Quim Torra, Roger Torrent y Pere Aragonés charlan con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
El Gobierno de Pedro Sánchez da otro paso hacia la aprobación de los Presupuestos. Tal y como han reclamado en el Congreso los grupos independentistas a cambio de votar a favor de las cuentas, la Abogacía del Estado estudia limitar su acusación en el juicio del procés a los delitos de malversación de fondos públicos y sedición, dejando al margen el de rebelión, que está penado con hasta 30 años de cárcel. Los diputados de PDeCAT y ERC reclamaban este "gesto" por parte del Gobierno como condición sine qua non para sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, después de que Pedro Sánchez firmara un acuerdo presupuestario en la Moncloa con el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.
Tras la visita de Iglesias a la cárcel de Lledoners para reunirse con el líder de ERC, Oriol Junqueras, el presidente del Gobierno y su vicepresidenta han afirmado públicamente que la declaración unilateral de independencia de Cataluña no se enmarca en el tipo del delito de rebelión por carecer del uso de la violencia. Esas afirmaciones preparan el terreno para que la Abogacía del Estado renuncie a la acusación por rebelión, tal y como instó también Iglesias a la salida de la cárcel. "La reunión ha ido muy bien. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y ahora le toca al Gobierno. El Gobierno se tiene que mover", aseguró el viernes a las puertas de Lledoners, antes de dirigirse hacia el País Vasco para reunirse con el lehendakari e intentar amarrar también el apoyo del PNV a los PGE.
Después de que Iglesias hiciera "su trabajo", el Ejecutivo socialista empieza a hacer el suyo. Fuentes del Gobierno explican que es lógico que la Abogacía del Estado no acuse de rebelión a los procesados en la causa del procés, ya que se personó en nombre de la Agencia Tributaria cuando se detectaron indicios de la malversación de fondos, castigada con doce años de cárcel. Desde el Gobierno socialista se entiende que la postura de la Abogacía del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, debe responder a esa motivación original. Las fuentes defienden que el hecho de que el propio Gobierno fije ese criterio para la acusación no supondría ninguna "injerencia" del Ejecutivo en el poder Judicial, que sí se produciría en el caso de presionar a la Fiscalía, otra reclamación de los independentistas que el Gobierno rechaza de plano.
El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, celebró ayer las palabras del presidente del Gobierno el miércoles en el Congreso sugiriendo que en Cataluña no se ha producido una rebelión. En respuesta al portavoz del PNV, Pedro Sánchez recordó que "en 1994 el señor Trillo, entonces diputado, hizo una propuesta de modificación en la que decía que el delito de rebelión que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares y o por civiles armados a la orden de militares".
En opinión del diputado catalán, esta afirmación del jefe del Ejecutivo constata que "es muy evidente que lo que ocurrió en Cataluña en septiembre y octubre del año pasado no tiene nada que ver con la rebelión tal y como está contemplada en el Código Penal". Campuzano considera que Sánchez da la razón así a lo que los independentistas vienen diciendo "desde hace tiempo" y es una nueva razón para que la Fiscalía se replantee su escrito de acusación. "Bienvenida sea esa reflexión", ha destacado.
"No hubo violencia armada, no hubo militares, no hubo tanques en las calles, no hubo pistolas, no hubo civiles armados", ha insistido, asegurando que algunas decisiones del Parlament y la Generalitat pueden ser objeto "de reproche desde el punto de vista penal", pero "lo que seguro que no hubo fue violencia y, por tanto, lo seguro que no hubo fue delito de rebelión.
También el portavoz de ERC, Joan Tardà, ha celebrado el cambio de criterio del Gobierno, aunque ha mantenido su petición de libertad para los encausados. "Solo entendemos que en una democracia se debe pedir perdón a personas que no han cometido ningún delito", ha insistido Tardà, recordando que la posición de ERC es inamovible en cuanto a los presupuestos y únicamente contemplan que estos presos "estén en la calle, se retiren las acusaciones y sean absueltos".
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha consolidado el mensaje del presidente del Gobierno sobre la rebelión y ha avanzado que la Abogacía del Estado tendrá listo su escrito con las calificaciones respecto a la causa del procés el 2 de noviembre. En una entrevista en Onda Cero, Calvo ha negado que se pueda decir que la Abogacía va a cambiar sus calificaciones respecto a la existencia o no de un delito de rebelión porque no ha habido ninguna hasta ahora y, por tanto, serán las primeras.
Calvo ha explicado que este delito está conectado con el uso de la fuerza en legislaciones como la alemana, y ha hecho referencia a la decisión del juzgado de Schleswig-Holstein de rechazar la extradición por rebelión en el caso del ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y aceptar sólo por malversación.
Sobre si el presidente apoya una revisión del delito de rebelión, como defendió Sánchez en mayo para adaptarlo a la situación de Cataluña, Calvo ha defendido que se "adecuen" las normas a "las situaciones" en las que "en este momento nos movemos". "Lo que podemos llamar golpe de estado, requiere unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectadas con las armas", ha añadido. Preguntada por si cabe lo mismo para el delito de rebelión, Calvo ha respondido que la rebelión es el "formato básicamente de ese tipo".