Política

Cospedal se reunió con sindicatos policiales el mismo día que con Villarejo para denunciar las filtraciones de la Gürtel

La entonces secretaria general del PP se quejó de las "filtraciones de conversaciones privadas" en la instrucción de la Gürtel y de la "utilización" de funcionarios públicos

María Dolores de Cospedal.

María Dolores de Cospedal.

Aquel 21 de julio de 2009 fue un día policialmente intenso para la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Porque si por la tarde recibió al ex comisario José Manuel Villarejo para hablar de la investigación de la Gürtel, por la mañana se reunió con representantes de los principales sindicatos policiales. El objeto era trasmitirles su preocupación por «la utilización política de la policía judicial» y, lo que es más llamativo, por las «filtraciones de conversaciones privadas» del caso de corrupción que afectaba a su partido, sin saber que esa misma jornada iba a ser objeto de una grabación que ha trascendido nueve años después.

La de la mañana no fue ni mucho menos una reunión secreta. No se exigió discreción ni entrada por la puerta del garaje. Hubo luz y taquígrafos y hasta nota de prensa del partido, aunque pasó bastante desapercibido pues las críticas del PP respecto a la instrucción del juez Baltasar Garzón y las sucesivas filtraciones venían siendo objeto frecuente de queja por parte de los populares.

Fuentes Gago, vinculado a Villarejo, participó en la reunión como representante sindical

Por el PP estaba también el que era por aquellos entonces portavoz de la Comisión de Interior en el Senado, Luis Peral. De los sindicatos policiales acudieron el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López García de la Torre; el secretario general y la vicesecretaria del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet y Mónica Gracia Sánchez, respectivamente, y el presidente del Sindicato Profesional de la Policía e inspector jefe, Ángel Fuentes Gago.

Curiosamente, unos años más tarde, fue Fuentes Gago el que exculpó de cualquier actuación irregular al propio Villarejo respecto a su enorme patrimonio privado -estimado en 16 millones de euros- y a la conversación grabada, y después difundida, que mantuvo el ex comisario con el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, hoy el principal imputado del caso Lezo. Investigaciones que acabó archivando, aunque eso no le evitó tener que comparecer en el Congreso.

Además, Gago formó parte de la llamada «policía patriótica», y en calidad de tal concertó la entrevista entre Jorge Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude. El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, relevó a Gago como agregado de Interior de la embajada de España en La Haya (Holanda).

«Actuaciones propias de un Estado policial»

Cospedal adelantó a los representantes policiales su intención de exigir a los ministros del Interior y de Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Francisco Caamaño, respectivamente que no se produjeran más filtraciones de conversaciones privadas. Y tras defender la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, agregó que el PP no permitiría «que los mandos políticos del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General o quien sea, utilicen abusivamente los poderes que les confiere el Estado de Derecho para perjudicar a las personas o a un partido», según la nota del PP. Y añadía que «este tipo de actuaciones son más propias de un estado policial que de un estado democrático.»

Cospedal denunció «la campaña sistemática y planificada de filtraciones»

El 20 de julio, la número dos de Génova anunció la presentación de una denuncia por «la campaña sistemática y planificada de filtraciones» de la instrucción del caso Gürtel. Recordó la responsabilidad de la policía judicial y del Ministerio Fiscal en la custodia del sumario. «Es terrible -dijo un día antes de su encuentro secreto con Villarejo- que precisamente las filtraciones se estén produciendo sobre actuaciones policiales. Es dramático y, desde luego, es propio de otros momentos históricos vividos en nuestro país y de otro tipo de Estados que no son el estado social y democrático de derecho que tenemos en España».

Al hilo de estas reflexión, el PP pidió la comparecencia de Rubalcaba y Caamaño «para que, con ocasión de las investigaciones judiciales del llamado caso Gürtel, den cuenta de las filtraciones de actuaciones de la Brigada de Policía Judicial, en particular de las intervenciones telefónicas, así como de las responsabilidades derivadas del quebrantamiento del deber de custodia y secreto que dichas filtraciones suponen», sin prever que ella misma iba a ser víctima de una grabación al día siguiente.

«Utilización» de funcionarios públicos

Por aquel entonces el PP lamentó en un comunicado «la utilización de funcionarios públicos para realizar tan graves actuaciones», lo que a su juicio, no hacía «sino agravar aún más las consecuencias, tanto para los que dan las órdenes, como para los que las ejecutan, arrojando injustamente dudas de manera indiscriminada sobre la conducta honrada de la mayoría de todos ellos». Por aquel entonces, Villarejo era comisario en activo y, según decía él mismo, agente adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional.

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