Vox llegó a la mesa negociadora con el PP con un acuerdo de máximos y, finalmente hubo de conformarse, salvo alguna excepción, con enunciados o bien muy generales o meras declaraciones de intenciones, incluso con adaptaciones de propuestas programáticas del PP además de asumir el rechazo a lo que constituían los temas más controvertidos que defendía.

En su acuerdo con los populares para apoyar la investidura de Juanma Moreno, a lo sumo puede presumir de haber conseguido el compromiso en torno a la creación de una consejería de Familia y una ley de apoyo a la tauromaquia, lo que no constituyen grandes trágalas para el PP puesto que la consejería de Familia existe, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Tanto lo que tiene que ver con la la lucha contra la inmigración ilegal y  la llamada “deportación” de 52.000 inmigrantes supuestamente en situación irregular -cifra que Vox no ha acreditado de dónde sale- así como con la derogación de la ley de memoria histórica, es bastante interpretable.

Vox “ha logrado que muchos temas que preocupan a los andaluces y a todos los españoles, y que estaban censurados por los partidos y los medios, hayan entrado por fin en el debate político”, afirmaban ayer en un comunicado”. La creación de una consejería de Familia es el primer asunto que la formación de Santiago Abascal presume de haber arrancado al PP. Bien. No parece que estuviera en los planes iniciales de PP y Ciudadanos una consejería con tal enunciado que, probablemente, irá acompañada de otras competencias en materia social.

“Cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración”

Lo que consideran “colaboración de la Junta para la deportación de 52.000 inmigrantes ilegales”, se resume en dos enunciados del acuerdo bastante generales. En el punto 27 se habla de “cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un ‘efecto llamada’ y combatir a as mafias que trafican con personas”. El 28 se compromete a “apoyar material, humana y documentalmente a las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre la mercado laboral”, pero nada que hable de expulsiones o “deportaciones”, cosa que, por otro ya se está viviendo en la frontera con Marruecos a través de las llamadas devoluciones en caliente.

Es cierto que los populares no se presentaron a las elecciones andaluzas con una propuesta de “derogación de la totalitaria Ley de Memoria Histórica”. Pero, de nuevo, el compromiso alcanzado rebaja, con mucho, una abolición que corresponde al ámbito competencial estatal. El gobierno andaluz se compromete a “promover una ley de concordia que sustituya a la ley de memoria histórica” y que no es más que una propuesta que el líder del PP, Pablo Casado, ya formuló en septiembre del año pasado. En principio, poco o nada que pueda crear incomodidad no sólo al PP sino, incluso a Ciudadanos, partido con el que gobernará Andalucía en coalición.

Vox defendía, al igual que PP y Ciudadanos, rebajas fiscales y realización de auditorías independientes, así como medidas para reducir las listas de espera sanitarias o mejorar la educación en Andalucía, tradicionalmente en los puestos más bajos de los rankings educativos, y eliminar la administración paralela. Por mucho que la dirigente de Vox Rocío Monasterio afirme que “los padres podrán evitar que sus hijos sean adoctrinados en la ideología de género”, lo cierto es que no se dice nada de eso en el acuerdo.

No hay cambios en materia educativa, salvo poder excluir a los hijos de actividades extraescolares o no regladas

El único “pin parental”, -término que tampoco se usa- es que los padres puedan excluir a sus hijos de la “formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones”, pero no en la formación reglada. Y mucho menos el pacto que permite la investidura de Moreno entra a valorar ese inquietante punto que puso Vox sobre la mesa para que los colegios “no difundan ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología”, en alusión a la transexualidad o intersexualidad.

Nada queda, tal y como adelantó El Independiente, de la derogación de la Ley de violencia de genero, de la de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y de la promoción de la igualdad de género. Ni siquiera hay compromiso alguno sobre el incremento de ayudas a hombres maltratados ni otras sobre violencia doméstica.

Por el camino ha quedado también la declaración institucional de la Junta a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público; la reducción en un 75 por ciento, hasta su eliminación, de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales o la supresión de las que reciben “asociaciones y ONGS ideológicas”. En este punto se ha firmado el compromiso de “eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas, que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social”, propuesta que ya estaba en el pacto con Cs.

El partido de Abascal tampoco ha conseguido cambiar la fiesta del día de Andalucía

En cuanto al control del fundamentalismo el PP se ha negado a aceptar la supresión de subvenciones a asociaciones islámicas, aunque la Junta colaborará “con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico”.

El partido de Abascal tampoco ha conseguido cambiar la fiesta del día de Andalucía  que proponía trasladar del 28 de febrero al 2 de enero, conmemoración del fin de la Reconquista, hecho histórico por el cual, según la versión del secretario general de Vox, Javier Ortega, los españoles recobramos “la libertad”. En definitiva, un acuerdo que no compromete en nada al gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos aunque en honor a la verdad “no sabes lo que ha costado”, según confesión de un miembro de la mesa negociadora.