa escenificación empieza a toparse con una realidad que limita la influencia efectiva de Unidos Podemos sobre el Gobierno.

Dos de los caballos de batalla de Iglesias esta semana, la paralización de la venta de armas a Arabia y la bajada de las cotizaciones de los autónomos, se vieron frustrados ayer. El presidente del Gobierno defendió en el Congreso el mantenimiento de los contratos con la dictadura saudí y su ministra de Trabajo anunció la subida de cuotas a los autónomos, generando las primeras tensiones en la alianza de izquierdas. Las dos propuestas del Ejecutivo caminan en dirección opuesta al pacto solemnemente firmado con Podemos, que no puede hacer más que reclamar rectificaciones en ambos casos.

"No sé si el Gobierno se está podemizando", presumió Iglesias en una entrevista la semana pasada, cuando se esforzó por mostrar un perfil institucional que demuestre la utilidad del voto a su partido. "La gente está cansada de tonos chulescos, de ver quién es el más chulo, el más arrogante", se justificó. Paralelamente, defendió el carácter ambicioso de los próximos Presupuestos Generales del Estado, gracias a los logros obtenidos por la "presión" de Podemos. Pero esa supuesta influencia de Iglesias en Moncloa, que ignora las renuncias de Podemos en la negociación, contrasta con la postura de Sánchez frente a la venta de armas a Arabia Saudí después del cruento asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consultado árabe de Estambul.

En la sesión de este miércoles en el Congreso, el presidente rechazó la petición de Unidos Podemos de dejar de vender armas a Arabia y abogó por cumplir los contratos ya firmados con Riad. La reacción fue tibia por parte de Iglesias, que acusó a Sánchez de no estar "a la altura del espíritu de la moción de censura", y al que le pidió una rectificación sobre este punto, evitando el choque frontal con el líder del Ejecutivo.

"Hablemos con claridad, no usemos eufemismos. En el fondo está de acuerdo conmigo, usted sabe que no debemos vender armas a Arabia Saudí", le pidió Iglesias, antes de proponer al Gobierno la búsqueda de compradores alternativos para el armamento o la compra del Estado del material a través de los presupuestos -"si hay que pagar esa factura lo haremos entre todos"-. El dirigente de Podemos trató de mostrar comprensión porque "sé que seguramente está recibiendo enormes presiones", pero le exigió una marcha atrás en su decisión: "Le pido que rectifique y no haga como el PP".

España debe estar a la cabeza de Europa en la defensa de los derechos humanos. Una democracia moderna no puede seguir haciendo negocios con una dictadura como la de Arabia Saudí. Hay que impulsar una seguridad basada en el bienestar social, y no en el miedo y la xenofobia. pic.twitter.com/uxLDZTym5B

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) October 24, 2018

No hubo marcha atrás en este punto. En su segunda intervención, tras escuchar la negativa de Sánchez, Iglesias desvió el foco hacia otros asuntos pactados entre ambos. "Pactamos que España firmaría el tratado de prohibición de armas nucleares. Concrétemoslo ya porque esto es un acuerdo", exigió, tras su intento frustrado en el caso saudí. Además, sacó pecho de haber acordado con Sánchez el "reconocimiento del Estado Palestino" y la "prohibición de las devoluciones en caliente" de inmigrantes. Tres puntos sobre los que el Gobierno ni se ha pronunciado.

A la venta de armas a Arabia Saudí se suma otro plantón que recibieron a primera hora de la mañana. Después de una semana acusando a PP y Cs de "mentir" en este punto, Podemos asistía atónito al anuncio del Gobierno de una subida de entre 30 y 40 euros en las cuotas de cotización de los trabajadores autónomos. "Esto no es lo que acordamos", se esforzaron en repetir sus primeras espadas. Tanto Iglesias como su número tres, Pablo Echenique, reclamaron una rectificación que tampoco ha llegado. En ambos casos, Podemos clama ahora en el desierto y los desplantes del Gobierno de Sánchez contrastan con la escenficiación de Pablo Iglesias de las últimas semanas

A Podemos no le queda más que resignarse, ya que el acuerdo presupuestario sellado con Sánchez justifica su utilidad después de dos años de oposición estéril en el Congreso durante el Gobierno del PP en los que no consiguieron sacar adelante ni una proposición de ley.

El terreno hipotecario también se ha convertido en escenario de batalla. Durante la sesión de control al Gobierno, la diputada morada y portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, pedía a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que defendiera a los clientes frente a los bancos después de que el presidente de lo Contencioso del Tribunal Supremo paralizara la sentencia que obligaba a las entidades financieras a correr con los gastos hipotecarios. Podemos presentó este miércoles una querella contra el magistrado pidiendo suspender el pleno de hipotecas convocado el 5 de noviembre, pero el Gobierno tampoco se moverá en este punto.

Nuestro acuerdo con el Gobierno incluye bajar la cuota de autónomos a quienes menos ingresan y que no se le suba a ninguno. La propuesta de la ministra de Trabajo no es compatible con el acuerdo, y creo que el Gobierno rectificará. Seguiremos trabajando en favor de los autónomos. pic.twitter.com/IfKmJjuZNW

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) October 24, 2018

"Son el Gobierno y deben hacer mucho más", pedía la diputada catalana, que reclamaba a la ministra de Economía  incluir esto en un proyecto de ley de crédito inmobiliario y "dejar claro en este reglamento que de los gastos hipotecarios debe hacerse cargo el banco". "O están con los clientes o están con los bancos, no hay término medio", ha concluido Martín. Una petición que ha sido, de nuevo, desoída por el Ejecutivo.

"Es fácil contraponer el interés de ciudadanos y bancos pero es un asunto extremadamente sensible", ha defendido la ministra Calviño, que ha abogado por "la prudencia". "Dada la importancia de la cuestión, y dado que el Gobierno tenemos absoluto respeto por lo que haga el Supremo, analizaremos la decisión que tome y actuaremos en consecuencia".